Elecciones: el CNE trabaja de escoba para Carondelet

El Consejo Nacional Electoral (CNE) canceló a Construye y Unidad Popular fuera del plazo legal, en pleno calendario electoral 2026, según críticas de partidos y juristas que alertan vulneraciones al debido proceso y a la normativa democrática en Ecuador. 

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Si para concentrar el poder y eliminar adversarios (grandes, pequeños, relevantes o irrelevantes, finalmente eso no importa) hay que atropellar la ley, la ley se atropella. Si para violar la normativa es necesario no guardar las formas, las formas no se guardan.

Este es el credo con el que opera el gobierno y con el que cuenta con la participación incondicional, si no de todos los poderes del Estado, al menos de casi todos ellos. Si hasta el viernes cuatro poderes del Estado se concertaron para incumplir desvergonzada y groseramente con la ley y la Constitucional para impedir que una persona que no es incondicional para el gobierno ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura (desde donde se controla a jueces y fiscales), el domingo el turno de hacer su parte fue del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Este organismo, otro de los tantos cooptados por el gobierno, decidió en forma abiertamente ilegal sacar del registro electoral a dos adversarios políticos y electorales: Construye y Unidad Popular.

Las ilegalidades de la cancelación

¿Por qué fue ilegal? Por varias razones, pero de entre ellas hubo una clara y contundente: se lo hizo fuera del plazo legal. Es decir, luego de lo que la ley establece como límite para hacerlo: 120 días antes de la convocatoria a las elecciones. La norma es clara y no da pie a interpretaciones. 

“La cancelación de una organización política podrá ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral hasta ciento veinte días antes de la convocatoria a elecciones”, dice el artículo 327 de la Ley de Elecciones, mal llamado Código de la Democracia.

Es decir, con las elecciones adelantadas (ilegalmente, como si fuera poco) al 29 de noviembre de 2026, el plazo terminaba el 3 de abril, es decir a inicios de este mes que ya está por acabar. Y lo más increíble de quienes profesan el credo de que no importan ni las normas ni las formas es que llegan a decirlo abiertamente y sin que se les caiga la cara de vergüenza. 

Vocal Merino reconoce que CNE actúa fuera del plazo

El vocal José Merino, uno de los bienmandados del gobierno, reconoció que en la sesión del domingo 26 donde se tomó la decisión de sacar a Construye y Unidad Popular “fuera del plazo”. Y para defender esa ilegalidad, sostuvo que la palabra “podrá” (que está en el artículo 327) no “impide actuar”.

La declaración de Merino sobre el tema, sin duda, es una obra cumbre del cinismo político y del acomodamiento argumentativo que retrata a cuerpo entero la conducta del gobierno, sus operadores y sus cómplices frente a la institucionalidad. 

Y, por eso, vale la pena transcribirla íntegramente aunque sea un poco larga. “Sí, estamos resolviendo cuando faltan menos de 120 días para la convocatoria a elecciones. Y la pregunta es clara: ¿eso impide aplicar la ley cuando el incumplimiento es evidente? Yo creo que no solo para mí, pero para la gran mayoría de ecuatorianos es un ‘no’ rotundo. El artículo 327 establece que el Consejo Nacional Electoral podrá resolver la cancelación hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Ese ‘podrá’ reconoce una facultad, pero no establece una prohibición absoluta fuera de ese plazo. No dice únicamente, no dice exclusivamente, no establece una nulidad automática, lo que hace es, sin duda, organizar el momento ideal de decisión dentro del calendario electoral. Pero no puede convertirse en un blindaje para el incumplimiento, porque si aceptamos que después de los 120 días no se puede resolver estaríamos aceptando algo profundamente equivocado: que una organización que no cumple con la ley puede mantenerse simplemente por no dejar pasar el tiempo y eso, para mí, no es una interpretación jurídica válida…”.

La declaración, hecha en un video que circula en redes sociales, no solo que es absurda, sino que el vocal Merino la hizo leyendo un texto que tenía en su pantalla. Es decir que ni siquiera la barbaridad que lanzó con tamaño desparpajo era de su autoría sino que alguien se la había redactado, probablemente uno de los operadores del gobierno, de esos que trabajan día y noche tratando de asegurarse que los organismos como el CNE hagan los deberes como los quiere Carondelet.

Las recusaciones pendientes

La decisión la adoptó el CNE, además, en medio de una serie de irregularidades y hechos confusos y opacos. Por ejemplo, no se resolvieron (ni siquiera se consideraron) recusaciones previas contra consejeros hechas por dirigentes de los partidos afectados. 

La consejera suplente, María Cristina Kronfle, advirtió, antes de la sesión, que si no se consideraban esas recusaciones el proceso se afectaría el debido proceso. 

El polémico voto de Atamaint

Y no solo eso: hubo una curiosa votación en la que las abstenciones de dos vocales, Elena Nájera y José Cabrera, se computaron como si hubieran sido votos a favor o en contra y se decidió que, por aquello, había habido un empate que tenía que ser dirimido por el de la presidenta Diana Atamaint, cosa que ocurrió, obviamente, a favor de la moción de borrar del registro a los dos partidos.

Lo del domingo es, simplemente, un paso más en el camino que está trazando el gobierno para quedar solo en las elecciones o, a lo máximo, acompañado por agrupaciones que tienen acuerdos con él. 

Ya está fuera la Revolución Ciudadana que también fue sancionada por el CNE y sus cuadros tendrán que buscar otros partidos que los acojan para candidatizarse. 

Lo del gobierno se parece a la estrategia del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, que metió presos a todos los candidatos presidenciales que podían haberle ganado. Lo hecho no significa, en todo caso, que la pelea esté ganada por el gobierno, aunque la cancha está evidentemente inclinada a su favor.