Asociación de jueces denuncian intimidación tras fallo a favor de Aquiles Álvarez en caso Goleada

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su respaldo institucional al Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que revocó la prisión preventiva de los hermanos Álvarez. El gremio calificó como un ataque sistemático la denuncia administrativa por "error inexcusable" presentada ante el Consejo de la Judicatura, sin declaratoria judisdiccional previa, por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón. 

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Defensa de la independencia judicial

El gremio judicial reafirmó su compromiso con la independencia de la función judicial como garantía esencial del Estado de derecho. Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional y los 24 núcleos provinciales rechazaron cualquier tipo de presión externa o amedrentamiento contra los administradores de justicia. 

Según la organización, las decisiones de los jueces deben tomarse bajo estricto apego a la Constitución y a los elementos procesales presentados en las audiencias, sin admitir injerencias de naturaleza política o mediática.

Rechazo a sanciones disciplinarias

La AEMAJ criticó el uso del régimen disciplinario como una forma de represalia frente a decisiones jurisdiccionales que resultan adversas para otras instituciones del Estado. 

El gremio enfatizó que la denuncia interpuesta por el fiscal Alarcón constituye una instrumentalización de los órganos de control para intimidar a los magistrados Silvana Velasco, Wiler Choez y Byron Uzcátegui. Los jueces del tribunal resolvieron por unanimidad que la Fiscalía no justificó adecuadamente la necesidad de mantener la prisión preventiva contra los procesados en el caso Goleada.

Justicia fuera de tribunales mediáticos

El comunicado advierte sobre los riesgos de la exposición mediática desproporcionada y la creación de juicios paralelos de opinión. La asociación recordó a las autoridades y a la ciudadanía que el debate probatorio pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional y que la audiencia es el único espacio legítimo para la confrontación de argumentos. 

Exhortaron al Consejo de la Judicatura a actuar con objetividad y a no ceder ante presiones que busquen forzar sanciones infundadas contra jueces que actúan conforme a la ley vigente.