Operación Cuy: esto pasa al espiar sin una orden judicial

Al menos dos cosas que están mal en el Ecuador de estos días quedaron en evidencia luego del episodio en la comuna indígena San Ignacio en la provincia de Cotopaxi, donde tres personas que fueron detenidas por la comunidad admitieron ser miembros de la Policía y que realizaban tareas de espionaje al dirigente indígena Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

La primera es quizá la más evidente: en el Ecuador el Estado espía sin orden judicial y eso es, sin duda ni atenuante alguna, algo grave y serio. La violación de la privacidad de una persona y el hecho de que el Estado tenga acceso a la información privada de los ciudadanos sin que haya un proceso judicial de por medio que lo justifique, socava la confianza que las personas deben tener en el sistema legal, en el Estado y en general en el tejido social. Espiar es uno de los elementos constitutivos y esenciales de cualquier sistema autoritario y de los gobiernos que no respetan ni el Estado de Derecho ni las libertades de las personas.

Al vulnerarse la privacidad y la intimidad, además, se afecta la libertad de expresión, porque la gente queda rehén de los poderes que tienen la capacidad de revelar información que podría afectarla. Y esto porque el espionaje le permite al poder crear expedientes secretos para manipular, chantajear o desacreditar a adversarios políticos o críticos de un gobierno. Así, el espionaje sin control puede usarse para vigilar, intimidar o neutralizar a opositores, periodistas, jueces o líderes sociales, como es el caso de Leonidas Iza.

Ninguno de los principios democráticos que protegen la privacidad de las personas

La democracia es una de las afectadas: la gente deja de confiar en las instituciones y se normaliza la vigilancia masiva y el miedo, lo que reduce la libertad de asociación y la participación política. En pocas palabras, el espionaje sin orden judicial rompe el equilibrio entre seguridad y libertad, convirtiéndose en una herramienta de control político y social que se acerca más a un régimen autoritario que a un Estado de Derecho. El hecho de que se haya estado espiando o tratando de espiar a Leonidas Iza es particularmente especial. Se trata de un dirigente social al que una porción de la población le tiene afecto y fidelidad. Lo que se vio en San Ignacio muestra cómo una comunidad puede resentirse y sentirse lastimada por el Estado y, en este caso particular, con la Policía. Es cierto que Iza seguramente no cree, porque así lo ha demostrado en su activismo político, en ninguno de los principios democráticos que protegen la privacidad de las personas del autoritarismo estatal, pero eso no le quita gravedad al asunto. Si bajo el pretexto de que es un dirigente político y social que no respeta las libertades ni los derechos (así lo ha demostrado durante los paros que dirigió como presidente de la Conaie) se espía a Leonidas Iza, entonces cualquier persona podría ser espiada con ese argumento.

Si la privacidad y los derechos individuales le valen a Iza un pepino partido por la mitad, no quiere decir que está bien atropellar los suyos. Ese es un principio democrático de la república liberal que, se supone, es el modelo al que se adhieren los países modernos y civilizados y que Iza condena. Que el Estado espíe a cualquier ciudadano es grave y que lo haga a Iza es particularmente delicado. Y esto es, precisamente, lo que permitiría uno de los artículos de las leyes del Ejecutivo que la Corte Constitucional suspendió y que ocasionó la reacción totalitaria del gobierno de Daniel Noboa con su asedio a ese tribunal de control constitucional. Lo que hicieron los tres policías detenidos por andar de espías con Leonidas Iza en San Ignacio de Cotopaxi es una clara demostración de cómo una norma que viola los derechos humanos (el espionaje sin orden judicial) puede ser tremendamente perjudicial para una sociedad que, se supone, quiere vivir en democracia.

Los agentes confirmaron que la operación se denominaba Cuy y afirmaron que existía la sospecha de un atentado contra Iza, lo que, según ellos, justificaba sus actividades ilegales. Durante la asamblea comunitaria en la que se determinaron las sanciones, los comuneros negaron que se tratara de un secuestro y aseguraron que los uniformados no sufrieron maltratos. Además fijaron resoluciones, como exigir disculpas públicas, denunciar la persecución a líderes indígenas y prohibir la entrada de los agentes por 10 años a sus territorios.

El otro hecho negativo que puso en evidencia lo ocurrido en San Ignacio son los peligros que la llamada justicia indígena, cuando no es respaldada por el sistema judicial ordinario, tiene con el Estado de Derecho y los derechos de las personas. Si bien es cierto que los tres policías afirmaron haber sido bien tratados y bien alimentados por los comuneros indígenas, no es menos cierto que su detención y posterior retención fueron actos arbitrarios y autoritarios. Nadie que no haya sido sentenciado por un juez ordinario y que tiene jurisdicción sobre cualquier persona, puede ni debe ser detenido y peor aún retenido sin su voluntad.

En el caso de San Ignacio, los policías fueron detenidos y luego juzgados por un tribunal indígena que, por lo que se sabe, respetó su dignidad y su derecho a la defensa. Sin embargo, casos como ese abren la puerta para procesos que pueden ser mucho más violentos y peligrosos. El Ecuador ya ha visto quemas de personas y linchamientos inhumanos bajo la etiqueta de justicia indígena, cuando aquello no es más que actos inhumanos y criminales. Los defensores de las leyes del gobierno que violan todos estos principios y que fueron suspendidas por la Corte Constitucional deberían buscar en este caso una explicación a lo que hizo ese tribunal y no buscar el linchamiento de sus jueces.

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