Loma Larga: Inés Manzano trabaja para la minera | Por Roberto Aguilar

¿Para quién trabaja Inés Manzano? En el asunto de Quimsacocha, todo parece indicar que para la empresa minera, la canadiense Dundee Precious Metals (DPM).

(NO TE PIERDAS: La FOA insiste en revocatoria de licencia ambiental de Loma Larga)

Situado en el área de reserva de la biósfera conocida como macizo de El Cajas, origen de las cuencas hidrográficas de las que depende la dotación de agua potable de Cuenca y el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Paute, el proyecto minero Loma Larga, a cargo de esa compañía, ha sido denunciado como un atentado por partida doble, muy a tono con la doble cartera creada con dedicatoria para esta ministra: energía y ambiente. 

En junio de este año, a pesar de los riesgos evidentes, a pesar de los informes técnicos que lo desaconsejaban, a pesar de dos consultas populares en las que el 80 por ciento de la población de los dos cantones involucrados se pronunciaron en contra, a pesar de una decisión de la Corte Provincial de Justicia que lo impedía, el gobierno de Daniel Noboa concedió a DPM la licencia ambiental que la autorizaba a iniciar la fase de explotación de la mina. 

Ahora, luego de que los cuencanos protagonizaran la manifestación cívica más grande de su historia (se calcula que unas cien mil personas marcharon pacíficamente en contra del proyecto minero), Inés Manzano ha decidido ceder y revocar esa licencia. ¿Una buena noticia para Cuenca? No: un simulacro. 

Un fraude jurídico

La resolución ministerial firmada por Manzano el pasado 3 de octubre es, directamente, una chapuza jurídica, por no decir un fraude. Ya desde lo formal, se trata de un documento latoso, saturado de la soberbia habitual que constituye el rasgo de personalidad más acusado de la abajo firmante, en el que más de un centenar de considerandos inservibles se acumulan uno tras otro a lo largo de veinte páginas con la única intención (absurda, porque la decisión es de la ministra) de descargar responsabilidades sobre los hombros del alcalde de Cuenca y el prefecto del Azuay. 

De hecho, esos considerandos consisten en una recopilación, exhaustiva hasta la ridiculez, de todo lo dicho y publicado por ambos funcionarios sobre el tema de Loma Larga. Por ejemplo, dice la ministra: “Considerando que, con fecha 25 de septiembre de 2025, el señor Cristian Eduardo Zamora Matute, en calidad de alcalde de Cuenca, a través de su cuenta en la red social X, manifiesta: “Un inmenso logro de la lucha histórica de Cuenca y a su férrea unidad de defender nuestros recursos como el Agua y el Páramo”.

O bien: “Considerando que, con fecha 26 de septiembre de 2025, el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret Valdiviezo realizo una declaración a través del medio de comunicación Telerama donde señaló: “Prefecto exhorta al gobierno a revocar licencia ambiental de Loma Larga”. Así, 20 páginas: chapucero, mal escrito, insustancial, impertinente y lleno de faltas de ortografía.

Ni una sola referencia a la marcha

En Cuenca se echó especialmente de menos un considerando que aludiera a la masiva manifestación del 16 de septiembre, que obviamente es la causa principal para que el gobierno, siempre en campaña electoral, decidiera echarse para atrás en el asunto de Quimsacocha. La ministra no la menciona porque siempre la menospreció y porque hacerlo, de alguna manera, implicaba reconocer una derrota. Y lejos de ella semejante gesto de humildad. O cualquier otro.

Pero todas estas formalidades del documento son lo de menos: el problema con la resolución ministerial es de fondo. Porque resulta que la revocatoria de la licencia ambiental para el proyecto Loma Larga, con el que Inés Manzano finge ceder a las demandas de los cuencanos, es una resolución ilegal, es perjudicial para el país y, todo parece indicar, es un acto de tremenda mala fe (o de profunda burricie: ella elige).

Es ilegal porque la ministra no tiene la competencia para revocar una licencia ambiental: eso es atribución de los jueces de lo contencioso administrativo y a ella, como titular de la entidad que concedió la licencia, le correspondía presentar la demanda del caso. 

Es perjudicial para el país porque toda revocatoria de un acto administrativo obliga al Estado a indemnizar por los daños causados a quien fue su beneficiario. Finalmente, es de mala fe porque Inés Manzano pudo haber evitado tanto la ilegalidad de atribuirse una competencia que no tiene como la perjudicial indemnización que tarde o temprano tendrá que pagar el país a la compañía minera si tan sólo hubiera hecho lo correcto, aquello para lo que sí está facultada y era lo que correspondía por ley: la anulación de la licencia ambiental. ¿Una formalidad jurídica? Quizás. Pero una que puede costar decenas o cientos de millones al Estado ecuatoriano (aunque la ministra, a juzgar por los considerandos, alimente el sueño de perro de un proceso de repetición contra el alcalde y el prefecto). 

