La minería ilegal es un mal común de Perú y Ecuador

El apetito voraz por extraer oro de manera ilegal para exportarlo trasciende fronteras. El precio elevado de esta materia prima, está cerca de $4.000 la onza troy, hace que grupos que operan al margen de la ley irrumpan en zonas con yacimientos significativos de este mineral en Perú y Ecuador.

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En el país vecino los grupos ilegales han recurrido a la violencia para “robar” oro en La Libertad, cerca de la mina La Poderosa. Han explotado torres para afectar su suministro eléctrico. Incluso han secuestrado y matado a trabajadores, informó a Diario EXPRESO Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Macera refiere que esta practica se ha acentuado en esta nación desde hace tres años aproximadamente ante el alza del precio de los ‘commodities’. Perú pasó de una minería de selva o fluvial de oro, en la que se usa mercurio afectando a los ríos; a operar en la Sierra, incluso cerca de concesiones formales.

Este fenómeno ha ido de la mano con el aumento de la inseguridad. “En ciertas áreas existe presencia de grupos criminales y mafias en la actividad minera informal, es innegable”, indicó el director del BCRP.

Los minerales más apetecidos por los mineros ilegales

En Perú, la minería ilegal apunta a oro y cobre, más ahora que los precios se dispararon. Al 27 de octubre de 2025, el oro cerró en $3.997,30 la onza troy, esto significa $1.235,70 más que en octubre de 2024 (44,7 %), y el cobre en $5,16 la libra, $0,82 por encima de hace un año (18,8 %), según información de Investing.com.

Para combatir, en parte, las actividades irregulares en esta industria en diciembre de 2016 el gobierno peruano emprendió el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para pequeños mineros y mineros artesanales.

Aunque, según Macera, se identificó a ciertos mineros, que tenían maquinarias valoradas en cientos de miles de dólares, que con el precio actual del oro, pueden obtener hasta $500.000 al mes. “Así, es difícil argumentar que son pequeños productores, artesanales o mineros ancestrales”, argumentó.

El propósito de este mecanismo era que ingresen a un plan de formalización; mientras cumplían los requisitos. Además, durante el proceso se suspendía la responsabilidad penal por minería ilegal. Pero, ¿cuáles fueron los resultados?

Los resultados del Reinfo, en Perú

Cifras citadas por medios peruanos refieren una tasa de formalización muy baja: entre el 2 % y 2,4 % de los inscritos lograron formalizarse hasta 2024.

Actualmente, alrededor de 31.560 registros siguen habilitados y más de 50.000 fueron excluidos en la depuración por no haber dado ningún paso para formalizarse. Este último grupo, sin embargo, busca ahora ser reintegrado.

Macera afirmó que el proceso “fue bastante malo” porque la mayoría está en el limbo ante la imposibilidad de cumplir requisitos -que no eran realistas-, eran demasiado caros, la limitada capacidad del Estado para hacer cumplir la norma y la extensión recurrente de plazos para que puedan seguir operando. “El incentivo de seguir operando en el tránsito a la formalidad, no se concretó y la gente opera en el limbo porque nadie exige su cumplimiento”.

Actualmente, la vigencia de esta “carta blanca” para vender legalmente los minerales, comprar explosivos y otros aplica hasta fines de 2025. El Congreso decidirá si extiende o no este plazo.

Sin embargo, ante el abuso de esta figura que crea la posibilidad que mineros de “todo corte” operen cumpliendo una regulación “laxa”, este mecanismo fue cerrado. Es decir, no pueden ingresar más aspirantes.

La situación de la minería ilegal en Ecuador

Mientras tanto, en Ecuador este fenómeno, que se presentó desde hace aproximadamente ocho años, se trata de una actividad delictiva que se expandió con rapidez y deja pasivos ambientales como la contaminación con mercurio en los ríos.

Hasta 2024 se identificaron 387 puntos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias del país, según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los focos más álgidos están en: Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (ver gráfico).

Esta actividad representa un impacto de $633 millones aunque, según María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), otras fuentes elevan el efecto a $800 millones y, datos militares, a más de $1.000 millones al año. Silva estimó que el 67 % del oro extraído proviene de la minería ilegal.

Para frenar esta actividad el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró en enero de 2023 a la minería ilegal y a todas las actividades relacionadas como una amenaza directa a la seguridad integral del Estado.

Y en octubre de 2024, se creó mediante Decreto Ejecutivo el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) encargado, entre otras funciones, de implementar acciones contra las actividades ilícitas de recursos mineros y sus efectos.

El Gobierno decidió, además, en septiembre de 2025 reducir el subsidio al diésel porque, entre otras razones, su precio distorcionado beneficiaba al contrabando y la minería ilegal y no a los más vulnerables.

El gobierno ecuatoriano ha realizado también operativos para desarticular improvisados campamentos en Imbabura, Azuay y otras zonas. “Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Continuaremos en otras partes clave del país, luchando contra la minería ilegal y los políticos que la protegen”, indicó el 19 de octubre pasado el presidente Daniel Noboa.

Otras iniciativas para combatir la minería ilegal

Macera refirió que en Perú los operativos de destrucción de campamentos de minería ilegal no fueron tan efectivos, porque los ilegales conocían de estas acciones y lo que hacían es dejar cierta maquinaría, insumos y otros e irse hacia otras zonas alejadas. Además, era costoso mantener a la fuerza pública en esos sitios tan apartados.

Así, para atacar esta actividad ilegal el país vecino aprobó la Ley 32412, que establece un nuevo marco legal para el control, registro, fiscalización y sanción en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en minería ilegal como: mercurio, cianuro e hidrocarburos.

También se trabaja en identificar operaciones financieras inusuales con la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades. Estos procesos se deben complementar, según el BCRP, con el control de las plantas procesadoras de minerales que son las que “blanquean el mineral ilegal”.

Por su parte, la CME planteó como salida a esta problemática impulsar el desarrollo de minería legal y responsable para evitar que estos espacios sean tomados por ilegales. Además, se hizo un llamado para que se emprenda una lucha transversal. No basta el Ejecutivo, se requiere también el respaldo del sistema de justicia, los gobiernos locales y la Asamblea para establecer objetivos comunes, tipificar conductas, acelerar procesos y cortar logística (maquinaria, combustibles, químicos, financistas).

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