Alexandra Villacís: jueza admite habeas data por datos erróneos en registro laboral
Un dato en una base estatal derivó en la exclusión de Alexandra Villacís de un proceso público
En la audiencia del recurso de habeas data que se extendió cerca de tres horas, la jueza Viviana Pila resolvió aceptar dicha acción presentada por Alexandra Villacís, exvocal suplente de Mario Godoy, presidente censurado y destituido del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra del Ministerio del Trabajo, tras determinar que la información registrada en su sistema no reflejaba la realidad y vulneraba derechos fundamentales.
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La controversia se originó por un supuesto impedimento para ejercer cargo público que aparecía en la base de datos del Ministerio, atribuido a una presunta deuda tributaria. Sin embargo, la defensa de la accionante sostuvo que dicha obligación no existía y presentó certificados del Servicio de Rentas Internas (SRI) que acreditaban el cumplimiento total de sus responsabilidades fiscales.
Durante la audiencia, la parte accionante argumentó que el registro erróneo no solo constituía un problema administrativo, sino que tuvo efectos concretos. Según expuso, el dato fue utilizado por otras instituciones para tomar decisiones; entre ellas, la exclusión de Villacís de un proceso de designación dentro del sistema judicial.
La defensa insistió en que la permanencia de esta información en el sistema estatal afectó directamente su derecho al trabajo y a la autodeterminación informativa, al impedirle ejercer funciones públicas sin sustento legal.
La defensa del Ministerio: la responsabilidad está en otra entidad
Por su parte, los abogados del Ministerio del Trabajo sostuvieron que la institución actuó conforme a la normativa vigente y que la información cuestionada proviene de una base de datos remitida por el SRI, entidad competente para certificar la existencia o no de obligaciones tributarias.
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En ese sentido, argumentaron que el ministerio no tiene facultades para modificar de manera unilateral esos registros y que cualquier corrección depende de la validación de la entidad que generó el dato. Además, señalaron que no existía una negativa expresa a la solicitud de rectificación, sino un proceso administrativo en curso, por lo que, a su criterio, la acción de habeas data no era la vía adecuada.
La Procuraduría General del Estado respaldó esta postura y centró su intervención en la procedencia de la acción. Argumentó que la falta de respuesta por parte de la administración no equivale a una negativa formal, condición necesaria, según su interpretación, para activar el habeas data.
También señaló que la legislación prevé un mecanismo específico en estos casos: acudir ante la autoridad de protección de datos personales mediante un procedimiento administrativo. Desde esta perspectiva, la acción constitucional no debía prosperar, ya que existía una vía ordinaria para tramitar el reclamo.
Hoy ganó la verdad.
— Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) March 23, 2026
Ganó el derecho.
Regreso al 9 de febrero, cuando se me notificó que, ante la licencia solicitada, me correspondía asumir el cargo.
Nunca hubo un impedimento real.
Hoy la justicia lo confirmó.
La institucionalidad se defiende con hechos y con derecho.
La réplica: el derecho a corregir datos no puede esperar
En respuesta, la defensa de Villacís sostuvo que el caso no podía reducirse a un trámite administrativo. Insistió en que el derecho a rectificar datos personales es de aplicación directa e inmediata, y que la falta de respuesta del Ministerio constituía, en la práctica, una vulneración a ese derecho.
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Además cuestionó que una institución pública mantenga información inexacta durante semanas, pese a contar con documentación que desvirtúa el supuesto incumplimiento. Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió aceptar la acción de habeas data. Villacís acumula más de 36 días sin poder asumir formalmente la presidencia de la Judicatura.
Luego de la renuncia y destitución de Mario Godoy, le correspondía ocupar ese cargo. Sin embargo, en medio de esta situación, Damián Larco tomó la titularidad del organismo y fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura.
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