Ecuador: Gobierno exige a las compañías que paguen la tasa minera

El Gobierno Nacional realizó este 8 de septiembre de 2025 un nuevo llamado a las empresas que se dedican a la actividad minera, y que aún no cancelado la tasa de fiscalización, a cumplir con esta obligación. Este pedido se sumó a las notificaciones de inicio de coactiva remitidas por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la semana anterior.

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“El Gobierno ecuatoriano es firme en llamar y exigir a las compañías que paguen la tasa minera porque es parte de la lucha que hemos emprendido en contra de la extracción antitécnica”, mencionó la portavoz del presidente Daniel Noboa, Carolina Jaramillo.

Jaramillo realizó este pronunciamiento a propósito de la publicación que realizó este lunes Diario EXPRESO sobre el ultimátum que dio la Arcom para que las compañías, que no hayan cancelado esta polémica tarifa en el plazo previsto, se pongan al día.

Además, la respuesta se dio tras una consulta sobre una denuncia de dirigentes indígenas de Perú respecto al presunto ingreso de grupos de delincuencia organizada (GDO) de Ecuador para extraer oro en la zona de la frontera. Jaramillo mencionó que confirmará la información con Cancillería.

Y, en ese contexto, mencionó que la tasa minera es clave porque se necesitan recursos para el combate de la extracción antitécnica de minerales, conocido como minería ilegal. “Es indispensable tener recursos, es un desafío enorme con el que lidia el Gobierno, porque está vinculada con los GDO, no es una actividad más, es una actividad que vincula varias delitos”, enfatizó.

Tasa minera: El plazo para pagar la tarifa venció el 31 de julio de 2025

Las empresas que tienen concesiones en mediana, gran minería, régimen general y licencias de comercialización debían cancelar hasta el 31 de julio de 2025 un proporcional de la tasa de fiscalización, creada en mayo pasado por la Arcom.

El sector, sin embargo, advirtió que esta tarifa era “inviable” porque afecta a esta industria especialmente en su etapa de exploración. Y supera incluso, en ciertos casos, los costos operativos. La Cámara de Minería del Ecuador (CME) citó, por ejemplo, que una firma debe pagar hasta $ 6,8 millones anualmente, más que sus costos de operación al año ( $ 2 millones).

Ante esta situación, el sector presentó ante la Corte Constitucional siete acciones en contra de la tarifa. Con esta medida se buscaba dejar en suspenso su aplicación mientras se resolvía el tema de fondo. Pero el máximo órgano de justicia aún no se ha pronunciado sobre este tema.

La imposición tiene como objetivo, entre otros, fortalecer a esta entidad para combatir la minería ilegal, según ha señalado el Gobierno.

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