Los motivos por los que puede quedar sin efecto la licencia

Nadie ha explicado mejor la situación que el profesor de la Universidad San Francisco Juan Pablo Aguilar, una reconocida autoridad en Derecho Público. Él escribió en sus redes sociales un artículo claro como el agua en el que explica lo siguiente: la concesión de la licencia ambiental para el proyecto Loma Larga es un acto administrativo que otorga derechos a DPM y sólo puede quedar sin efecto por dos motivos: el primero es la legalidad: si el acto administrativo es ilegal, la propia entidad que lo expidió, en este caso el ministerio de Manzano, puede anularlo; el segundo motivo es la oportunidad y “se aplica cuando el acto, siendo legal, no conviene al interés público y debe ser revocado”. Pero en este caso la revocatoria es competencia de los jueces contencioso administrativos y el Estado está obligado a indemnizar por daños.

En resumen -dice Aguilar- cuando un acto es ilegal se anula y si es inconveniente, se revoca”. Pero revocar no sale gratis.

Ejemplo hipotético: una persona obtiene una licencia para vender bebidas alcohólicas sin cumplir los requisitos que impone la ley: el fraude se descubre, la licencia se anula, el bar se cierra. Supongamos que una persona obtiene esa licencia legalmente y se pone un bar con todas las de ley al frente de una universidad pública, pero luego el gobierno de la ciudad decide que no es conveniente tener bares en esa zona: el municipio demanda su pretensión ante un juez, el juez revoca la licencia, el bar se cierra, el municipio indemniza.

¿A cuál de estas dos hipótesis corresponde el caso de DPM y la mina de Loma Larga? No hay la menor duda: a la primera. La licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga fue concedida en junio pasado sobre la base del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera al gobierno. Y ese estudio, tal como ha quedado demostrado en un informe técnico de la hípereficiente empresa de agua potable de Cuenca (ETAPA), informe que la propia ministra Manzano cita en numerosas ocasiones a lo largo de su farragosa resolución, ese estudio de impacto ambiental de la minera es un completo fraude. Por tanto, la licencia ambiental es ilegal.

Dice, por ejemplo, el estudio de la minera, que no hay relación alguna entre el agua superficial de Quimsacocha y las aguas subterráneas, con lo cual habría que botar a la basura todo lo que se ha escrito sobre el funcionamiento del ecosistema páramo desde Humboldt hasta el día de hoy.

Dice que las aguas de los ríos que nacen ahí tienen un nivel de contaminación 80 veces mayor al que ha sido monitoreado por ETAPA desde hace cuatro décadas, con lo cual resultaría que el agua de Cuenca es altamente tóxica. Normal: DPM pretende que el agua que piensa contaminar ya está contaminada.

Dice que la zona de impacto del proyecto es solamente la de implantación de la mina (186 hectáreas) aunque el sentido común sugiere que toda la cuenca sufrirá las consecuencias.

Omite, además, cualquier referencia a los 14 millones de toneladas de roca que la minera piensa mover, triturar, tratar con productos químicos altamente contaminantes y almacenar en una relavera (donde el 10 por ciento de los residuos estará formado por arsénico), en la que quedarán hasta el fin de los tiempos.

Evita también calcular la cantidad de agua que utilizará para su operación, a razón de 600 metros cúbicos por hora, 24 horas al día durante siete días a la semana.

Todas estas barbaridades del fraudulento estudio de impacto ambiental de la minera (y muchas más) fueron denunciadas en el informe técnico de ETAPA que la ministra Inés Manzano no ha desmentido en ninguno de sus puntos. Hasta hace un mes, todavía las autoridades del gobierno ponían en escena su simulacro de exigir informes técnicos a las autoridades locales, a pesar de que tenían el de ETAPA guardado en un cajón. Porque la verdad es que concedieron la licencia ambiental en junio pasado a pesar de que conocían ese informe y, por tanto, sabían que el estudio de impacto ambiental de la minera era un fraude. De esa responsabilidad no se hacen cargo.

¿Revocatoria o anulación?

Esos son los hechos. La licencia ambiental que permite a DPM iniciar la fase de explotación de Loma Larga fue concedida en junio de este año sobre la base de un estudio de impacto ambiental fraudulento y es, por tanto, ilegal. Correspondía a la ministra Inés Manzano, por tanto, anular la licencia, en lugar de revocarla. Anular la licencia y zanjar toda pretensión de la minera de cobrar indemnizaciones o, aún peor, de declarar nulo el proceso y retomar su actividad minera pese a todo. La misma ministra, al citar varias veces el informe de ETAPA en los abrumadores considerandos de su resolución ministerial, por más que pretenda en ellos adjudicar la responsabilidad de ese informe al alcalde de Cuenca y lavarse las manos cobardemente, está asumiendo su contenido y, por tanto, reconoce el fraude cometido por la minera. Inés Manzano no puede tomar esta resolución sin hacerse cargo. El documento es una completa chapuza, pero la firma al pie es la suya.

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