Concurso para fiscal: Todo amarrado para el gran fraude |Por Roberto Aguilar

Ya nadie duda de que el proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado es un fraude de proporciones épicas y que ese fraude seguirá en marcha por escandaloso que resulte y por muchas y muy sustentadas que sean las denuncias que se presenten en su contra. Seguirá en marcha con desvergüenza y contra todo sentido del decoro.

(NO TE PIERDAS: Una de las comisionadas con menor puntaje preside comisión del concurso para fiscal)

La reciente designación de una abogada junior (esa era su función en el estudio jurídico en el que trabajaba) para presidir la Comisión Ciudadana de Selección, demuestra que los gestores de este fraude, con el presidente del CPCCS Andrés Fantoni como ejecutor en jefe, ya no se molestan ni siquiera por disimular y guardar las formas. 

Ese mismo día (miércoles 28), horas antes, en una vergonzosa sesión del pleno del CPCCS que pasó inadvertida en medio de tanto ruido y tanta porquería, el propio Fantoni había comandado el operativo para neutralizar a la veeduría ciudadana dizque avalada por él mismo y, así, restar importancia a sus contundentes observaciones. Lo que está ocurriendo es una inmoralidad y el país está indefenso ante sus perpetradores. 

Una abogada junior a cargo de la comisión

Con 27 años de edad y apenas dos de haber inscrito su título universitario, Cynthia Jacho, hasta antier abogada junior del estudio jurídico Martínez & Martínez, presidirá la Comisión Ciudadana de Selección cuyo trabajo consiste en evaluar aspirantes a quienes la Constitución exige un mínimo de diez años de ejercicio de la profesión “con idoneidad y probidad notorias”. 

Y lo que viene es aún más inaudito: a su falta de experiencia se suma su incapacidad demostrada. En el concurso para integrar la Comisión, Jacho fue la peor calificada de todos los integrantes: sacó 17,5 sobre 50, un puntaje que debiera inhabilitarla para estar ahí. 

Pero como habilitados, lo que se dice habilitados, no hay sino siete entre 20 (los otros 13 no cumplen por lo menos uno de los requisitos), parece que decidieron no hacerse lío por tan poco. A los ciudadanos debe bastarles con saber que, si Jacho decidiera estudiar Derecho nuevamente, no podría: reprobaría cualquier examen de ingreso. Ahora va a elegir fiscal general del Estado.

Un vicepresidente cuestionado

Si alguien cree que nada puede ser peor que esta presidenta, espere a ver al vicepresidente. David Eduardo Flores, que llegó a la Comisión Ciudadana de Selección como representante del poder Ejecutivo y con certificado de “acreditación de trayectoria y compromiso cívico” extendido por el entonces ministro de Inclusión Harold Burbano, está siendo investigado por la Fiscalía en relación con un pavoroso caso de maltrato de 21 niños y adolescentes de la Casa Hogar General Enríquez Gallo. Los hechos ocurrieron a partir de agosto de 2024, cuando Flores era subsecretario de Protección Especial. Sobre él pesa una orden de alejamiento ratificada por una jueza de la niñez, según recuerda la activista de los derechos de los niños Sybel Martínez, quien siguió el caso de cerca. 

Una novata con cero experiencia en litigio penal y un funcionario investigado por la Fiscalía: están ahí porque pueden ser manipulados y ese parece ser el requisito fundamental para integrar la Comisión Ciudadana de Selección. Junto a Jacho y Flores figuran, entre los encargados de elegir al nuevo fiscal general del Estado, el fotógrafo de Diana Atamaint (sí, el fotógrafo); el asistente de Luis Alberto Cabezas Klaere, superintendente de Compañías que utiliza ese organismo como herramienta de presión y de persecución política; la asistente de Daniela Camacho, jueza que hasta hace poco aspiraba a ocupar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia con el apoyo decidido de los trolls y los medios pagados del gobierno… No es difícil imaginar el perfil del fiscal que saldrá elegido de este concurso, si no está elegido ya y el concurso nomás es un simulacro para legitimarlo (hay quien sinceramente cree que eso es así).

Una veeduría acorralada

Lo de las veedurías es otro de los rostros de la misma farsa. Fantoni dirá que son el alma de la participación ciudadana, que son su prioridad más absoluta, la razón de ser del organismo que preside… Se prodigará en artificios retóricos, zalameros y empalagosos, para dar la bienvenida a los veedores; les dirá “esta es la casa de ustedes, la casa ciudadana”; alabará “su gran, noble y cívica participación”; dirá “labor importantísima”, “labor patriótica” … Y, llegado el momento, les clavará por la espalda el puñal que traía escondido bajo el poncho. 

