Raúl Chávez: "No puede ser posible que la política sea utilizada como un juego de ajedrez"

El asambleísta Raúl Chávez se pronunció la noche de este 13 de abril a través de un video en el que informó que su audiencia de apelación a la prisión preventiva, dentro del denominado caso Goleada, fue suspendida debido a la recusación presentada contra los jueces del tribunal que debía conocer la causa.

Según explicó, la diligencia estaba prevista para las 14:30 de este lunes, pero no pudo instalarse debido a la acción legal que recae sobre los magistrados, lo que abrió un nuevo episodio de incertidumbre dentro del proceso.

“Represivamente han recusado a estos jueces del tribunal”, señaló Chávez, al afirmar que la medida habría sido impulsada por la Fiscalía General del Estado y otros actores jurídicos, lo que derivó en la suspensión de la audiencia.

El legislador advirtió además que esta recusación podría provocar el cambio de los tres jueces que integraban el tribunal, a quienes calificó como funcionarios que “han sido respaldados por abogados y colegios de jueces” por su actuación en el proceso.

“Ellos dijeron claramente que no existía ningún indicio que pueda justificar algún tipo de delito y que por eso se levantaba la prisión preventiva”, añadió en su pronunciamiento.

Chávez consideró que lo ocurrido constituye “una alarma para todos los ecuatorianos” y cuestionó que la política pueda interferir en el sistema judicial. “No puede ser posible que la política sea utilizada como un juego de ajedrez”, afirmó, al señalar que la Constitución y las leyes deben garantizar decisiones imparciales.

Proceso judicial sigue en medio de decisiones sobre el tribunal

El pasado 10 de abril, la Fiscalía General del Estado presentó una demanda de recusación contra los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que revocaron la prisión preventiva de cinco procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez.

La Fiscalía argumentó que los magistrados habrían incurrido en un “exceso de funciones” al realizar una valoración de fondo sobre la existencia del delito durante la apelación de medidas cautelares, lo que —según su criterio— comprometería su imparcialidad.

El proceso se enmarca en el denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos vinculada al presunto desvío de diésel subsidiado y el uso de empresas para blanqueo de capitales.

En paralelo, el proceso ha generado un entramado judicial complejo, con denuncias por presunto error inexcusable y prevaricato contra los jueces, además de incidentes procesales que han retrasado la definición de la apelación.