Cartas de lectores: ¿Por qué reducir el tamaño del Estado?
En todo caso, la decisión del Gobierno es pertinente
Una de las más recientes decisiones del Ejecutivo se centra en la reducción del tamaño del Estado, reflejada en la fusión y/o absorción de ministerios y secretarías. Esto implica pasar de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, lo que representa una reducción del 41% en la estructura ministerial, con una primera etapa de 5.000 desvinculaciones. Aunque siempre se ha hablado de achicar el Estado, en los pocos casos que se logró, pronto volvió a crecer.
Esta decisión forma parte de las medidas que el Gobierno debe implementar en los próximos años para reducir el gasto público, en cumplimiento de sus compromisos con el FMI. Se busca una disminución del gasto de 0,2 % del PIB (entre $ 200 y $ 250 millones anuales); y para 2027-2028, el ajuste subirá a 0,3% del PIB (entre $300 y $375 millones), totalizando cerca de 1.250 millones en reducción del gasto salarial, que actualmente bordea los 10 mil millones de dólares.
El gasto salarial representa un tercio del presupuesto estatal. En algunos años, la recaudación de IVA interno e impuesto a la renta apenas alcanzaba para cubrir salarios. Actualmente representa dos tercios de esa recaudación. Este gasto es un alto costo de oportunidad, pues consume recursos que podrían destinarse a otras áreas. Además, por mandato constitucional y legal, el Estado debe aumentar sueldos en 1 % del PIB anualmente, lo que significa $ 1.200 millones.
Y no solo debe revisarse el Gobierno central, también los gobiernos seccionales. Hay municipios donde el 80 % del presupuesto se destina a salarios, dejando poco o nada para obra pública, en parte por compromisos políticos. Esto se refleja en personal innecesario: múltiples recepcionistas, empleados en pasillos sin tareas claras, etc. La reducción del Estado debe hacerse de manera técnica, eficiente y transparente, eliminando duplicidades y optimizando el gasto. Además, se deben prever las posibles demandas de servidores públicos desvinculados, que en el pasado han terminado en costosos reintegros y pagos retroactivos, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad.
En todo caso, la decisión del Gobierno es pertinente. Se debe continuar revisando el aparato estatal para que responda al tamaño de la economía y la salud fiscal. Solo así se garantizará que los ingresos al sector público respondan a criterios de responsabilidad y eficiencia, usando mejor los recursos disponibles para atender necesidades prioritarias y a los grupos más vulnerables.
Jorge Calderón Salazar