Porque si algo quedó demostrado en la sesión del pleno de este miércoles 28 de enero es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la tumba de la participación ciudadana y del control social. Y que no se podía encontrar mejor operador para esta gran mentira que el farsante y charlatán Andrés Fantoni.

Todo parece diseñado para que el sistema de veedurías termine siendo neutralizado por los propios veedores. Una apertura indiscriminada termina resolviéndose en cifras inmanejables: por ejemplo, en este proceso para elegir al nuevo fiscal, 324 se inscribieron para participar desde sus propias provincias, cantones y parroquias en todo el país. 

Por supuesto no tienen un lugar donde celebrar sus sesiones; el CPCCS ni siquiera les facilita un sistema digital que impida que el zoom gratuito se les caiga cada 40 minutos. Pero deben reunirse y elegir a un coordinador, que será su vocero para todos los efectos. Milagrosamente, en febrero del año pasado, los 250 primeros inscritos (o los que quedaban activos, porque un gran porcentaje deserta) habían logrado nombrar a uno: Hugo Arteaga. 

En septiembre, Fantoni se las arregla para incluir 70 nuevos veedores, algunos de los cuales desconocen a Arteaga como coordinador y se convierten en veedores de la veeduría (¿esa era su consigna?). Estas diferencias terminan por boicotear todo el proceso. En la sesión del miércoles 28, el coordinador Arteaga fue recibido por el pleno para presentar su informe parcial de veeduría. Durante 20 minutos expuso una serie de hallazgos que bastarían para descalificar todo el proceso de elección de integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección si tan sólo se tomara en serio su trabajo. Hubo, según el informe de Arteaga, recepción extemporánea de documentos: a pesar de que el plazo para presentar la información de los postulantes es improrrogable, según manda el reglamento, el pleno del CPCCS resolvió extenderlo cinco días en beneficio de unos pocos. Hubo omisión de etapas reglamentarias obligatorias: el informe final de calificación de postulantes se emitió sin cumplir con la sesión de revisión colegiada que está prescrita, es decir, sin debate técnico y jurídico. Hubo alteración de resultados sin la debida motivación: carpetas de postulantes que habían desaparecido del proceso por incumplimiento de requisitos volvían a aparecer en sesiones posteriores… ¡Y calificaban!

Curiosamente, una vez expuesto este informe ante el pleno y abierta la fase de preguntas al coordinador de la veeduría, ninguno de los integrantes del CPCCS se interesó por el detalle de estos hechos escandalosos que no han sido desmentidos. En su lugar, exigieron explicaciones sobre la manera como se elaboró el informe: si se debatió su contenido; si lo firmaron al menos la mitad más uno de los veedores; si hubo sesiones oficiales y cuántos asistieron… En ningún momento los consejeros parecieron considerar el hecho de que el número de veedores era inmanejable y que más de la mitad de ellos no participaron activamente en el proceso. A lo mejor estaban inscritos en masa precisamente para eso: para no participar. En cambio, recibieron a una de las disidentes del segundo grupo (de los que entraron en septiembre para ser veedores de los veedores) y le pidieron exponer lo que llamaron “su informe individual”.

Yadira Cadena dijo que todo el proceso de elección de la Comisión Ciudadana de Selección había sido impecable, que el problema estaba en la veeduría. Y arrancó: instrumentalización política coincidente con agendas de partidos en la Asamblea; intentos de paralización del concurso; informalidad de sesiones y debates… Y como si el “informe individual” de una veedora cualquiera tuviera el mismo valor que el informe oficial del coordinador de veeduría, representante y vocero para todos los efectos, el pleno del CPCCS aprobó los dos informes en plano de igualdad: dos informes contradictorios. Es decir: no aprobó nada. Todo recogido y documentado por la veeduría oficial terminó siendo neutralizado por el “informe individual” de una veedora que a lo mejor entró ahí precisamente para eso: para boicotear.

Hecho lo cual se procedió a la elección de autoridades del Comité Ciudadano de Selección con los resultados ya analizados: una abogada junior como presidenta y un funcionario con un rabo de paja de aquí a Roma como vicepresidente. Y así, atropellando no ya todos los procedimientos, leyes y reglamentos (que también) sino hasta los elementales y básicos principios de la ética pública y de la simple y clara lógica formal, el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado avanza implacable hacia su desenlace anunciado. 

Ya pueden pararse de cabeza los colegios de abogados y las facultades de derecho; ya pueden levantar su voz de indignación los juristas más probos y las figuras públicas que tras una vida de servicio a la comunidad se han convertido en autoridades morales del país… Nada ni nadie detiene este proceso. El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado avanza precisamente hacia la construcción de un nuevo Ecuador libre al fin de referentes éticos, en el que las autoridades morales carezcan de influencia y la probidad no cuente para nada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!