Perú blinda la inversión minera y opaca a Ecuador

La inestabilidad política de Perú -siete presidentes en los últimos 10 años- no es un freno para el desarrollo de la minería. Actualmente, es el cuarto país de América Latina más atractivo para invertir en este sector, luego de Guyana, Argentina y Chile. Ecuador, mientras tanto, con cuatro mandatarios desde 2015, se encuentra octavo.

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El puesto que ocupan 82 jurisdicciones en el Índice de Atractivo de Inversión para el desarrollo de esta industria consta en la Encuesta Anual de Empresas Mineras 2024, presentada en julio de 2025 por Fraser Institute.

En esta encuesta se evaluó el atractivo en función del potencial geológico (minerales y metales) y las políticas gubernamentales que fomentan o desalientan la exploración y la inversión.

Las firmas consultadas señalaron que el 40 % de su decisión de invertir se determina por factores de política y el 60 % se basa en su evaluación del potencial minero.

Perú, que acumula décadas de experiencia en el desarrollo de minería industrial, tiene claro las prioridades de los inversionistas.

Así, tras reconocer el fracaso del modelo estatista peruano, que al igual que Ecuador promovía que el Estado tenga una presencia mayoritaria en el desarrollo de esta actividad, se apostó por liberalizar el mercado para que los privados tengan una participación mayor .

“La experiencia demuestra que algunos sectores operan bastante mejor en manos privadas, uno de esos casos es minería. Tenemos casos exitosos que permitieron atraer capitales”, reconoció a Diario EXPRESO Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este cambio se complementó con reformas en la Constitución, en 1993. En la máxima norma se planteó que las inversiones nacionales y extranjeras se sujetan a las mismas condiciones. En palabras de Macera ofrecer una “cancha pareja” permitió que en las últimas décadas ingresen nuevas inversiones del exterior porque esta garantía no penaliza ni beneficia.

“En otros países existe esta garantía en leyes, pero sabemos que una ley se cambia por otra. Por esta razón, lo establecimos al nivel más alto, en la Constitución”, precisó Macera.

La ansiada seguridad jurídica

Para María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), esta disposición permite que los inversionistas cuenten con seguridad jurídica y no existan cambios de reglas de último momento.

En Ecuador esta realidad resulta distante para esta industria. El catastro minero estuvo cerrado por siete años, en 2024 se ajustó la tarifa eléctrica industrial que incluye a la minería (grupo AV2), en medio de los apagones. Además, se introdujo la obligación de generar su propio suministro eléctrico, se creó en mayo de 2025 una tasa de fiscalización, que compañías han calificado de onerosa.

Y recién, la Ley Orgánica de Transparencia (publicada el 28 de agosto de 2025) reformó la Ley de Minería, creando nuevas causales de caducidad de las concesiones.

Aparte, se revocó a inicios de octubre de 2025 la licencia ambiental de Loma Larga debido al rechazo que generó el proyecto en Azuay ante una supuesta afectación en la provisión de agua.

En Perú, si bien existe conflictividad social, otro plus es la flexibilidad para ingresar y sacar capitales. El país vecino, a diferencia de Ecuador, no tiene un Impuesto para la Salida de Divisas (ISD) ni ningún otro, mencionó Macera.

Ecuador, sin embargo, no cuenta con moneda propia. Perú sí.

Estas reglas se complementan con la figura de Contratos Ley, que ofrece estabilidad tributaria por 15 o 20 años a cambio de un pago extra (dos puntos más) del Impuesto a la Renta y compromisos de inversión. Esta modalidad, según Macera, es cada vez menos utilizada porque existe confianza en el sistema peruano.

“En Ecuador ojalá contáramos con estabilidad política, pero si no, se debería tener una política de Estado que trascienda e impulse esta industria, clave para la economía nacional”, indicó Silva.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, agregó que tener estas condiciones que amparan al inversionista privado permiten atraer miles de millones de recursos, mientras a Ecuador últimamente no llega ni $500 millones al año. “Puede haber conflictos políticos en Perú, pero nada de eso afecta a esta industria porque el marco legal da estabilidad”.

Solo en 2024, Perú recibió 10 veces más recursos para el desarrollo de este sector que Ecuador. Captó $1.564 millones frente a $158 millones.

Las inversiones de Ecuador provienen principalmente de los proyectos a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, operativos desde 2019. Perú, en cambio, tiene más de 60 minas industriales.

En cuanto a ingresos económicos, durante 2024, las exportaciones mineras peruanas (en valor) fueron 15 veces más altas que las de Ecuador (ver gráfico).

Ante esta realidad, Benalcázar expresó que en el caso de respaldar la convocatoria del Ejecutivo para realizar una Constituyente es necesario trazar reglas claras para fomentar la inversión en esta industria. Pero si esta iniciativa no prospera, la Asamblea debe crear normas para que los inversionistas vuelvan su mirada a Ecuador. 

Perú tiene minas de cobre, oro, plata, pero ante el alza en el precio del oro (supera los $4.000 la onza) mineros ilegales se han tomado áreas aledañas a las concesiones formales para extraer el valioso metal. Este dilema junto con la conflictividad social y la tramitología son ahora sus desafíos.

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