Ecuador ahorra más de 4 millones al deportar presos colombianos: lo confirma Reimberg

La deportación en curso de mil ciudadanos colombianos privados de libertad representa un ahorro superior a los cuatro millones de dólares anuales para el Estado ecuatoriano, según informó este 31 de julio el ministro del Interior, John Reimberg. La medida forma parte de una estrategia gubernamental para reducir la sobrepoblación carcelaria y los costos asociados al sistema penitenciario.

(Te puede interesar: Deportaciones masivas en cárceles del Ecuador: 146 casos en CPL Cotopaxi)

En declaraciones a Teleamazonas, Reimberg detalló que hasta el momento han sido deportados más de 800 de los mil reclusos previstos, tras la entrega de otros 200 en la frontera el 30 de julio. “Estamos cerca de llegar al número que habíamos mencionado de mil colombianos”, afirmó el ministro, quien subrayó que el ahorro estimado supera los cuatro millones de dólares anuales.

Los ciudadanos deportados tienen prohibido el reingreso a Ecuador durante los próximos 40 años. Según Reimberg, el Gobierno colombiano ha colaborado con el traslado interno de los deportados, facilitando transporte hacia las ciudades de origen. Por su parte, Ecuador ha desplegado personal militar y policial en la frontera para reforzar los controles migratorios y evitar reingresos irregulares.

El ministro también adelantó que se evalúa aplicar esta política a personas privadas de libertad de otras nacionalidades, aunque evitó dar detalles. Actualmente, se estima que hay alrededor de 2.200 extranjeros en las cárceles ecuatorianas, aunque no todos son susceptibles de deportación, especialmente aquellos con sentencias por delitos graves.

Reacciones diplomáticas y tensiones bilaterales

La medida ha generado tensiones con el Gobierno colombiano. El pasado 28 de julio, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld se reunió en Quito con representantes de la Embajada y el Consulado de Colombia, en el marco del proceso de deportación iniciado el viernes anterior. Bogotá calificó la acción como “unilateral” e “inamistosa”.

(Sigue leyendo: El ministro Reimberg señala a los municipios: cómplices por omisión)

En un comunicado, la Cancillería colombiana expresó su “enérgica protesta” por el inicio del proceso sin un protocolo bilateral acordado, lo que —según argumentó— impidió la plena identificación de los ciudadanos deportados y la verificación de su situación jurídica, en contravención de principios del Derecho Internacional que prohíben las deportaciones masivas.

Ecuador, por su parte, rechazó las acusaciones y negó estar realizando deportaciones colectivas. Aseguró que cada caso cuenta con una resolución individual debidamente motivada y una boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial competente. Además, afirmó haber notificado oficialmente al Consulado colombiano en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos en curso.

A diferencia de otras deportaciones en las que los reclusos deben continuar cumpliendo su condena en su país de origen, los presos colombianos expulsados por Ecuador recuperan su libertad al ingresar a Colombia, siempre que no tengan procesos judiciales pendientes, según informó la Policía colombiana en la frontera.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!