
Deportaciones masivas en cárceles del Ecuador: 146 casos en CPL Cotopaxi
146 personas privadas de libertad fueron deportadas desde el CPL Cotopaxi en menos de 24 horas
Un total de 146 personas privadas de libertad (PPL), de nacionalidad extranjera, fueron deportadas desde el Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi, como parte de un proceso judicial y administrativo que responde a la política nacional de fortalecimiento de la seguridad interna y el orden público.
Estas personas se encontraban cumpliendo condenas por delitos como robo, hurto, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y porte ilegal de armas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) gestionó la emisión de las respectivas boletas de excarcelación ante los jueces competentes, como paso previo al proceso de deportación.
La directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, María Belén Bedón, a través de un comunicado indicó que esta acción se enmarca en las disposiciones legales vigentes, como la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el artículo 61.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), reformado mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Según Bedón, las deportaciones son resultado del trabajo articulado con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y responden a un esfuerzo nacional por garantizar procesos ágiles, eficientes y en estricto apego a la ley.
¿Cuánto tiempo se demoraron en el trámite?
En menos de 24 horas, las dos juezas competentes de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Latacunga conocieron y resolvieron los 146 procesos de deportación. Las decisiones judiciales se emitieron conforme a las resoluciones administrativas presentadas por las autoridades correspondientes.
“Estas acciones son una muestra del compromiso de la Función Judicial de Cotopaxi por contribuir a la seguridad ciudadana y al respeto de la soberanía nacional”, recalcó Bedón. Este proceso masivo forma parte de un operativo más amplio. A nivel nacional, ya se han gestionado 700 resoluciones administrativas de deportación, en coordinación con las autoridades judiciales y el SNAI.
Estas deportaciones se enmarcan en la estrategia estatal para reducir el hacinamiento carcelario y atender los problemas de seguridad derivados de la permanencia de personas
extranjeras privadas de libertad con antecedentes penales.
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