Inteligencia en Ecuador: ¿cuánto poder tiene el Ejecutivo con la nueva ley?

En el contexto de una crisis de seguridad sin precedentes, el Estado ecuatoriano ha optado por una medida controversial: rediseñar su sistema nacional de inteligencia mediante una nueva ley que otorga al Ejecutivo amplias facultades para vigilar, interceptar y actuar sin control judicial.

La Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2025, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta clave para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, su contenido ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos por los riesgos que implica para la privacidad y el equilibrio democrático.

Eliminación de controles judiciales y acceso a datos privados

La normativa redefine el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, eliminando varios filtros judiciales que anteriormente limitaban el acceso a información privada. A partir de su entrada en vigor, los agentes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) pueden solicitar datos de telecomunicaciones -como geolocalización, historial de llamadas y conexiones en tiempo real- sin necesidad de una orden judicial.

Además, se autoriza el uso de identidades ficticias, la infiltración en entornos sociales y otras técnicas encubiertas, todo bajo estricta reserva y sin supervisión externa. Aunque la ley prohíbe expresamente la vigilancia por motivos de etnia, religión, orientación sexual o ideología política, los mecanismos para garantizar el cumplimiento de estas restricciones son limitados.

Expertos advierten sobre falta de estrategia a largo plazo

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, la reforma responde a una necesidad inmediata, pero no aborda el problema estructural. “La intervención es relevante en la medida en que surgen situaciones urgentes que requieren atención inmediata. Lamentablemente, la urgencia suele consumir gran parte de la energía, el tiempo y los esfuerzos en la gestión de la seguridad. Esto no es algo nuevo, ha sido una constante. El verdadero desafío es que, frente a estas urgencias, también se debe trabajar en una solución más estratégica y de largo plazo”, señaló.

Según la nueva ley, el director del CIES -nombrado directamente por el presidente- es el encargado de emitir los procedimientos internos y coordinar las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y ciberinteligencia. No obstante, estos procedimientos son clasificados y no están sujetos a auditoría pública ni parlamentaria.

Lea también: Leyes de Solidaridad e Inteligencia: ¿claves para atrapar a Fito o propaganda?

Riesgos de concentración de poder sin contrapesos

La abogada constitucionalista Doménica Luzardo advierte sobre los riesgos de esta concentración de poder: “Estamos ante un sistema que concentra poder sin contrapesos. La falta de control judicial previo y la opacidad en los procedimientos abren la puerta al abuso”. En esa misma línea, el politólogo Carlos Espinosa propone la creación de una comisión parlamentaria con acceso restringido pero real a los informes del CIES. “La inteligencia debe ser eficaz, sí, pero también legal y legítima”, afirma.

El coronel en servicio pasivo Marcelo Flores, con experiencia en inteligencia militar, explica que el concepto de inteligencia ha evolucionado: “Cada institución tiene su sistema de búsqueda de información más que de espionaje. ‘Inteligencia’ es un término que emplearon los militares, pero ahora todo el mundo busca inteligencia: emocional, artificial, de todo tipo”.

Inteligencia operativa: una guerra constante

Flores también describe la dinámica operativa del sistema: “La inteligencia trabaja en base a un ciclo constante. Está en guerra las 24 horas, los 365 días del año. Usted vive de lo que pase este minuto, este segundo. No se puede planificar para el próximo año”.

El excomandante de la Policía, Mario Segovia, reveló una de las tácticas empleadas por las bandas criminales: “Cuando se realizan operativos, los delincuentes suelen enviar grupos de avanzada que se encargan de ‘limpiar’ el camino. Estos grupos van armados y equipados con sistemas de comunicación (SIMs), asegurando que el trayecto esté libre de obstáculos o presencia policial”.

Lea también: La Ley de Inteligencia suma vicios y no aparecen demandas

Antecedentes de espionaje político en Ecuador

Ecuador arrastra un historial de uso político de los servicios de inteligencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) fue acusada de espiar a opositores, periodistas y activistas. Informes filtrados revelaron seguimientos, interceptaciones y campañas de desprestigio.

Aunque la Senain fue disuelta en 2018, los escándalos continuaron. El expresidente Lenín Moreno reconoció que el sistema ECU-911, diseñado para emergencias, fue utilizado como herramienta de acoso político. En 2024, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, se reveló que funcionarios de la institución usaron la herramienta Mobile Locator para rastrear ilegalmente a opositores, incluido el asesinado candidato Fernando Villavicencio. 

Pegasus y el espionaje en el gobierno de Noboa

Más recientemente, en abril de 2024, surgieron denuncias sobre el uso del software espía Pegasus para espiar a críticos del gobierno de Daniel Noboa. El entonces director del CIES, Michele Sensi Contugi, fue señalado por presuntamente autorizar seguimientos ilegales.

“No se puede hablar de espionaje político, mejor dicho. ¿A quién se le encargaría algo así? Nunca ha existido realmente. El único caso de espionaje político que tuvo consecuencias concretas fue en Estados Unidos, con la caída de Nixon. Y eso fue más bien una coincidencia. El espionaje político se hace de país a país. Ahora lo que encuentras son indicios que te llevan a las pruebas y a lo que estás averiguando”, acota.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!