¿Qué hay detrás de la deportación de presos que sacude a Colombia y Ecuador?

La reciente deportación masiva de ciudadanos colombianos privados de libertad desde Ecuador ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. En menos de una semana, más de 800 personas han sido expulsadas como parte de una política de descongestión carcelaria impulsada por el presidente Daniel Noboa.

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El Gobierno ecuatoriano sostiene que el proceso se ha ejecutado conforme al marco legal vigente, con resoluciones judiciales individuales, boletas de excarcelación y notificación oficial al Consulado de Colombia desde el 8 de julio. Sin embargo, la Cancillería colombiana calificó la medida como “unilateral” y “un gesto inamistoso”, al considerar que no se estableció un protocolo conjunto que garantizara una recepción digna y segura de los deportados.

El presidente Noboa defendió públicamente la decisión, afirmando que “no podemos mantener a mil presos colombianos en cárceles ecuatorianas” y que “se han seguido los procedimientos legales”. La controversia ha puesto en evidencia posibles brechas institucionales en la coordinación consular.

Los protocolos que expertos cuestionan 

Para Esteban Santos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, “los protocolos deben existir en su totalidad para que estas deportaciones sean vistas con buenos ojos”.

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Explicó que, en muchos casos, si la persona no tiene una sentencia condenatoria vigente ni es requerida por la justicia colombiana, el Estado receptor no puede negarse a recibirla, y el individuo podría quedar en libertad, como ya ha ocurrido.

Desde Colombia, la internacionalista María Teresa Aya señaló que la canciller Rosa Yolanda estuvo presente en la frontera, en Ipiales, para recibir a los deportados. “Algún aviso tenían de que iban a llegar. Ahora, si sabían quiénes eran y por qué estaban acusados, eso lo tendrán que resolver en los próximos días”, indicó. Añadió que Colombia, como Estado receptor, tiene la obligación de aceptar a sus ciudadanos, independientemente de su situación legal.

En medio de la polémica, surgieron cuestionamientos sobre la legitimidad de las declaraciones de la canciller colombiana. El excanciller ecuatoriano Patricio Zuquilanda restó importancia a sus declaraciones, señalando que “no es una canciller poderosa desde el punto de vista político; por lo tanto, no puede determinar ni el presente ni el futuro de las relaciones entre estas dos naciones hermanas”.

Aseguró además que “ella ha manifestado un pensamiento individual que no representa al pueblo colombiano ni al gobierno de Gustavo Petro” y anticipó que “será sustituida muy pronto”. Por ello considera que “esta situación se superará con rapidez”.

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Zuquilanda también minimizó el impacto diplomático del hecho. “Colombia y Ecuador mantienen vínculos sólidos y estables. Por lo tanto, un acontecimiento de esta naturaleza tendría, en todo caso, una incidencia muy superficial en ese vínculo”, argumentó.

La seguridad regional ha sido un eje clave en la relación bilateral, especialmente ante el avance del crimen organizado transnacional. La deportación de reos extranjeros forma parte de la estrategia de “tolerancia cero” del Gobierno ecuatoriano frente a las bandas criminales.

Santos, por su parte, valoró positivamente los esfuerzos diplomáticos recientes. “Celebro que ya se haya concretado una visita de alto nivel (...) Ante el evidente hacinamiento en nuestras cárceles, se requiere la adopción de medidas como esta”. 

La lucha no es una tarea individual

El ministro del Interior, John Reimberg, manifestó: “No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras, ni que se instale en nuestras calles”. En ese contexto, la deportación masiva de ciudadanos extranjeros, en particular de presos colombianos, ha sido presentada por el Gobierno como una medida de seguridad nacional.

Sin embargo, esta medida ha generado fricciones diplomáticas. El excanciller Zuquilanda respaldó la decisión del Ejecutivo y subrayó que la lucha contra el crimen transnacional no puede ser abordada de forma aislada.

“La lucha contra las drogas, el delito internacional y el terrorismo no es una tarea individual de cada Estado. Es, primero, un asunto bilateral, luego multilateral, hemisférico y finalmente global”, sostuvo. Mientras tanto, el Gobierno colombiano ha activado mecanismos de recepción y verificación en la frontera.

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