Loma Larga: tres opciones de reclamo contra el Estado

La revocatoria de la licencia ambiental de Loma Larga, en Cuenca, pone en pausa el desarrollo de este proyecto que estaba a puertas de iniciar la etapa de construcción de mina. Según lo planificado, este hito se debía cumplir a partir del primer trimestre de 2026, pero ahora su desarrollo se encuentra ‘congelado’.

El Ministerio de Ambiente y Energía revocó a inicios de octubre pasado la licencia ambiental, emitida en junio pasado, para el proyecto Loma Larga, a cargo de la empresa Dundee Precious Metals (DPM).

La medida fue tomada con base en los informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, entidades competentes en la provisión del servicio de agua potable y mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente. Los “informes son de exclusiva responsabilidad de las entidades que los emitieron y sustentan la medida adoptada por el Gobierno”, enfatizó la cartera de Estado.

La revocatoria no implica el fin de este proyecto, aunque sí limita su continuidad. “Sin licencia ambiental se inhabilita a la empresa a seguir con la construcción y explotación, pero no revierte la concesión al Estado, queda suspendida por conmoción social (…) es como meter el proyecto en el congelador”, explica Henry Troya, exviceministro de Minería.

La firma canadiense DPM tenía previsto iniciar la construcción de la mina subterránea en el primer trimestre de 2026, para entrar en producción en 2028, según el último Boletín del Sector Minero, elaborado por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Una vez en marcha, la expectativa era producir un promedio anual de 200.000 onzas de oro en sus primeros cinco años de operación. Después se preveía llegar aproximadamente a 170.000 onzas de oro por año, además de plata y cobre, detalla DPM en su portal web.

Al complicarse sus planes, la firma expresó su “profunda” preocupación, pues había obtenido ya la licencia ambiental, tras presentar un plan de gestión ambiental y “sólidas” medidas de protección. “Los estudios hídricos realizados por expertos independientes, DPM y los organismos reguladores demuestran consistentemente que el proyecto no tendría un impacto negativo en el suministro de agua”, afirmó la compañía.

Agregó que “está evaluando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la opcionalidad” para sus accionistas.

Si bien la empresa no ha anunciado qué acciones tomará, especialistas consultados por EXPRESO advierten que existen al menos tres caminos para destrabar el proyecto: presentar una impugnación ante el Ministerio de Ambiente y Energía, interponer un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo o activar la cláusula de resolución de controversias (incluida en el contrato de inversión) y demandar un arbitraje internacional.

Las razones para hacer uso de estos recursos son diversas. Troya, por ejemplo, advierte que no se respetaron las competencias del Ministerio de Ambiente acerca de resolver sobre la licencia ambiental de Loma Larga y se justificó la medida considerando informes presentados por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa), el Municipio, la Prefectura y universidades.

“Ninguno de estos actores tiene la competencia para realizar estudios que sirvan de insumo para revocar de manera legal una licencia”, precisa Troya.

Aparte, Stevie Gamboa, abogado minero, menciona que DPM podría activar una acción en el Contencioso Administrativo argumentando que no se cumplió con el debido proceso o que la motivación no fue la adecuada.

Incluso, Gamboa considera que se podría replantear el licenciamiento para precautelar los recursos hídricos. Esta acción implicaría ajustar lo propuesto para que se revea la medida y obtener otra licencia con mayores medidas de protección, de mitigación, que incluya más monitoreo. “La noticia no es definitiva porque no se revocó la concesión. Si se lo hace se pone en riesgo la seguridad jurídica e inversión, eso sí sería grave”, analiza.

Entre 1999 y 2024, la inversión en Loma Larga asciende a 129 millones de dólares, según el BCE (ver gráfico).

Un tema comparado con el caso Chevron

Ante esta realidad, Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, dice que tal como se han presentado los hechos, la compañía podría ir a arbitraje porque los pretextos para retirar la licencia “son poco sólidos”.

“La firma ha invertido millones, ha actuado de buena fe y conseguido todos los permisos. Y es el Gobierno el que, por presiones políticas internas, retira la licencia”, enfatiza Santos.

Además, el exministro de Energía y Minas resalta que aunque el Gobierno actual busca desmarcarse atribuyendo que la decisión es tomada con base en los informes del Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay, los litigios internacionales son en contra del Estado. “Este podría ser otro caso Chevron”.

Si el fallo judicial favorece a la empresa privada, el Estado deberá pagar a DPM y, luego, intentar recuperar ese dinero mediante una acción de repetición, un proceso largo y de resultado incierto. Pero antes la Asamblea debe aprobar primero una ley que regule este procedimiento.

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