Acoso laboral: nuevas pautas para denunciar y protocolos obligatorios para empresas

El Ministerio de Trabajo emitió dos nuevos acuerdos que establecen pautas claras para denunciar el acoso laboral en Ecuador, tanto en el sector público como en el privado. Las empresas deberán crear protocolos internos para prevenir y atender casos de violencia, discriminación y acoso, además de respetar la desconexión digital de los empleados.

Emilia (nombre protegido), quien labora para una institución pública en Guayaquil, cuenta que en ocasiones trabaja hasta más de 40 horas a la semana y no recibe el pago de horas extras. Así lo cuenta la mujer de 35 años, quien prefiere la reserva de su apellido. Ella dice que, por orden de su directora, el trabajo debe hacerse aun en días de descanso si así lo requiere.

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“Ella dice que quien que no atiende las llamadas un sábado o domingo, que vaya buscando otro trabajo. Ha prohibido los tacones y audífonos en la oficina y hasta no suele dar permiso para acudir a sepelios de familiares. Un día me enfermé y el doctor de la institución dijo que debía ir a casa para descansar por tres días. Como eran las 16:00, mi jefa le indicó al médico que no me dejaría ir porque la salida era a las 17:30. Después de una discusión, me dejó ir, pero tuve que hacer teletrabajo estando enferma para que no me despidiera”, contó la funcionaria.

Este tipo de prácticas en las que un colaborador se siente “explotado” y “acosado laboralmente” por su propio jefe se encuentra ya normado. El Ministerio de Trabajo emitió el reglamento para atender denuncias de este tipo, que en ocasiones no se hacen por miedo a perder el empleo, como ocurre con Emilia.

Como este, hay decenas de casos de explotación y acoso laboral que se han venido acumulando como denuncias ante el Ministerio de Trabajo y como quejas ante los departamentos de Recursos Humanos de las diferentes empresas, según ha indicado la ministra de esa cartera de Estado, Ivonne Núñez.

Las acciones del Ministerio de Trabajo

Un hecho que motivó al Ministerio de Trabajo a emitir dos acuerdos ministeriales en este mes de agosto sobre acoso laboral: uno para el sector público y otro para el privado, con la intención de prevenir, proteger y sancionar más casos de discriminación, violencia y acoso en las instituciones y empresas, y para que casos como los de Emilia puedan ser denunciados sin que esto implique el riesgo de perder el puesto.

De acuerdo con los datos de Trabajo, en el año 2024 en Ecuador se registraron 1.147 casos de acoso laboral. De estos, 693 denuncias fueron del sector público y alrededor de 400 del sector privado. La cantidad total de denuncias del año pasado representó un aumento del 63 % respecto a 2023.

Estos nuevos acuerdos además responden a la necesidad de aplicar la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, aprobada en 2024. “El Ministerio sí ha registrado denuncias al igual que el sistema judicial en juicios laborales. Era una obligación emitir un acuerdo ministerial para la discriminación, violencia y acoso laboral en los dos ámbitos: público y privado, porque así lo dispuso la Corte Constitucional en 2021 y el Pleno del Legislativo en 2024”, menciona la ministra.

¿Qué específicamente dicen los nuevos acuerdos ministeriales?

En el caso del sector público se establecieron medidas inmediatas para resguardar la integridad de los denunciantes, como parte de la protección a víctimas y testigos.

Además, a través de ese nuevo acuerdo se regulan las conductas ocurridas fuera del lugar de trabajo, como en viajes, eventos o comunicaciones digitales.

Y por último, uno de los puntos más importantes del nuevo reglamento es que se considera forma de violencia el no respetar el derecho a la desconexión. Es decir, es considerado acoso llamar o enviar mensajes a los trabajadores en sus días de descanso o fuera del horario laboral para que sigan trabajando.

En este punto, el Ministerio hace excepciones. Pues señala que el acoso no aplicaría siempre que haya un acuerdo entre las partes (empleador y trabajador); cuando al empleado que se llame por celular, redes o correo tenga un cargo de mando como gerente, jefe o director; o si se trata de una emergencia.

Pero los acosos no ocurren únicamente en el ámbito público. Aura, quien también prefiere mantener en reserva su apellido, dice que estuvo a punto de denunciar a su jefe, pero una nueva propuesta laboral la llevó a abandonar su empleo por uno nuevo y olvidar los “abusos” de su superior.

“Es una empresa jurídica que daba servicios legales a otras compañías. El jefe nos repetía a todas las chicas que estaba prohibido que saliéramos embarazadas. Y cuando alguien pedía vacaciones, aun comprando vuelos, a última hora le decía que había nuevo trabajo y que no podía viajar”. Ella recuerda que también sufrió discriminación en su antiguo empleo.

En los tres primeros meses de este 2025, el Ministerio de Trabajo ha recibido 302 denuncias por acoso laboral.

El acuerdo ministerial para el sector privado, en cambio, demanda la obligación a las empresas privadas de crear un protocolo interno para prevenir y atender casos de acoso, violencia y discriminación. Un reglamento que incluya no solo a los empleados fijos, sino también a pasantes, voluntarios y prestadores externos.

Las empresas tienen hasta antes del 21 de octubre de este 2025 para registrar el protocolo en el sistema oficial. Las firmas que no cumplan podrían ser sancionadas con una multa de hasta 20 salarios básicos unificados. Es decir $9.400, considerando la referencia para este año, que es $470 (ver gráfico).

Para la abogada y experta laboral Vanessa Velásquez, lo novedoso de estos dos nuevos acuerdos desde Trabajo es justamente este protocolo interno que deben crear las empresas, ya que señala que aquello permitirá a las compañías tener mayor control de los casos.

“Además, que se exijan las 50 horas de capacitaciones a los trabajadores en estos temas también aporta a que los trabajadores conozcan sus derechos y puedan pedir que se cumplan”, menciona y añade otro punto que trae el acuerdo. Las nuevas directrices para el sector privado también obligan a las empresas con 10 o más trabajadores a que implementen programas específicos para la prevención de riesgos psicosociales y prohíbe cualquier forma de represalia directa o indirecta contra quienes denuncian.

Otro de los puntos claves de las nuevas reglas al sector privado es que se eliminan las fases de conciliación y toda la acusación inicia por una denuncia formal.

Para Velásquez, este punto no aporta a que se creen garantías para mejorar el ambiente laboral. “El hecho de que se eliminen las fases de conciliación creo que no es un buen aporte, porque siempre el espacio de conversar, resarcir, prevenir debería estar presente”, considera.

“El acoso laboral en Ecuador y en el mundo es un fenómeno que se viene dando hace mucho y que se ha invisibilizado precisamente por el temor de perder un empleo, ya que en el país no tenemos buenas garantías de conseguir otro trabajo después de denunciar; pero eso ya debe cambiar”, añade la experta.

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