Militares ya no controlarán a ocho de las 19 cárceles que controlaban en Ecuador

El Gobierno inició el retiro de las Fuerzas Armadas de ocho de las 19 cárceles que estaban bajo su control desde enero de 2024, como parte de una estrategia de seguridad implementada durante el estado de excepción y el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa.

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Desde el 10 de agosto, la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios: 

• Archidona (Napo)
• Latacunga (Cotopaxi)
• Jipijapa (Manabí)
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Quevedo (Los Ríos)
• El Turi (Azuay)
• Machala (El Oro)
• Loja 

Estos centros penitenciarios han sido transferida a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), ahora bajo el Ministerio del Interior.

¿Por qué dejan los militares 19 cárceles de Ecuador?

La decisión responde a la necesidad de reforzar los controles fronterizos con personal militar, según informó el Ministerio de Defensa. Durante los 19 meses de intervención militar en las cárceles, se logró contener los motines y masacres que entre 2021 y 2023 dejaron más de 400 víctimas. 

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No obstante, el periodo también estuvo marcado por denuncias de violaciones a derechos humanos, muertes por inanición y casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, incluyendo la infiltración de grupos criminales y la complicidad en la fuga de reclusos peligrosos.

Uno de los casos más graves fue la fuga de Federico Gómez Quinde, alias Fede, líder del grupo criminal Las Águilas, quien escapó de la Penitenciaría del Litoral disfrazado de militar. Por este hecho, 19 uniformados fueron procesados judicialmente.

A pesar del retiro parcial, los militares permanecerán temporalmente en 11 de los 36 centros penitenciarios del país, incluyendo los considerados de mayor riesgo como la Penitenciaría del Litoral, la Cárcel Regional de Guayaquil y la prisión de Esmeraldas.

El Gobierno ha señalado que esta transición forma parte de una reestructuración más amplia del sistema penitenciario, que contempla la incorporación de policías y militares retirados para reforzar la seguridad en los centros de reclusión.

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