Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil
Las propuestas incluyen tarifas diferenciadas, compensación automática de servicios y alertas para agilizar el proceso
La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para adultos mayores y personas con discapacidad atraviesa un momento crítico debido a demoras en los pagos que, en algunos casos, se extienden desde enero.
Andrés Analuisa, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que este beneficio tributario solía acreditarse en un periodo de dos a tres semanas hace un par de años.
Sin embargo, actualmente los contribuyentes enfrentan una incertidumbre total sobre cuándo recibirán sus recursos, a pesar de que es un derecho adquirido por sus condiciones de vulnerabilidad o tercera edad.
Anteriormente, el Gobierno ha señalado que existen asignaciones por montos cercanos a los $230 millones para cubrir estas obligaciones, pero no se sabe con certeza a quiénes han sido destinados estos recursos, ya que el SRI no lo ha hecho público.
Analuisa explica que no se trata de un problema de liquidez, sino de fallas de los procesos internos de validación que no están aprovechando la tecnología disponible. Por ejemplo, la facturación electrónica, ya vigente en el país, contiene todos los datos necesarios para automatizar los cálculos sin requerir trámites engorrosos.
Por su parte, Mary Cruz Moreno, analista financiera, identifica que el principal cuello de botella es la brecha entre la aprobación administrativa y el desembolso real. El Servicio de Rentas Internas (SRI) puede validar la solicitud rápidamente, pero la transferencia efectiva del dinero depende de la disponibilidad de la Caja Fiscal gestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto genera una "cola de espera invisible" donde el beneficiario tiene una resolución favorable pero el dinero no se acredita a su cuenta.
Propuestas para mejorar el proceso de devolución del IVA
Para mejorar el proceso de devolución del IVA, Moreno propone la creación de una cuenta de compensación automática. Esta medida permitiría que el saldo a favor aprobado por la autoridad tributaria sirva directamente para pagar servicios básicos como luz, agua o el impuesto predial. De esta forma, se realizaría un cruce de cuentas inmediato, reduciendo la necesidad de que el Estado desembolse efectivo y aliviando el bolsillo del ciudadano.
En cambio, Andrés Analuisa propone la implementación de una tarifa diferenciada del impuesto directamente en el punto de venta. En lugar de cobrar el 15% para luego devolverlo meses después, el sistema podría aplicar una tarifa preferencial, por ejemplo del 10% o menos, a los grupos prioritarios. De esta manera, el beneficio se aplicaría de forma inmediata.
En el ámbito tecnológico, la modernización del sistema es urgente para reducir los "costos ocultos" que asume el ciudadano, como transporte y tiempo. Moreno sugiere implementar notificaciones proactivas vía WhatsApp o mensajes de texto, similares a las alertas bancarias. El sistema podría informar al usuario que una factura ha sido procesada o que tiene un saldo disponible, evitando que el adulto mayor deba ingresar repetidamente al portal web para verificar el estado de su trámite.
Asimismo, ella plantea el mecanismo de "un solo clic", similar al que se utiliza para la declaración del Impuesto a la Renta. “El sistema detectaría automáticamente el monto a devolver basándose en la facturación electrónica y preguntaría al usuario si acepta la acreditación”. Lo cual facilitaría el acceso a personas de sectores vulnerables que muchas veces dependen de tramitadores o centros de cómputo para realizar la gestión.
Ambos expertos coinciden en la necesidad de mayor transparencia por parte de la administración tributaria. Se sugiere la implementación de un panel de control público donde se detalle cuántos contribuyentes han sido atendidos y bajo qué criterios de priorización se realizan los pagos. Esto reduciría la percepción de discrecionalidad y brindaría certeza a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la política social.
