Vocera presidencial evita pronunciarse sobre el presunto espionaje a Leonidas Iza
Para el gobierno no hay nada que explicar sobre las presuntas prácticas de vigilancia contra líderes sociales
En medio de crecientes cuestionamientos sobre presuntas prácticas de espionaje contra líderes sociales, la vocera presidencial Carolina Jaramillo evitó pronunciarse directamente sobre las denuncias que involucran al dirigente indígena Leonidas Iza.
Durante su espacio de vocería semanal, Jaramillo desestimó los señalamientos basados en chats filtrados de teléfonos móviles pertenecientes a policías que fueron secuestrados. Su argumento es que dicha información no ha sido sometida a peritaje ni cuenta con respaldo judicial.
“No ha existido un procesamiento formal o judicial que pueda revestir esa información de veracidad. En ese sentido, no me voy a referir sobre un rumor”, declaró Jaramillo ante los medios.
La vocera insistió en que el gobierno está enfocado en fortalecer los protocolos de actuación de las fuerzas del orden, y destacó como medida clave la reciente promulgación de la Ley de Inteligencia. Según Jaramillo, esta normativa permite realizar operaciones encubiertas dentro de un marco legal que, aseguró, garantiza el respeto a los derechos humanos.
Informe sobre torturas y derechos humanos
Durante el encuentro con la prensa, la periodista Yalilé Lozada, del medio internacional Infobae, cuestionó a Jaramillo sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que recoge denuncias de tortura en centros penitenciarios ecuatorianos, incluyendo el uso de electrochoques durante el conflicto armado interno.
Ante esta inquietud, Jaramillo reiteró el compromiso del Ejecutivo con los derechos humanos, aunque evitó referirse a casos específicos.
“Lo ideal sería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan un listado de cuáles son las acciones que se toman en caso de que alguna de estas observaciones se compruebe que sean ciertas. No me puedo referir a algo que las Fuerzas Armadas o la Policía no tengan probadamente que haya sucedido dentro de sus filas”, concluyó.
Las declaraciones de Jaramillo se dan en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre el manejo de la seguridad y los derechos humanos en Ecuador, especialmente en medio de tensiones sociales y denuncias de abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. El caso más grave, hasta hora conocido, en la detención ilegal, desaparición y muerte de los adolescentes en el caso conocido como Malvinas.
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