Gobierno alista reforma en cárceles: 10.000 exuniformados reforzarán la seguridad

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este 29 de julio una transformación estructural del sistema penitenciario ecuatoriano, que incluye la incorporación de 10.000 nuevos funcionarios, en su mayoría policías y militares en servicio pasivo. El objetivo es fortalecer al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), entidad que recientemente pasó a formar parte del Ministerio del Interior.

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En entrevista con Ecuavisa, Reimberg explicó que el actual modelo de seguridad carcelaria —fragmentado entre policías en los exteriores, militares en el interior y guías penitenciarios civiles dentro de los pabellones— será reemplazado por un esquema unificado. 

“Queremos dividir que ciertas cárceles estén en manos de las Fuerzas Armadas y otras en manos de la Policía Nacional”, indicó. Cada institución asumirá el control integral de los centros asignados, desde el perímetro hasta el interior, en coordinación con el SNAI.

Opiniones sobre involucrar a uniformados en servicio pasivo a las cárceles

El abogado penalista Julio Cueva considera viable la incorporación de agentes en servicio pasivo, pero advierte sobre la necesidad de filtros rigurosos: “Es vital realizar pruebas de confianza, evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, de polígrafo y análisis de antecedentes. No solo para quienes ya están, sino para quienes van a ingresar. Debe ser sumamente estricto”.

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El ministro reconoció que el SNAI “no tiene la capacidad operativa para asumir por sí solo el control del sistema penitenciario”, por lo que se recurrirá a personal en servicio pasivo. “Yo calculo que no menos de 10 000 personas se incorporarían”, anticipó. Para ello, el Gobierno prevé garantizar que estos exuniformados conserven el 100 % de su pensión, además del salario correspondiente, lo que requerirá reformas legales.

La medida también busca liberar a policías y militares en servicio activo que actualmente custodian las cárceles, para que retornen a tareas de seguridad ciudadana. Las acciones se concentrarán en los centros penitenciarios más conflictivos, especialmente en Guayaquil, donde operan mafias carcelarias y estructuras del crimen organizado.

Reimberg subrayó que esta reforma no es solo operativa, sino estructural. “Es una transformación urgente y necesaria para recuperar el control del sistema penitenciario, que ha sido epicentro de masacres, fugas y violencia en los últimos años”, concluyó.

Por su parte, el experto colombiano en seguridad y justicia Hugo Acero considera que la mejor alternativa es construir desde cero un sistema penitenciario que garantice seguridad y reinserción social, respetando los principios fundamentales. Entre los aspectos claves, destaca la necesidad de estructuras que impidan fugas e intromisiones externas, así como estrictas medidas de seguridad, tanto técnicas como humanas.

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