Progen y Austral: dejan un perjuicio de $140 millones al Estado ecuatoriano
La Contraloría aprobó el informe sobre los contratos de Progen. Los resultados se conocerán formalmente este 24 de julio
La práctica aplicada en la contratación de generación de energía de emergencia con Austral Technical Management (ATM) se repite con la empresa estadounidense Progen. La Contraloría General del Estado identificó que en la firma de los contratos entre Progen y Termopichincha existen problemas que derivarán en responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios penales.
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Así lo advirtió este 22 de julio de 2025 Mauricio Torres, contralor general del Estado, en una entrevista en radio Sucesos.
Progen fue contratada para instalar las plantas de generación térmica de emergencia Quevedo III y Salitral. Con estas instalaciones el Gobierno actual buscaba sumar 150 megavatios (150) en medio de la crisis eléctrica que atravesaba Ecuador en 2024. Su puesta en marcha estaba prevista para finales de 2024 e inicios de 2025. Pero esto no ha ocurrido hasta la fecha.
En la auditoria realizada por el órgano de control a los contratos de Progen se advierte, entre otros, que si bien no se pudo revisar los equipos, que están cubiertos con plástico -para evitar el riesgo de perder la garantía- se determinó que los equipos no son nuevos y no fueron comprados al fabricante, según los documentos revisados.
“Fuimos inclusive al fabricante de esos equipos (...) ellos certificaron que no han vendido los equipos a Progen”, enfatizó el contralor general del Estado.
Además, en la contratación se identificaron “serios errores”. Se hizo, por ejemplo, una adenda modificatoria para efectuar los pagos. Los resultados se conocerán oficialmente este 24 de julio de 2025, según conoció Diario EXPRESO.
¿Cómo afectan al Estado los contratos de Progen y Austral?
Este tipo irregularidades identificadas en los contratos con Progen representan para el Estado perjuicios de alrededor de $100 millones. De estos, $70 millones corresponden a Salitral (100 MW) y $30 millones a Quevedo (50 MW).
Pero si a esto se suma las afectaciones provocadas por ATM -que fue también observada por la Contraloría- el perjuicio para el Estado ecuatoriano asciende a aproximadamente a $140 millones, puntualizó Torres.
¿Quiénes responderán por las afectaciones causadas con los contratos de Progen y Austral?
La Contraloría señaló que en estas contrataciones, efectuadas en agosto de 2024, existen “al parecer” servidores de las empresas públicas que fueron responsables de la contratación.
Torres precisó que es importante señalar que la empresa pública que contrató a esta firma fue la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y que aunque se delegó a las unidades de negocio, la empresa pública está exenta de responsabilidad. “No porque delega la empresa evita responsabilidad (...) El gerente general debe responder a estas situaciones”, afirmó.
La Celec delegó a Termopichincha la firma del contrato con Progen, Mientras tanto, Electroguayas estuvo a cargo del proyecto Esmeraldas III (91 MW) con Austral.
Torres reiteró que en el caso de Progen se evidenció que lo más grave es que no se cumplió con el contrato. “Tenían que ser equipos nuevos y comprados al fabricante. No son nuevos y no fueron comprados al fabricante”, aseguró.
¿Cómo se puede recuperar los recursos públicos invertidos por el Estado en Progen?
La Contraloría mencionó que se espera “que por lo menos lo que tenemos (generadores y otros equipos) puedan funcionar, aunque sea después con ciertas rectificaciones. Lo importante es recuperar y que se rectifique lo que está mal y se salir adelante esos esos proyectos”, expresó Torres.
Además, agregó que deberán responder las empresas que contrataron y los servidores que “cometieron estas faltas”, tanto en el ámbito civil e inclusive penalmente.
En caso de las responsabilidades civiles, aseveró que la entidad está procediendo con todo el rigor de la ley para que así se dé. Aunque precisó tras haber aprobado estos informe, viene la etapa de predeterminación, para que los presuntos responsables puedan defenderse hasta llegar -de ser el caso- hasta el contencioso administrativo, en la parte civil y administrativa.
Mientras tanto, en penal, se entregó ya el informe de Austral a la Fiscalía General del Estado. Y en los próximos días se hará lo propio con Progen.
