Alexandra Villacís presenta hábeas data ante bloqueo en registro del Trabajo

Alexandra Villacís informó que presentó una acción de hábeas data con el objetivo de que se corrija un impedimento que consta en el sistema del Ministerio del Trabajo, el cual —según señaló— le impide asumir funciones públicas para las que fue legalmente designada y posesionada.

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En un comunicado publicado este martes 17 de marzo de 2026, Villacís explicó que han transcurrido 36 días sin que el Ministerio haya rectificado el registro, lo que califica como una inconsistencia administrativa que le impide ejercer el cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Indicó que fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y posesionada por la Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 2025.

La funcionaria sostuvo que el bloqueo administrativo afecta directamente el ejercicio de sus funciones y que recurrió a la vía judicial para que se garantice la corrección de la información registrada en el sistema estatal.

Villacís tendrá la audiencia el 18 de marzo

Según detalló, el 16 de marzo de 2026 fue notificada con la calificación de la acción y el señalamiento de la audiencia, la cual está prevista para este miércoles 18 de marzo a las 15:00. Villacís afirmó que este espacio procesal permitirá demostrar que la administración pública no puede actuar al margen de la verdad ni afectar derechos fundamentales mediante información administrativa que considera falsa.

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En su pronunciamiento, Villacís también realizó un llamado a la academia, a los gremios jurídicos, a la sociedad civil y a la ciudadanía, para que acompañen el proceso judicial, al que describió como un mecanismo para defender el respeto a la Constitución y al Estado de derecho.

El comunicado no detalla el origen específico del impedimento registrado ni una respuesta oficial del Ministerio del Trabajo sobre el caso. Tampoco se menciona si existen procesos administrativos o disciplinarios abiertos en su contra.

La acción de hábeas data es un mecanismo constitucional que permite a una persona acceder, rectificar o eliminar información personal incorrecta contenida en bases de datos públicas o privadas, cuando esta afecta derechos fundamentales.

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