Comisión recibe a Contraloría y Finanzas en análisis de reforma urgente al Cootad
La Contraloría General del Estado informó que 206 de 741 auditorías a GAD presentan indicios de responsabilidad penal
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional sesionó de manera virtual para continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La jornada se desarrolló el lunes 16 de febrero y forma parte del análisis previo al segundo debate de la iniciativa.
El proyecto fue remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 27 de enero de 2026. La propuesta fue calificada como urgente en materia económica.
Comparecencias ante la Comisión
Durante la sesión, y antes de la elaboración del informe para segundo debate, la Comisión recibió a varios funcionarios públicos. Entre ellos participó Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, quien expuso los resultados de las acciones de control ejecutadas por la entidad.
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Sulca informó que el contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, remitió a la Asamblea Nacional un informe detallado sobre las acciones de control realizadas y planificadas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Precisó que se analizaron 3.412 entidades a escala nacional, de las cuales 1.830 pertenecen al sector seccional.
Auditorías y hallazgos en los GAD
Según explicó la funcionaria, las auditorías se concentraron en áreas como contratación pública, talento humano, gestión de ingresos y cumplimiento de obligaciones con grupos de atención prioritaria. Estas acciones se ejecutaron “con énfasis territorial” en provincias como Pichincha, Guayas y El Oro, donde, según precisó, se registra el mayor volumen de informes y riesgos en la gestión pública.
Además, señaló que, de los 741 informes de control elaborados entre enero de 2024 y febrero de 2026, 206 contienen indicios de responsabilidad penal. Esto significa que una de cada cuatro auditorías evidenció posibles delitos contra la administración pública, concentrados principalmente en municipios.
Respaldo del Ejecutivo y reglas fiscales
Por otra parte, Daniela Contento, viceministra de Economía y Finanzas, expresó su respaldo a la reforma planteada. A su criterio, la propuesta establece reglas fiscales claras y previsibles que permitirán racionalizar y hacer más eficiente el gasto de los GAD.
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Esto, debido a que, pese al incremento de las asignaciones a los GAD —que pasaron de cerca de $ 2.900 millones, en 2023, a más de $ 3.200 millones, en 2025—, una parte significativa de los recursos se ha concentrado en gasto corriente. Esa situación ha limitado la inversión en obra pública, manifestó la funcionaria.
Por ello, especificó que la normativa emitida por el presidente Daniel Noboa buscaría corregir esta tendencia y asegurar que al menos el 70 % de los recursos se destinen a infraestructura y servicios. Según explicó, con este marco normativo se pretende preservar fondos para inversión pública en áreas prioritarias como salud, educación, vivienda y servicios básicos.
Planificación y articulación territorial
En cambio, para Edwin Sumba, subsecretario de Planificación, es indispensable que la planificación territorial de los GAD se articule de manera obligatoria con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Según explicó, esta coordinación debe cumplirse en apego a la Constitución y al marco legal vigente, a fin de garantizar coherencia en la gestión pública y en la ejecución de proyectos.
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