Cabezas-Klaere y el caso de GRANASA: el pez muere por su boca

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.