Daniel Noboa quiere gobernar con la justicia en emergencia

La emergencia de la Función Judicial que está por arrancar no tiene fecha para terminar. No le ponen ningún límite de tiempo las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, introdujo ilegalmente (sin ponerlas en conocimiento del Pleno con la anticipación debida) en esa fanesca llamada Ley de Integridad Pública. Sólo dice ahí que la duración de la emergencia se fijará en su declaratoria y que podrá prorrogarse. O sea: que es indefinida.

Esta semana, el periodista de Ecuavisa Lenin Artieda le preguntó a Yolanda Yupangui, el miembro más sensato y confiable del Consejo de la Judicatura, cuánto debería durar la emergencia según su criterio. Así como están las cosas, dos años, respondió ella. Si Yupangui dice dos, lo más probable es que Mario Godoy, el futuro presidente reelecto de la Judicatura, diga al menos cuatro: los cuatro años de gobierno que tiene por delante Daniel Noboa.

No parece que el país, distraído entre la extradición de Fito y la castración química para los violadores, se haya detenido a considerar la dimensión de semejante rueda de molino. Estamos acostumbrados a estados de emergencia cuyos plazos se miden en días y rara vez superan los 60. Este no es el caso. Ahora el gobierno se está planteando, de verdad, culminar su período con un sistema judicial intervenido y a su servicio. La metida de mano a la justicia de Rafael Correa parece un juego de niños al lado de lo que se viene.

El plan detrás de la emergencia de la Función Judicial

¿Para qué servirá la emergencia? En primer lugar, para “establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales”. Así dice la nueva ley. Un “régimen especial y expedito” significa que el presidente del Consejo de la Judicatura podrá nombrar jueces sin concurso, quién sabe de dónde los piense sacar. Contratará abogados, seguramente. Por centenares, pues se ha propuesto cubrir un déficit de 753 jueces y esa cifra se ampliará muy pronto con los que pretende destituir. Pero la nueva ley dispone además que, en este régimen especial de ingreso a la carrera, “no se generará estabilidad a los servidores judiciales”. Significa que el presidente de la Judicatura podrá echarlos en cualquier momento, (cuando no le complazcan, por ejemplo), es decir que los tendrá completamente dominados. No es por nada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende el principio de la estabilidad de los jueces como un componente esencial de la independencia judicial. Aquí se pretende hacer exactamente lo contrario: organizar una función judicial con jueces que depongan su independencia por el temor al despido.

En segundo lugar, la emergencia permitirá “realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales”, siempre en el marco del “régimen especial y expedito”. Evaluación expedita significa destitución sumaria. Se sabe, porque los funcionarios del Consejo de la Judicatura ya están siendo instruidos al respecto, que bastará con un informe de la Dirección de Transparencia para ser despedido. En otras palabras, el tal “régimen especial y expedito” es, para todos los efectos, el equivalente del error inexcusable de la época de Gustavo Jalkh: la herramienta de presión con la cual el gobierno se garantizará la obediencia debida de los jueces.

El lío de las ternas para renovar el Consejo de la Judicatura

Para ejercer este poder inmenso de poner y sacar jueces y fiscales a discreción, el gobierno ha sabido mover hábilmente sus fichas en la Corte Nacional, encargada de remitir la terna de la que sale el presidente de la Judicatura; en la Asamblea Nacional, que tiene a su cargo elaborar una segunda terna, y en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), organismo que selecciona a los cinco vocales de las ternas. En la Función Judicial, todos los dedos apuntan a Fausto Jarrín, ex correísta y exabogado del expresidente prófugo devenido en operador político noboísta, como la persona que llevó adelante estas maniobras. Lo cierto es que Carondelet ejerce el control de esos tres organismos y que José Suing, Niels Olsen y Andrés Fantoni, presidentes de la Corte Nacional, la Asamblea y el CPCCS, respectivamente, hicieron obedientemente su parte para garantizar una mayoría de gobierno en la Judicatura.

