Transportistas dicen que pierden $20.000 diarios tras aplicación de arancel del 50 %
El Gobierno dice que la tasa del 50 % fortalecerá la seguridad y producción nacional, pero transportistas reportan pérdidas
La sobretasa del 50 % que Ecuador aplica a Colombia desde este domingo 1 de marzo de 2026 ha abierto un nuevo frente de tensión comercial y política en la frontera norte. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, ha defendido activamente la medida en la red social X, asegurando que se trata de una decisión necesaria para presionar un mayor control en la frontera y minimizar el paso de droga hacia territorio ecuatoriano.
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“Ratifico mi total convencimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. No puede haber divisiones cuando se trata de buscar el bien mayor para todos los ecuatorianos”, escribió. Añadió que el país debe “utilizar todas las cartas en mano” y que la coyuntura actual exige determinación.
El ministro sostuvo que, si la respuesta del Gobierno colombiano se demora y la tasa se mantiene por varios meses, “habrá ajustes”, en referencia a que existirán sectores ganadores y perdedores. No obstante, afirmó que el efecto neto será favorable: más producción nacional, más empleo digno, más inversión y un fortalecimiento industrial, con un aporte proyectado de 0,6 % anual al PIB. También recalcó que no se prevén incrementos estructurales de precios al consumidor y que existen fuentes alternativas de suministro para absorber el impacto.
"Cuando menciono que habrá ajustes, me refiero a que existirán tanto ganadores como perdedores. Si la medida se mantiene vigente, no habrá modificaciones en su aplicación; sin embargo, el efecto neto será favorable para el Ecuador.", recalcó Jaramillo.
Sí hay pérdida económica, dicen los transportistas
Sin embargo, en la frontera la lectura es distinta. Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, indicó a Diario EXPRESO que antes de la medida unos 50 tráileres ecuatorianos cruzaban a diario con carga hacia Colombia. Ahora, con el comercio prácticamente paralizado por los altos aranceles, las pérdidas ascienden a unos 20.000 dólares diarios para ese grupo de transportistas.
Ante este escenario, el gremio anunció una marcha pacífica para este lunes 2 de marzo de 2026, que partirá desde Bolívar hasta Tulcán. Allí prevén reunirse con autoridades ecuatorianas para conocer qué soluciones concretas plantea el Gobierno.
En medio de la controversia, 13 exministros de Comercio Exterior y Producción de Ecuador y Colombia difundieron un comunicado en el que piden restablecer el diálogo. El exministro Julio José Prado señaló que es necesario desmontar de manera urgente las medidas restrictivas que se han convertido en una guerra comercial. “La guerra al narcotráfico no se da con una guerra comercial”, afirmó.
Por su parte, el exministro Daniel Legarda recordó que ambos países comparten más de 200 años de historia común y que el comercio bilateral bordea los 3.000 millones de dólares, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos, un círculo virtuoso que —dijo— debe precautelarse y profundizarse.
La solución planteada no es viable en la brevedad
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista con Radio Centro, planteó como alternativa incentivar rutas hacia otros mercados con apoyo de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), buscando conexiones con Perú, Bolivia y Brasil. Sin embargo, Bastidas considera que esa no es una solución inmediata. Abrir nuevos mercados implica establecer contactos comerciales, adecuar documentación, coordinar choferes y cumplir nuevas exigencias técnicas.
En el caso de Perú, explicó, existen estándares ambientales más estrictos: se exige combustible Euro 4 con 50 partes por millón de azufre, mientras que en Ecuador el diésel alcanza 250 partes por millón. Esta diferencia ha generado multas de entre 4.000 y 6.000 dólares para transportistas ecuatorianos. Además, la flota peruana es más moderna, mientras que en Ecuador la renovación vehicular es limitada por los altos costos.
La sobretasa del 50 % se presenta desde el Ejecutivo como una herramienta de presión en materia de seguridad y una apuesta por fortalecer la producción nacional. No obstante, en la frontera ya se evidencian impactos económicos concretos y preocupación en sectores como el transporte pesado. Entre la estrategia de firmeza del Gobierno, el llamado al diálogo de exministros y las demandas de los gremios, el desenlace dependerá de la respuesta de Colombia y de la capacidad de ambos países para equilibrar seguridad y comercio sin profundizar la ruptura económica.
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