Asamblea Constituyente, una oferta de campaña y un riesgo innecesario

Hacerse el gil con la oferta de la Asamblea Constituyente sería lo más conveniente para el nuevo gobierno de Daniel Noboa que se inaugura este 24 de mayo. O, más bien, lo más conveniente para el Ecuador.

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Aunque fue una oferta de campaña y Noboa ganó con el discurso de que es necesaria una nueva Constitución para solucionar las terribles perversiones institucionales heredadas de la novelería de Montecristi, lo cierto es que por donde se mire el tema, los riesgos de una Constituyente para el gobierno y para el país son mayores que si fuera la Asamblea la encargada de hacer las reformas parciales que podrían subsanar los defectos del sistema político vigente.

La inconveniencia de una Constituyente se explica, primero, por potentes motivos procedimentales: es una iniciativa que demanda una enorme cantidad de tiempo (mínimo año y medio) y de procesos constitucionales engorrosos que podrían terminar con el brío con el que Noboa va a arrancar su segundo mandato. Como ya lo ha señalado la Corte Constitucional, primero el gobierno tendría que enviar a ese organismo un escrito con las razones políticas y sociales que demuestren que el camino de las reformas parciales (Asamblea) es insuficiente para conseguir una transformación institucional que sea conveniente para el país. 

Luego, si ese primer paso es aprobado, el gobierno debería someter a la misma Corte Constitucional la pregunta con la que se convocaría un referéndum para que se apruebe la iniciativa. 

La pregunta sería aprobada únicamente si no tiene doble sentido y si es directa. Luego viene lo que para muchos es uno de los puntos más importantes en el proceso: el estatuto para la convocatoria y el funcionamiento. Ahí se debe establecer la forma de elección, los distritos electorales, la representación de las minorías, la adjudicación de escaños y otros temas relacionados con todo lo que significa el funcionamiento del nuevo organismo.

Ese estatuto debe ser preparado por el Ejecutivo y sometido al voto en el referéndum de aprobación. En efecto, con todo eso, el siguiente paso es el del referéndum, es decir que una mayoría de votos decida aprobar que haya una nueva Constituyente. Esa sería recién la primera votación de un total de tres: si es aprobada la pregunta luego habrá que elegir, en una votación popular, a los constituyentes, es decir a los representantes que redactarán la nueva Constitución. Y cuando el texto esté listo y aprobado por la Constituyente, recién viene el tercer proceso electoral: el de la aprobación.

En otras palabras, un proceso para instalar la Constituyente tomaría tres procesos electorales, cada uno con el alto costo económico que significa y con los riesgos políticos que conllevan. 

¿Y si el correísmo capta a los constituyentes?

¿Qué pasa si el viejo caudillismo correísta se impone a la hora de que se elijan los representantes y esa Constituyente decide poner en riesgo la estabilidad del nuevo régimen? Es decir, existe el riesgo de crear algo así como un Frankenstein, porque en el caso de una Constituyente nada ni nadie garantiza que quien la convoca va a controlarla.

Voces cercanas al gobierno, como la de Enrique Herrería, exjuez de la Corte Constitucional, han mencionado la posibilidad de que la Constituyente sea convocada sin la intervención de la Corte e integrada por representantes de determinados grupos o por una suerte de notables y expertos. Sin embargo, esa posibilidad ya fue descartada por la misma Corte Constitucional. Ese sistema de representantes elegidos por gremios era común en los años 60 o 70 del siglo pasado. La Corte Constitucional ha dicho que únicamente la votación popular y directa es posible para este paso.

Se dirá, y con razón, que la consolidación del correato fue posible porque Rafael Correa y los suyos corrieren todos los riesgos. Sin embargo, el ecosistema político del Ecuador en estos momentos es muy distinto al que había en 2007, cuando se convocó a ese proceso que apuntaló el correato. Ahora hay un país más polarizado y con potentes fuerzas relacionadas con las mafias que podrían incidir en los resultados para luego usar a sus representantes para que manejen el país a su antojo. 

¿La Constituyente le conviene al Ecuador?

Existen además otros motivos más bien conceptuales que hacen que una Constituyente no sea lo que le conviene al país. Por ejemplo, el que este proceso se convierta en un precedente que legitime a otro similar que podría ocurrírsele al gobierno que suceda al de Noboa.

Si luego de la experiencia de Correa viene la de Noboa, entonces existe la posibilidad de que en cuatro o diez años aparezca otro caudillo refundacionista con otra Constituyente en mente. También está el de las incertidumbres que produce un proceso así: si los mercados no confían en el Ecuador por su ecosistema político, mucho peor sería la situación con tres elecciones en camino.

Frente a todos estos problemas está, en cambio, la perspectiva de una Asamblea donde el gobierno de Daniel Noboa, muy posiblemente, tendrá una mayoría importante que le podría permitir hacer las reformas en las que existe consenso sobre lo que hay que hacer, como por ejemplo el modificar o eliminar la anomalía institucional que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un invento del correísmo para concentrar el poder.

La Constituyente fue una oferta de campaña de Daniel Noboa, pero los costos de su puesta en marcha podrían ser grandes. Costos que, se sabe, están siendo analizados en el seno del gobierno.

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