Histórica marcha en Cuenca: las tres claves para entender rechazo a proyecto minero
Más de 100.000 personas se movilizaron en Cuenca para rechazar el proyecto minero Loma Larga
Cuenca vivió el 16 de septiembre de 2025 una de las movilizaciones más masivas de su historia reciente. Más de 100.000 personas, según cifras de la Prefectura del Azuay, salieron a las calles para rechazar el proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals. La marcha, convocada por organizaciones indígenas, campesinas, universitarias y colectivos ciudadanos, recorrió el Centro Histórico con un mensaje claro: “Quimsacocha no se toca”.
El conflicto no es nuevo, pero ha escalado tras la entrega de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente en junio de 2025. La ciudadanía denuncia que se vulneran derechos colectivos, se ignoran consultas populares previas y se pone en riesgo la seguridad hídrica de la región. A continuación, las tres claves que explican el rechazo masivo al proyecto minero.
1.- Consultas populares ignoradas
Uno de los principales reclamos de los manifestantes es el desconocimiento de las consultas populares realizadas en Cuenca y Girón en 2021, donde la ciudadanía se pronunció en contra de la minería en zonas de recarga hídrica. Activistas y líderes comunitarios denunciaron que la licencia ambiental otorgada en junio de 2025 por el Ministerio del Ambiente vulnera estos mandatos constitucionales.
Durante la marcha, se entregaron documentos en la Corte Provincial de Justicia y en la Gobernación del Azuay, exigiendo respeto a las decisiones populares y la revocatoria inmediata de la licencia ambiental. “La consulta es vinculante. No puede ser ignorada por intereses extractivos”, expresó Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA).
2.- Alto riesgo de contaminación
El epicentro del conflicto es la zona de Quimsacocha, donde nacen los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay, fuentes vitales de agua potable, riego y abrevadero para Cuenca y cantones aledaños. Según WWF-Ecuador y estudios de la Universidad de Cuenca, cualquier afectación a estos ecosistemas pone en riesgo la seguridad hídrica, la salud pública y la funcionalidad ambiental de la región.
Diversos estudios técnicos han advertido sobre los riesgos de intervenir esta zona de recarga hídrica. Investigaciones de la Universidad de Cuenca, lideradas por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), han demostrado la alta conectividad entre las aguas superficiales y subterráneas en Quimsacocha. Esto significa que cualquier alteración en el subsuelo —como túneles, explosiones o drenajes mineros— podría afectar directamente la calidad y cantidad del agua que llega a las plantas de tratamiento de ETAPA EP.
La propia empresa municipal de agua potable, ETAPA EP, emitió en septiembre de 2024 un informe técnico en el que calificó como “engañosos e incompletos” los estudios presentados por Dundee Precious Metals para obtener la licencia ambiental.
La gerente Verónica Polo alertó que los modelos hidrológicos utilizados por la empresa no consideran la fragilidad del ecosistema de páramo ni las dinámicas de infiltración que caracterizan a la zona. “Los estudios desconocen investigaciones locales y minimizan el impacto real sobre las fuentes de agua”, señaló.
3.- Modelo económico sin garantías locales
Además del riesgo ambiental, las comunidades han cuestionado el modelo económico detrás del proyecto minero Loma Larga, señalando que reproduce una lógica extractiva que beneficia a grandes empresas y al Gobierno central, pero deja rezagadas a las poblaciones directamente afectadas. Aunque el Ejecutivo y la empresa canadiense Dundee Precious Metals han prometido generación de empleo, inversión extranjera y regalías, líderes comunitarios advierten que los beneficios no están claramente definidos ni garantizados.
Según el Observatorio de Industrias Extractivas de la Universidad de Cuenca, el proyecto contempla una fase de explotación de 11 años, con ingresos estimados en más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, solo el 2% de ese monto llegaría directamente a los gobiernos locales en forma de transferencias o regalías, mientras que el resto se canalizaría a través de impuestos nacionales y utilidades empresariales.
Organizaciones como la FOA y la CONAIE han denunciado que no se realizó una consulta previa, libre e informada con las comunidades directamente afectadas, como lo exige el artículo 57 de la Constitución. Esta omisión fue incluso reconocida por la Corte Provincial del Azuay en una sentencia de 2022, que suspendió temporalmente el proyecto y exigió al Ministerio del Ambiente presentar estudios adicionales antes de avanzar a la fase de explotación.
La falta de garantías locales, sumada al incumplimiento de la consulta previa y a la concentración de beneficios en actores externos, ha convertido el modelo económico de Loma Larga en uno de los principales focos de rechazo. Para las comunidades, el desarrollo no puede construirse sobre la exclusión, la imposición y el sacrificio ambiental.
