Reformar sin depurar: el riesgo del nuevo modelo carcelario ecuatoriano

En respuesta a la crisis penitenciaria que se ha cobrado más de 500 vidas desde 2021, el Gobierno de Ecuador ha anunciado una ambiciosa reestructuración del sistema carcelario. El plan contempla el reemplazo del personal civil del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) por exmilitares y expolicías, la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y reformas legales que permitan la reintegración de uniformados retirados sin afectar sus pensiones.

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El ministro del Interior, John Reimberg, lidera esta transformación. En declaraciones recientes afirmó: “Estamos haciendo las modificaciones necesarias para que personal retirado de las Fuerzas (Armadas) pueda incorporarse al SNAI y sean ellos quienes se encarguen de la seguridad penitenciaria”. 

EXPRESO intentó comunicarse con el ministro Reimberg, pero se informó que el tema no es de su competencia. Actualmente, las cárceles están resguardadas por vigilantes civiles sin armamento letal, apoyados por fuerzas del orden en servicio activo. 

Una propuesta viable, pero con evaluación al SNAI

El nuevo modelo busca liberar a estos últimos para reforzar la seguridad ciudadana, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el presidente de la República, Daniel Noboa, contra el crimen organizado.

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Sin embargo, la propuesta enfrenta un obstáculo legal: la normativa vigente retiene el 40 % de la pensión a quienes se reincorporan al sector público. El Ejecutivo trabaja en una reforma para eliminar esta penalización y facilitar la contratación de exuniformados.

El abogado penalista Julio Cueva considera viable la incorporación de agentes en servicio pasivo, pero advierte sobre la necesidad de filtros rigurosos: “Es vital realizar pruebas de confianza, evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, de polígrafo y análisis de antecedentes. No solo para quienes ya están, sino para quienes van a ingresar. Debe ser sumamente estricto”.

Cueva también subraya la importancia de mantener el anonimato del personal penitenciario, para evitar represalias: “No deben tener nada que permita saber quiénes son. Lo que ha pasado en la Penitenciaría es que los identifican y los matan”.

La reestructuración incluye la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad, que se sumarán a la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, una obra de 52 millones de dólares con capacidad para 800 internos.

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Una fuente cercana al sistema penitenciario, quien prefiere mantener el anonimato, califica el plan como positivo, pero recomienda que debe ir acompañado de una depuración urgente del SNAI. “Sus funcionarios no pasan pruebas de confianza, lo que los hace vulnerables a las mafias”.

Por su parte, el experto colombiano en seguridad y justicia Hugo Acero considera que la mejor alternativa es construir desde cero un sistema penitenciario que garantice seguridad y reinserción social, respetando los principios fundamentales. Entre los aspectos claves, destaca la necesidad de estructuras que impidan fugas e intromisiones externas, así como estrictas medidas de seguridad, tanto técnicas como humanas.

El especialista enfatiza la importancia de evitar recurrir a los mismos funcionarios que actualmente operan. “Ellos ya están contaminados por la corrupción y carecen de profesionalismo. Es indispensable formar nuevos equipos de manera paralela a la construcción”, sostiene

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