Caso Goleada: Fiscalía recusa al tribunal que liberó a los hermanos Álvarez

La Fiscalía General del Estado presentó una demanda de recusación contra los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que revocaron la prisión preventiva de cinco procesados, entre ellos Aquiles Álvarez. Con esta medida, la institución busca apartar a los magistrados del conocimiento de la causa y que no conozcan la audiencia de apelación a la prisión preventiva del asambleísta Raúl Chávez, prevista para el lunes 13 de abril. 

Un tribunal acusada de "exceso de funciones"

La ofensiva nace tras la decisión de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, quienes no solo otorgaron medidas sustitutivas a los procesados por presunta delincuencia organizada y lavado de activos sino que, según la Fiscalía, habrían ido más allá de sus competencias legales.

En la demanda de recusación, la Fiscalía sostiene que el Tribunal realizó una "valoración de fondo" sobre la existencia del delito y la tipicidad de la conducta. Este análisis, alega la Fiscalía, es impropio de una audiencia de apelación a la prisión preventiva y sugiere que los jueces ya tienen un criterio formado a favor de los acusados, lo que anula la garantía de un juez imparcial para las siguientes etapas del juicio.

Laberinto procesal y la "caducidad" de un juez

El proceso está en manos de un nuevo Tribunal que deberá resolver la recusación. Irónicamente, el sistema sorteó al propio juez recusado, Wiler Fabricio Chóez, para que integrara el cuerpo colegiado encargado de juzgar su propia conducta.

Aunque Chóez intentó excusarse bajo juramento para evitar este conflicto de intereses, sus colegas de sala, los jueces Esteban Coronel y Lauro Sánchez, negaron su excusa. El argumento técnico fue la temporalidad: el encargo de Chóez en dicha sala terminaba el 10 de abril a las 18:00. Según el auto interlocutorio, al haber finalizado su reemplazo, la causal de "intervenir como parte" feneció, devolviendo el expediente a la jueza titular para destrabar el incidente.

La apelación de Raúl Chávez en vilo

Mientras la batalla legal se libra en los despachos de la Unidad Anticorrupción, el fondo de la investigación por delincuencia organizada sigue su curso normal. La Fiscalía mantiene su tesis de que la red criminal utilizaba empresas para desviar diésel subsidiado y blanquear capitales, afectando los intereses del Estado.

Por ahora, los hermanos Álvarez, Antonio y Xavier, y el resto de implicados mantienen su libertad ambulatoria con presentaciones periódicas, mientras se espera que se resuelva si el Tribunal original es ratificado o si, como pretende la Fiscalía, nuevos jueces deben tomar las riendas de un caso que mezcla fútbol, política y combustibles.

Otros dos frente contra el tribunal

El fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien concursa para quedarse como Fiscal General, presentó formalmente una denuncia por error inexcusable contra los tres jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ante el Consejo de la Judicatura. Con este proceso administrativo busca que los jueces sean suspendidos de sus cargos. Otro frente, es la denuncia que se presentó en la Fiscalía contra los jueces por presunto prevaricato.