Ecuador refuerza vigilancia con drones e IA: ¿solución o amenaza a la privacidad?
Drones, cámaras con reconocimiento facial e IA son implementadas en el país
La creciente percepción de inseguridad en Ecuador ha impulsado al Estado a buscar soluciones tecnológicas para fortalecer la vigilancia ciudadana. Herramientas como drones, cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial (IA) ya no son parte de escenarios futuristas: están siendo implementadas en zonas de alto riesgo como parte de una estrategia nacional que busca modernizar la seguridad pública.
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La reciente firma de un acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, por un monto de 25 millones de dólares, ha intensificado el debate sobre el uso de tecnologías avanzadas en la lucha contra el crimen organizado.
El convenio, suscrito por el presidente Daniel Noboa y la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, contempla el intercambio de información biométrica de delincuentes, terroristas y pandilleros, así como la capacitación de policías ecuatorianos en sistemas de vigilancia estadounidenses.
¿Qué busca el acuerdo de vigilancia de Ecuador y Estados Unidos?
Según las autoridades, este acuerdo busca fortalecer las capacidades institucionales del país frente a una ola de violencia que ha posicionado a Ecuador entre los países más afectados por el crimen en América Latina. El uso de drones en zonas de alto riesgo ha sido una de las apuestas más visibles del gobierno ecuatoriano.
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Para John Garaicoa, máster en Psicofisiología Forense y Poligrafista, estas herramientas pueden mejorar significativamente la respuesta ante situaciones delictivas. “Los drones equipados con análisis de inteligencia artificial permiten monitorear zonas críticas en tiempo real, lo que facilita una reacción más rápida. Las cámaras con reconocimiento facial pueden ayudar a identificar sospechosos y localizar personas desaparecidas, aumentando la eficacia de las investigaciones criminales”, señala.
Sin embargo, el despliegue de estas tecnologías no está exento de cuestionamientos. Diego Pereira, investigador de la Universidad Tecnológica Indoamérica, advierte sobre los riesgos que representan para la privacidad. “El uso de drones debe estar regulado para evitar vulneraciones al derecho a la intimidad, especialmente en zonas densamente pobladas”, sostiene en su estudio publicado en la revista Kairós.
It was a pleasure to meet with Ecuador President @DanielNoboaOk. We discussed security agreements, extradition agreements and border and migration information. I thanked him and his administration for their hard work to crack down on criminal gangs and terrorist organizations.… pic.twitter.com/0f8l3Lh79Z
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) July 31, 2025
La falta de un marco legal específico para el uso de estas tecnologías genera preocupación entre expertos y organizaciones civiles. “Se debe establecer una regulación adecuada que garantice el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, previniendo abusos como la discriminación y la vigilancia masiva. La confianza pública será crucial para el éxito de estas iniciativas”, agrega Garaicoa.
La inclusión de cámaras con reconocimiento facial en el sistema de seguridad ecuatoriano ha generado inquietud entre organizaciones como Usuarios Digitales. Francisco Espinoza, experto en ciberseguridad, advierte que “la tecnología de vigilancia puede amenazar la privacidad de todos, y ha sido históricamente usada para intimidar a ciertos grupos sociales”.
Diego Pereira
Aunque estas herramientas prometen mejorar la capacidad de respuesta ante el crimen, su implementación sin controles adecuados podría derivar en prácticas de vigilancia masiva y discriminación. La ausencia de auditorías independientes y de una legislación clara sobre el uso de biométricos refuerza estas preocupaciones.
El puente a la modernidad tecnológica en Ecuador
Para el ingeniero Alejandro Barras, consultor en protección de datos personales, la adopción de medidas de cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos y Ecuador es inevitable. Según el especialista, estas acciones son necesarias para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad, siempre dentro de los límites posibles.
Barras reconoce que existen preocupaciones legítimas en torno a los derechos constitucionales, las libertades individuales y la privacidad de los ciudadanos. No obstante, señala que, al igual que ocurrió con la discusión de normativas como la Ley de Inteligencia, es fundamental considerar que “quien nada debe, nada teme”.
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