Empresarios de Ecuador y Colombia exigen diálogo urgente y fin de aranceles
El sector pide frenar la escalada arancelaria y abrir diálogo presidencial. Advierten afectaciones en empleo, precios y más
Representantes del sector privado de Ecuador y Colombia se reunieron este 2 de marzo de 2026 en Quito para advertir sobre los efectos de la escalada arancelaria entre ambos países y pedir un diálogo urgente al más alto nivel.
Actualmente, Ecuador aplica una tasa de seguridad del 50 % a las importaciones colombianas, mientras Colombia mantiene una sobretasa del 30 % a productos ecuatorianos y evalúa medidas adicionales.
Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), sostuvo que el impacto de estas decisiones —adoptadas por los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro— no se limita a cifras comerciales. “Se trasladan a precios, inversiones y puestos de trabajo”, afirmó. Además, pidió leer los datos con cautela, pues muchas operaciones se adelantaron antes de que entren en vigor las restricciones, por lo que el impacto estructural podría sentirse con mayor fuerza en los próximos meses.
En este contexto, el CEE y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) solicitaron que el diálogo escale a nivel presidencial y que las medidas se suspendan mientras se concreta esa reunión. “No se trata de quién tiene la razón, se trata de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional”, enfatizó Navarro.
Integración entre Ecuador y Colombia está en riesgo
Bruce MacMaster, presidente ejecutivo de la ANDI, calificó la situación como “tremendamente preocupante” y recordó que la relación comercial entre ambos países es una de las más profundas de América Latina. Se trata de economías complementarias, con cadenas productivas diseñadas para abastecer al mercado vecino, incluso con empresas que colocan más del 70 % de su producción en el otro país.
El intercambio bilateral se acerca a $2.800 millones e involucra a más de 6.000 empresas colombianas, entre exportadoras e importadoras. Según MacMaster, ningún producto puede absorber sobrecargos de 30 % o 50 % sin perder competitividad, por lo que varias compañías podrían perder su viabilidad si la escalada continúa.
Los aranceles impactan en el PIB, empleo y precios
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), cuestionó la eficacia de la tasa de seguridad. Afirmó que por cada $1 recaudado se perderían $6 en importaciones formales, lo que podría desviar comercio hacia la informalidad.
También advirtió que la afectación a exportaciones e importaciones impactaría al Producto Interno Bruto en al menos 1 %, debido al efecto en toda la cadena productiva. La medida alcanza a 2.000 empresas en Ecuador y compromete alrededor de 200.000 empleos relacionados.
Caída de importaciones y presión en precios
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, alertó que encarecer el comercio formal favorece al contrabando. “Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece”, enfatizó.
Además, indicó que entre el 1 y el 21 de febrero las importaciones desde Colombia cayeron 69 % en valor y 61 % en número de operaciones, afectando a más de 7.600 importadores ecuatorianos.
Colombia es proveedor clave de medicamentos, alimentos, textiles e insumos médicos y agrícolas. En ciertos segmentos, como insumos para diálisis, la dependencia supera el 50 %. González advirtió que el traslado a precios será inevitable: un producto de $100 con una tasa del 50 % podría subir a $150.
Por esta razón, refirió que se han reducido las importaciones de los siguientes productos:
- Maquinaria y material eléctrico se ha reducido un 94 %
- Químicos diversos, se redujo un 89 %
- Productos de limpieza, 74 %
- Plásticos y manufactura, 64 %
- Reactores y maquinaria mecánica, 79 %
- Productos farmacéuticos, 45 %
- Aceites esenciales y cosméticos, 60 %
- Insumos médicos, más del 50 %
- Material genético avícola más del 80%. Entre otros productos.
Exportaciones hacia Colombia está en riesgo
Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, estimó que el riesgo inmediato por la escalada es de al menos $25 millones mensuales y podría alcanzar $75 millones si se amplían los aranceles. Señaló que 40.000 empleos directos dependen de la cadena exportadora, en logística, producción, comercialización.
Citó el caso de una empresa manufacturera de la Sierra centro, con 1.500 colaboradores, que destina 74 % de sus exportaciones a Colombia y que quedaría fuera del mercado vecino con una mayor carga arancelaria.
Rosero anunció la creación de una mesa nacional de seguridad con sectores exportadores para aportar soluciones técnicas frente al problema de inseguridad, pero reiteró que la seguridad debe enfrentarse en ese ámbito y no mediante barreras comerciales.
