Bananeros anuncian acciones legales contra decreto para regularizar plantaciones
Los productores aseguran que la medida afectará especialmente a los pequeños bananeros de El Oro. No descartan movilizaciones
Los productores bananeros de la provincia de El Oro anunciaron este jueves 27 de noviembre que emprenderán acciones legales contra el Decreto Ejecutivo 231, emitido por el Gobierno Nacional, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para registrar e inscribir plantaciones de banano, plátano, barraganete y otras musáceas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante una rueda de prensa realizada en Machala, representantes del Centro Agrícola de Machala, el Centro Agrícola de El Guabo, asociaciones de productores y dirigentes de Pasaje calificaron la medida como “inconstitucional, perjudicial y hecha para favorecer a grandes agroexportadores”.
El eje central del reclamo gira en torno a que la ampliación del registro —que en la práctica permite legalizar siembras realizadas sin autorización— provocará sobreproducción, caída de precios y desplazamiento del pequeño agricultor.
Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, denunció que el decreto “da carta blanca” para que grandes grupos económicos amplíen sus áreas de cultivo mientras los medianos y pequeños quedan sin herramientas para competir.
“Este decreto pone en riesgo la supervivencia del pequeño productor. Permitir registrar siembras hasta el 2026 legaliza plantaciones irregulares y abre la puerta a una expansión descontrolada”, afirmó.
Temor por la expansión de grandes fincas
Los productores sostienen que, mientras El Oro ya no tiene espacio para nuevas siembras, los grandes agroexportadores están comprando tierra en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Manabí, lo que —según ellos— confirma que el decreto beneficiará principalmente a ese sector.
“Las grandes empresas podrán sembrar miles de hectáreas más, y cuando llenen sus cupos ya no necesitarán comprar la fruta de los pequeños. Esa es la preocupación real”, añadió Solano.
Durante la rueda de prensa se mencionó que en la provincia existirían entre 4.000 y 5.000 hectáreas sembradas de manera irregular, que con el decreto podrían ser incorporadas al sistema de forma legal sin sanciones ni controles previos.
Cuestionan falta de estudios técnicos y transparencia
Los dirigentes también criticaron que la normativa se haya emitido sin estudios oficiales sobre la cantidad de hectáreas perdidas por el hongo Fusarium R4T, el impacto real de las siembras irregulares o la relación entre oferta y demanda internacional.
Urbano Mancilla, productor de El Guabo, señaló que “no existen cifras oficiales, no se transparenta la realidad del sector. Se gobierna sin estudios técnicos y sin escuchar a los que producimos la fruta”.
Según estimaciones del propio sector, Ecuador habría perdido más de 7.000 hectáreas por enfermedades y tendría al menos 10.000 hectáreas sembradas sin registro, aunque el MAG no ha emitido cifras actualizadas.
Posibles impactos económicos
La provincia de El Oro cuenta con 3.819 productores, de los cuales cerca de 3.000 son pequeños y medianos. Los dirigentes sostienen que, si se permite la expansión masiva de nuevas siembras, la oferta superará la capacidad de compra de las exportadoras, generando un colapso en los precios.
“No solo hablamos de producción: hablamos de miles de familias que dependen directamente del banano. Esto puede provocar más pobreza y migración”, advirtió un dirigente de Pasaje.
Los productores confirmaron que su equipo jurídico ya prepara una demanda ante la Corte Constitucional y que próximamente presentarán argumentos sobre la presunta vulneración de derechos como el trabajo, la igualdad económica y la seguridad jurídica.
“No vamos a permitir que desaparezcan nuestras unidades productivas. Vamos nuevamente a la Corte Constitucional y, si es necesario, haremos movilizaciones pacíficas”, señalaron.
“Así como llegamos a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional antes, hoy lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que desaparezcan nuestras unidades productivas”, puntualizó Solano.
Los productores indicaron además que se encuentran coordinados con organizaciones agrícolas de Guayas, Los Ríos, Manabí, Cotopaxi y Esmeraldas, en rechazo nacional al Decreto 231.
