Consejo de la Judicatura: pesadilla de Alexandra Villacís refleja la crisis del país

El caso de Alexandra Villacís en el Consejo de la Judicatura es una 'pesadilla kafkiana' que refleja una crisis institucional más amplia en el país. La imposibilidad de asumir un cargo que le corresponde, debido a trabas administrativas y decisiones cuestionadas, evidencia fallas en el sistema y genera preocupación sobre el respeto a los derechos y garantías constitucionales en Ecuador.

Posponer un hábeas data: el más reciente episodio en el caso de privación de derechos constitucionales y atropello institucional contra Alexandra Villacís es tan escandaloso como todos los anteriores.

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Ella es la suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura y, por consiguiente, quien legítimamente debería estar presidiendo ahora mismo ese organismo si no fuera porque el Gobierno decidió quitársela de en medio y poner en su lugar a alguien que sí controlaba: su exdirector del Servicio de Rentas Internas Damián Larco, que se ganó la confianza del presidente con favores tan impagables como haber evaporado una deuda tributaria de 90 millones de dólares de su familia.

Bloqueada por un impedimento forjado en el ministerio del Trabajo (de esto hace 38 días), Villacís había presentado un recurso de hábeas data ante la justicia y, tras mantenerla esperando siete días, se lo acaban de posponer otros cinco por pedido del gobierno.

Una aberración con complicidad de la jueza Viviana Pila: el hábeas data (como el hábeas corpus) es una garantía constitucional que requiere, por su naturaleza, acción inmediata. “El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz”, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales al respecto. No se pide un hábeas data para después de diez o 15 días: se lo pide para ahorita. Villacís lo presentó el 12 de marzo; lo posponen para el 23.

Un 'modus operandi'

A juzgar por los antecedentes, es muy probable que lo sigan posponiendo. Porque los recursos administrativos usados para evitar que personas que el gobierno no controla asuman cargos públicos son ya un ‘modus operandi’ del Gobierno. Se lo hicieron a la vicepresidenta Verónica Abad. Luego, a Óscar Ayerve, que hace meses debía reemplazar a Gonzalo Albán en el Consejo de Participación Ciudadana pero permanece hasta el día de hoy en un limbo jurídico sin salida.

Lo de Alexandra Villacís es una pesadilla kafkiana que parece extraída directamente de un manual de literatura. Cuando le tocaba reemplazar al corrupto y desprestigiado abogado de narcotraficantes Mario Godoy en la presidencia del Consejo de la Judicatura, le apareció un impedimento certificado por el Ministerio del Trabajo. El motivo de tal impedimento era una presunta deuda tributaria. Segura de haber cumplido con todas sus obligaciones, Villacís acudió de inmediato al SRI y, en cuestión de minutos, obtuvo un certificado de no adeudar al fisco. Con ese certificado se presentó ante el Consejo de la Judicatura, que se hallaba en el trámite de nombrar al reemplazo de Godoy, y le dijeron que no le servía de nada. Lo que necesitaba era que el Ministerio del Trabajo le levantara la inhabilitación. Han pasado 38 días y el trámite para semejante majadería no avanza.

En resumen: Alexandra Villacís no puede ocupar el cargo que legítimamente le corresponde porque el Ministerio del Trabajo dice que mantiene una deuda con el SRI que el SRI certifica que no existe. Así de estúpido. Así de retorcido e ilegítimo. Así de injusto, en el seno del organismo que preside y administra el sistema de justicia.

Presenta un recurso de hábeas data y se lo posponen. Mientras tanto, el proceso para nombrar a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y a su suplente avanza como si ella no existiera. Más aún: es obvio que el Gobierno ha decidido que no existe. Ya están las ternas presentadas, con la complicidad del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez (de no creer); ya el Consejo de Participación Ciudadana de Andrés Fantoni, cuya reciente adscripción al club de los millonarios no deja duda de a quién corresponden sus fidelidades, nombró una Comisión Técnica de Selección y a los veedores ciudadanos, que siempre se pueden manipular como quedó claro recientemente en el concurso para elegir fiscal general.

Todavía faltan algunos pasos: la revisión de requisitos y documentación; la evaluación y calificación de postulantes; las entrevistas o audiencias públicas; las impugnaciones… En otras palabras: a Alexandra Villacís habrá que seguirle postergando sus requerimientos porque si se le llegara a conceder el hábeas data quedaría demostrado que la inhabilidad que certifica el Ministerio del Trabajo es falsa y no habría más remedio que posesionarla como presidenta del Consejo de la Judicatura. Cosa no puede, no debe, no va a ocurrir.

La jueza Viviana Pila parece embarcada en ese propósito: no sólo postergó la audiencia de hábeas data por pedido del Ministerio del Trabajo sino que negó las medidas cautelares solicitadas por Villacís, que consistían en ordenar la detención del proceso tendiente a reemplazarla.

Semanas antes, otra jueza, Natacha Centeno, había recibido una acción de protección por parte de Villacís y se había ido de vacaciones al día siguiente, por disposición del Consejo de la Judicatura del Guayas.

En resumen: es un complot en el que están comprometidos la Judicatura, el CPCCS, el Ministerio del Trabajo, la Corte Nacional de Justicia con su presidente por delante, el SRI… El Estado en pleno. Todos contra Alexandra Villacís. Fiera y desigual batalla, como decía Don Quijote.

Queda una pregunta: ¿no pueden hacérselo a cualquiera? Por ejemplo, a un candidato a fiscal general del Estado que empiece a despuntar en el concurso pero a quien el Gobierno no controle… ¿Cuánto tiempo tardaría el Ministerio del Trabajo en certificarle una inhabilidad para ejercer cargo público por una deuda tributaria inexistente?

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