Lo de las ternas remitidas al CPCCS esta semana es un escándalo y una completa desvergüenza. Ya no podrá el gobierno proclamar que su intención es mantener a la justicia separada de la política, pues acaba de demostrar exactamente lo contrario. Para empezar, un asambleísta del bloque oficialista, Carlos Falconí Lindao, alterno de Sade Fritschi, encabeza la terna del propio Ejecutivo. La segunda es Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo que se prestó al juego inconstitucional de destituir a la vicepresidenta de la República con una acción de personal. La terna se completa con Andrés Jaramillo Martínez (o se completaba, pues renunció aduciendo conflicto de intereses), hermano de Fernando Jaramillo, el asambleísta de ADN que impulsa el juicio político contra Solanda Goyes, actual vocal del Consejo de la Judicatura. Así de promiscua es la cosa.

La terna de la Asamblea incluye (o incluía, porque también renunció) otro asambleísta alterno: Walter López. Y la encabeza un postulante impresentable: Fabián Fabara, presidente de la Corte Corte Provincial de Pichincha. Lobista que ha transitado por cuanto partido le ha permitido sacar ventajas (socialcristiano en los años 90, servidor judicial de Jalkh y precandidato presidencial correísta en la década pasada, noboísta en la actualidad), sobre Fabara pesa una investigación por prevaricato y una declaración jurisdiccional de negligencia con recomendación de destitución.

Mario Godoy, la pieza clave en la emergencia judicial

Y frente a todos ellos, Mario Godoy. Este miércoles, el presidente de la Corte Nacional, José Suing, volvió a complacer al gobierno y lo puso por segundo año consecutivo en la terna de la que saldrá el presidente de la nueva Judicatura. Todo se está moviendo en función de que sea reelecto, a pesar de haber completado un año en funciones sin avanzar en ninguna de las tareas urgentes que tenía a su cargo: el concurso para conformar el banco de jueces elegibles; el concurso para cubrir 500 plazas vacantes en la Fiscalía; el nombramiento de 91 jueces constitucionales; la evaluación de jueces y fiscales; la evaluación de notarios; la resolución del eterno problema de las citaciones judiciales, que operan con un sistema caótico; la digitalización de los expedientes… Nada ha hecho Godoy que no sea levantar sospechas: por su relación con sus dos cuñados narcotraficantes (que trataba de ocultar); por presionar, según una denuncia, a la jueza que debía resolver la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad; por sus conflictos de intereses en el turbio asunto del caso Vocales, que se mantiene congelado desde 2022 sin que él mueva un dado y en el que su esposa, su socio y su asistente han actuado como abogados de la imputada Maribel Barreno, mientras que la Judicatura que él presidente pretende quitarle las medidas de protección a la testigo clave de la Fiscalía.

Ese es Godoy y todo apunta a que será reelecto. Precisamente porque no tiene escrúpulos y lo que el gobierno necesita para administrar la emergencia de la función judicial que está a las puertas es un funcionario inescrupuloso. El CPCCS ya está jugado en ese propósito. Ilegalmente destituyó, de manera sumaria y violando sus propios procedimientos, a Édison Toro, uno de los integrantes de la terna de la Corte Nacional, para abrir un espacio en el que José Suing, cumpliendo su parte, pudiera colar a Godoy.

Ante semejante fraude a la ley, el juez Marco Rodríguez, que encabezaba la terna, retiró su postulación. Habría un buen presidente de la Judicatura, salvo que nunca lo hubieran elegido. En la carta de renuncia que dirigió a Andrés Fantoni le hace notar que todo el procedimiento de inhabilitación de Toro, devolución de la terna e inclusión de Godoy es absolutamente irregular. Este viernes se reunió el pleno del CPCCS para conocer la renuncia y Fantoni, impertérrito caradura, se negó a leer el texto completo de la carta. Instruyó a la secretaria para que nomás diera a conocer “la parte pertinente”, es decir, el párrafo final, donde dice: “presento mi renuncia”.

Procedimientos ilegales, instituciones tomadas, operadores obedientes, funcionarios dispuestos a cruzar cualquier línea roja de inconstitucionalidad con tal de complacer al presidente de la República. Así se construye la mayoría con la que el gobierno se dispone a administrar una función judicial en emergencia. Discrecional y expeditivamente. Por los próximos cuatro años. Sin resistencia alguna.

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