Un año del caso Las Malvinas: el proceso podría llegar a cortes internacionales

Ha pasado un año desde la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro adolescentes (Ismael, Josue, Nehemías y Steven) del sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron detenidos por una patrulla militar y nunca regresaron a casa. 

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Doce meses después, el país continúa enfrentando las heridas de uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos registrados en la última década. Lo que inició como un operativo rutinario terminó convirtiéndose en un caso emblemático: los jóvenes, de entre 11 y 15 años, aparecieron días después en una zona rural de Taura, en Naranjal, calcinados y con impactos de bala. 

La confirmación oficial dio forma a lo que las familias denunciaron desde el primer momento: los menores fueron víctimas de desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial. Mientras los familiares encienden velas en memoria de los cuatro adolescentes, la justicia ecuatoriana continúa el juzgamiento de 17 militares (entre ellos oficiales y personal de tropa) acusados de participar en la detención ilegal, el traslado clandestino y la muerte de los menores. 

Los detalles clave de la audiencia: restos de menores tenían metales y daño histopatológico

La audiencia de juzgamiento, reinstalada en las últimas semanas, ha revelado detalles clave sobre la operación militar de aquella noche. La Fiscalía respalda su acusación con 228 pruebas, entre ellas peritajes, reconstrucciones de los hechos, registros georreferenciados, testimonios y evidencia forense. 

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Según el Ministerio Público, estos elementos demostrarían que los adolescentes fueron retenidos sin justificación, sometidos a agresiones y ejecutados al margen de cualquier marco legal. Algunos testimonios han conmocionado a la opinión pública. Un militar investigado reconoció encubrimiento y declaró que los adolescentes fueron sometidos a trato violento previo a su muerte. 

Otros uniformados insistieron en que se trató de un operativo legítimo, aunque esa versión se debilita frente a los hallazgos presentados por la Fiscalía. Para Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), la actuación del Estado tras los hechos es un punto crítico.

Explica que la falta de colaboración inicial y la ausencia de transparencia por parte del Gobierno Nacional agravaron la situación. “Esa falta de apertura y de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, así como con las demandas de verdad, justicia y reparación, es lo que lleva a considerar este caso como un crimen de Estado”, señala. Navarrete añade que el problema trasciende la mala conducta de los 17 militares procesados: “Durante meses, ninguno aportó información. Se acogieron a un silencio que, según se señala, fue respaldado por ofrecimientos de impunidad desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas”.

Para los familiares, el tiempo no ha cerrado ninguna herida. Exigen que el Estado asuma su responsabilidad, sancione a los culpables y garantice una reparación integral. “No hubo equivocación operativa, hubo violencia deliberada”, ha reiterado en audiencia Fernando Bastidas, abogado de las familias.

Luis Arroyo, padre de dos de los adolescentes, sostiene que el daño continúa: “Han causado un enorme perjuicio. Eso es lo único en lo que este Estado se ha concentrado: en hacer mucho daño a estas familias afro y, con ello, enviar un mensaje que afecta a toda la sociedad”.

Los padres insisten en que no confían en las instituciones nacionales. “No confiamos en las leyes ecuatorianas. Queremos que este caso llegue a la Corte Interamericana”, añade Arroyo. Los familiares aseguran que aún faltan responsables por identificar y que existe un intento por ocultar información. Cuestionan que, hasta ahora, no exista una disculpa pública ni la identificación oficial de todos los involucrados.

“Nunca han ofrecido una disculpa pública. Lo único que hicieron fue destruirnos, decir que no eran agentes estatales, que eran delincuentes, que eran terroristas, y así justificaron todo. Que den la cara y dejen de encubrir lo que hicieron sus propios agentes. Ellos no actúan solos: reciben varias órdenes. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué no hablan?”, reclaman.

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