Asamblea Constituyente: la oportunidad para una reforma electoral profunda
El cambio podría evitar que las organizaciones políticas sigan funcionando como franquicias electorales
Si Ecuador avanza hacia una Asamblea Constituyente, uno de los puntos más urgentes a reformar será el sistema de partidos políticos. Durante años, el modelo ha permitido la proliferación de organizaciones clientelares que se activan en época electoral y se extinguen cuando desaparecen sus líderes. Actores políticos y electorales coinciden en que, sin cambios estructurales, el país continuará con partidos de alquiler, sin militancia real ni ideología definida.
“El Ecuador, desde mi punto de vista, no tiene partidos políticos”, dijo el asambleísta electo por ADN, Andrés Castillo. Aunque aclaró que no habla en nombre de su bancada o de su partido, indicó que en el país “hay organizaciones clientelares que abren sus puertas cada vez que hay elecciones y el resto del tiempo permanecen cerradas”. Según él, muchas de estas agrupaciones se han degenerado, pues “se han convertido en sitios de negocio para sus líderes o dirigentes, que han hecho de estos espacios lugares de alquiler”. Es común, explicó, que personas se acerquen “faltando un mes para las inscripciones, inclusive en algunos casos ponen un bisel encima y pueden ser candidatos”.
La falta de militancia activa y el uso indiscriminado de firmas, en lugar de afiliaciones reales, han facilitado la existencia de más de veinte partidos nacionales y cientos de organizaciones locales. “No tiene sentido que haya 23 organizaciones políticas y más de 200 entre provinciales, cantonales y parroquiales, y que todas hayan tenido firmas suficientes para poder inscribirse”, reclamó Castillo. A su criterio, “es fundamental ser mucho más rigurosos en el proceso de inscripción de los partidos políticos y en su funcionamiento”. Sugiere que, en lugar de firmas sueltas, se exijan fichas de afiliación verificables.
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Aunque estas propuestas no han sido aún socializadas dentro de su bancada, Castillo considera que podrían incluirse en una eventual Constituyente porque “son temas que la ciudadanía clama”, afirmó, y añadió que la tarea del bloque será “ponerlo en formato legal, en formato constitucional y hacer que esas aspiraciones populares se conviertan en ley de la República”.
Las reformas que urgen al sistema político ecuatoriano
Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), su consejero José Cabrera coincide en que hay reformas pendientes, aunque advierte que el margen de acción institucional está limitado. “Se necesita hacer las reformas un año antes de cualquier proceso electoral. Entonces, el tiempo ya no lo tendríamos”, señaló. Sobre el debate de si el CNE debería asumir competencias sancionadoras para actuar como árbitro durante la campaña electoral, Cabrera fue enfático: “Nosotros somos un órgano administrativo (…) el Consejo Electoral tiene sus funciones y el Tribunal Contencioso Electoral, las suyas”.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, apuntó a cambios más radicales: “Si se aplica la actual ley y se les obliga a que todos los partidos y movimientos tengan afiliados o adherentes empadronados y registrados, se acaba el fraude”, dijo, en referencia a los partidos “de alquiler”. Además, el experto en materia electoral propone obligar a los partidos a “renovar sus directivas cada dos años y a dedicar el fondo partidista exclusivamente a capacitación y educación política”. También cuestiona que la política se convierta en un atajo sin méritos: “Es perfecta la integración, pero el hecho de ser mujer o joven no le da derecho a ser electo. Si no profesionalizamos la política, cualquier persona termina como candidato”, aseguró.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, indicó -en una entrevista del 28 de abril en Vera a su Manera- que una nueva Constitución no debería ser una “camisa de fuerza para los futuros gobernantes”, como lo ha sido, a su criterio, la Constitución de 2008. Aclaró además que se necesita “una refundación del país”, liderada por la administración del presidente Daniel Noboa.
La reforma político-electoral será un punto crítico en la Constituyente, al amenazar los intereses de partidos que operan como estructuras temporales y personalistas.
Reformas electorales y fragilidad partidaria
Ecuador ha vivido una evolución constante de su sistema electoral desde el retorno a la democracia en 1979. En ese año, se estableció un Tribunal Supremo Electoral controlado por el Congreso, en un contexto donde el voto era obligatorio solo para ciudadanos alfabetos. La apertura del sistema comenzó en 1994 con la autorización de candidaturas independientes, aunque el sistema partidario seguía altamente concentrado.
Tras la crisis política de 1997-1998, la Constitución de 1998 introdujo el voto preferente y listas abiertas, impulsando una mayor personalización de la política. Sin embargo, la inestabilidad continuó, lo que llevó a otra refundación institucional con la Constitución de Montecristi (2008). Esta reorganizó la función electoral en dos organismos: el CNE, encargado de administrar procesos, y el TCE, de resolver disputas.
El nuevo marco legal se consolidó con el Código de la Democracia (2009), que buscó profesionalizar los partidos mediante cuotas de género y juventud, requisitos mínimos de afiliación, y financiamiento estatal atado a resultados. A pesar de estos esfuerzos, los partidos de alquiler persistieron. Reformas posteriores modificaron el método de asignación de escaños -de Hare a D’Hondt (2012) y luego a Sainte-Laguë (2020)- y reintrodujeron listas cerradas, buscando contener la fragmentación política. Sin embargo, la representatividad y el control interno de los partidos siguen en debate.
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