Fernando Insua Romero | Una Corte fuera del mapa
Una corte autónoma no significa una corte desligada de toda legitimidad democrática en su origen y funcionamiento
En los últimos días la Corte Constitucional ha vuelto a estar en el centro del debate por el contenido de sus decisiones frente al presidente Daniel Noboa y por el peso que ostenta sin contrapesos visibles. En Ecuador, la Constitución de 2008 creó un modelo singular: nueve jueces designados por el CPCCS, un órgano que no forma parte de los clásicos poderes del Estado, con mandatos fijos y prácticamente inmunes a remociones de origen político.
En el discurso público se ha instalado la idea de que esta Corte es ‘intocable’ e ‘infalible’, como si así funcionaran las democracias consolidadas. La realidad es otra. En la mayoría de países, incluso en los más respetuosos con la independencia judicial, la designación y renovación de magistrados constitucionales recae -de forma directa o mixta- en el Legislativo, el Ejecutivo o ambos. El Tribunal Constitucional alemán, el español, la Corte Suprema estadounidense o la Corte Constitucional colombiana mantienen independencia en sus fallos, pero su composición refleja, a largo plazo, el resultado de procesos políticos transparentes.
Este esquema no busca someter a la justicia al capricho de mayorías momentáneas, ni apoyo el poner sus nombres en carteles, más bien se debe asegurar que ningún poder se aísle del circuito de frenos y contrapesos que sostiene una república. Una corte autónoma no significa una corte desligada de toda legitimidad democrática en su origen y funcionamiento. En Ecuador el diseño posterior a 2008 dejó a la Corte Constitucional como un actor que decide sobre leyes, decretos y competencias del Ejecutivo y Legislativo. Esto la coloca en una posición inusual, incluso comparada con sistemas más garantistas. ¿Este aislamiento fortalece la institucionalidad o erosiona la confianza ciudadana cuando surgen fallos polémicos? La polémica con Noboa ha puesto en evidencia que importa qué decide una corte y cómo se estructura para decidir. En un mundo donde ninguna corte constitucional seria está completamente fuera de control institucional, quizá ha llegado el momento de preguntarnos si nuestro modelo es el mejor para equilibrar independencia y responsabilidad.