El crimen organizado redefine el mapa de Ecuador: ya afecta al 47 % de los cantones

Hasta hace pocos años, numerosos cantones ecuatorianos eran percibidos como zonas tranquilas, ajenas al radar del crimen organizado. Sin embargo, esa percepción ha cambiado drásticamente. Lo que antes eran territorios rurales o de bajo perfil, hoy operan como nodos logísticos del narcotráfico: centros de distribución, corredores de transporte y eslabones entre rutas internacionales y economías locales.

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Los cantones más violentos del país no son necesariamente los más poblados. Puebloviejo (Los Ríos), Balao (Guayas) y Quinsaloma (Los Ríos) encabezan el ranking nacional por tasa de homicidios, con cifras que superan los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Durán, pese a los operativos militares desplegados, continúa siendo el cantón más peligroso entre las urbes de mayor tamaño. La violencia se ha extendido a 103 de los 221 cantones del país, lo que representa el 47 % del territorio nacional.

Ocho personas asesinadas en Santa Lucía

El 10 de agosto de 2025, ocho personas fueron asesinadas a tiros en los exteriores de la discoteca Nápoles, en Santa Lucía (Guayas). Entre las víctimas se encontraba Jorge Urquizo Ferruzola, hermano del alcalde y propietario del establecimiento. 

El ataque, perpetrado por sicarios armados con fusiles, dejó además dos heridos y más de 90 casquillos en la escena. Este hecho se suma a una serie de masacres no penitenciarias que han sacudido al país en lo que va del año, incluyendo las registradas en El Empalme, Playas y El Carmen.

Según una fuente cercana al manejo territorial de El Empalme, el grupo criminal Los Lobos ha logrado establecer presencia en varios sectores del cantón, intensificando la disputa con Los Choneros, quienes estarían perdiendo control en la zona. El Empalme cuenta con rutas estratégicas para el tráfico ilícito, incluyendo vías fluviales poco vigiladas.

“La represa de Daule-Peripa representa un tramo extenso de agua represada que puede ser utilizado como vía de transporte alterna para evadir controles. Esta ruta de agua dulce permite conectar con zonas cercanas a la costa, como la represa La Esperanza, ubicada en las proximidades de Calceta, y desde allí hacia San Antonio y la vía San Vicente-Canoa”, explicó la fuente.

Una semana después, el 17 de agosto, siete personas fueron asesinadas en un billar de la zona rosa de Santo Domingo. Entre las víctimas se encontraba alias Rasta, presunto cabecilla de una organización criminal.

Renato Rivera, experto en crimen organizado, recordó que tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en 2020, se conformó la organización Alianza Nueva Generación, lo que provocó una fragmentación de los grupos delictivos y un aumento significativo de la violencia. “Ahora ocurre algo similar con la extradición de alias Fito, que ha debilitado a Los Choneros”, analizó.

“La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas ha sido históricamente una de las más afectadas por la violencia. Aunque en 2024 se registró una disminución en los homicidios, los numerosos datos históricos muestran que la criminalidad ha mantenido niveles elevados en la zona”, precisó Rivera.

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Por su parte, el general Ramiro Mantilla, ex comandante general de la Policía Nacional, prevé que las bandas seguirán desplazándose hacia nuevos territorios para controlar actividades delictivas, especialmente la extorsión. “Van a seguir expandiéndose hacia zonas que no estén bajo el control de otras organizaciones como Los Lobos y Los Choneros”, pronosticó.

Jorge Villacreces, presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, coincide en que los grupos criminales están migrando debido a las intervenciones en sus zonas de operación. “Se trata de cantones costeros donde los grupos criminales han sometido a los pescadores locales. El miedo a represalias es tan fuerte que nadie se atreve a hablar públicamente”.

Más allá del narcotráfico, las bandas han desarrollado redes criminales que despliegan control a través de la extorsión. Comercios, transporte y agricultores son blanco de pagos coercitivos. También aparece el microtráfico: venta de drogas al menudeo en barrios, con recolección diaria. Otro problema es el tráfico de tierras: ocupaciones irregulares usadas como plataforma para administración criminal. 

Se suma la captación institucional: contratos públicos y empresas de seguridad infiltradas. Rivera advierte que no se trata de un crecimiento del crimen organizado en términos absolutos, sino de un reacomodo territorial y funcional tras la consolidación de varios mercados ilícitos.

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“Este proceso no solo involucra el tráfico de drogas, sino también el control de otras economías criminales como la extorsión, el contrabando y el tráfico de armas. Lo que estamos viendo es una redistribución del poder entre estructuras delictivas que ya estaban consolidadas. No es que haya más crimen, sino que se está reorganizando”, explicó sobre el contexto actual.

La tasa de homicidios escaló de 13,7 por 100.000 habitantes en 2021, a cifras que rondan los 45-47 en 2023. Durante 2024 se observó una disminución de casi el 20 %, pero en corredores viales de la costa y la cuenca portuaria.

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