Caso Las Malvinas: Fiscalía pide 34 años de prisión para los 17 militares

La Fiscalía General del Estado pidió una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión para 17 militares de la FAE procesados por el presunto delito de desaparición forzada en el denominado caso Las Malvinas, que investiga la detención ilegal y posterior asesinato de cuatro menores de edad en diciembre de 2024.

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Según la acusación fiscal, los uniformados habrían participado en la aprehensión de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Horas después de ser detenidos, los adolescentes desaparecieron. Sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en la parroquia Taura, cantón Naranjal.

Durante la audiencia de juicio, el fiscal Christian Fárez sostuvo que existió un “designio de causar daño” y presentó pruebas que incluyen testimonios, peritajes forenses y videos que evidenciarían agresiones físicas contra las víctimas mientras estaban bajo custodia militar. 

Los menores fueron sometidos a golpes y actos de tortura

Entre los hechos relatados se mencionan golpes con objetos contundentes y actos de tortura cometidos durante el traslado hacia la zona rural donde finalmente fueron asesinados.  La Fiscalía tipificó el delito conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la desaparición forzada con penas de 22 a 26 años. 

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Sin embargo, el Ministerio Público solicitó la pena agravada, argumentando la concurrencia de circunstancias como la condición de las víctimas (menores de edad) y la participación de agentes estatales, lo que eleva la condena a más de tres décadas de prisión.

El caso ha generado conmoción nacional y ha estado marcado por demoras procesales, recursos de recusación y revelaciones sobre presuntos intentos de encubrimiento dentro de las Fuerzas Armadas. Organismos de derechos humanos han exigido que se garantice la transparencia del proceso y se sancione a los responsables.

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Para los familiares, el tiempo no ha cerrado ninguna herida. Exigen que el Estado asuma su responsabilidad, sancione a los culpables y garantice una reparación integral. “No hubo equivocación operativa, hubo violencia deliberada”, ha reiterado en audiencia Fernando Bastidas, abogado de las familias.

Luis Arroyo, padre de dos de los adolescentes, sostiene que el daño continúa: “Han causado un enorme perjuicio. Eso es lo único en lo que este Estado se ha concentrado: en hacer mucho daño a estas familias afro y, con ello, enviar un mensaje que afecta a toda la sociedad”.

Los padres insisten en que no confían en las instituciones nacionales. “No confiamos en las leyes ecuatorianas. Queremos que este caso llegue a la Corte Interamericana”, añade Arroyo. Los familiares aseguran que aún faltan responsables por identificar y que existe un intento por ocultar información. Cuestionan que, hasta ahora, no exista una disculpa pública ni la identificación oficial de todos los involucrados.

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