Los funcionarios cuestionados tienen un aliado: el contralor Mauricio Torres

Si algún funcionario público -léase presidente, asambleísta, ministro, viceministro, director de inteligencia o juez- se siente incómodo porque un periodista o ciudadano quiere ver si ha incrementado su patrimonio de forma anómala, ahora tiene un aliado incondicional: Mauricio Torres.

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Sí, el contralor decidió que quien quiera saber si un funcionario ha incrementado sospechosamente su patrimonio durante el ejercicio de su cargo se sienta vigilado, expuesto y, también, amenazado.

¿Con qué fin? Sencillo: la idea es que tenga miedo. Y aunque Torres ha dado marcha atrás en algunos puntos luego del escándalo que provocó su decisión, los funcionarios públicos que no quieren exponer su patrimonio siguen pudiendo confiar en él. 

El poder ubicará a quién mira sus declaraciones

Con el formulario que se exige ahora al periodista u observador ciudadano que quiera acceder a la declaración patrimonial, se podrá tener la dirección IP, es decir, la identidad del dispositivo desde el que hizo la consulta. Así, se podría tener su ubicación física.

Torres también decidió que, en la declaración patrimonial, el funcionario no tenga que poner ni la ubicación geográfica de los bienes inmuebles que posee ni si tiene o no cuentas bancarias en el exterior, como, por ejemplo, en un paraíso fiscal.

Cambios en las declaraciones patrimoniales

Durante una entrevista con Lenin Artieda, en Ecuavisa, Marcelo Espinel, subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo puso en blanco y negro de esta forma: hay tres cambios en el sistema. 

Entre esos cambios dispuestos por el agencioso de Torres, está que tampoco se puede conocer si un funcionario público tiene dinero en otro país y, por ende, dónde lo tiene. Si lo tiene en paraísos fiscales, por ejemplo, puede estar tranquilo.

Si bien, a última hora, el contralor dio marcha atrás con el tema del sello de agua que estaba vigente, el valiente que decida pedir la declaración patrimonial -por ejemplo, del nuevo ministro de Energía- tiene que estar dispuesto a que se sepa exactamente dónde está o, al menos, de qué computador o dispositivo hizo el pedido. 

Y ojo: de esta manera no solo se vulnera el derecho a la información pública, sino también la protección de datos de los ciudadanos que quieren hacer escrutinio a los funcionarios.

Entonces, si un periodista quiere saber si los carros de altísima gama que el presidente Daniel Noboa ha exhibido últimamente en sus paseos por Olón -es decir, un Porsche, un Bentley y un ostentoso Mercedes-Benz- están en su declaración patrimonial, tiene que estar dispuesto a que su nombre y su ubicación sean conocidos por quienes controlan el poder.

¿Quién se va a atrever, bajo esas circunstancias, a acceder a la declaración patrimonial del presidente? Lo mismo podría decirse de otros funcionarios, como el presidente del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, a quien la última vez que alguien metió sus narices en su declaración patrimonial se le descubrió más de un millón de dólares acumulados desde que está en el cargo. 

En estas condiciones, ¿alguien se va a atrever a buscar la declaración patrimonial del jefe de la inteligencia política, Michele Sensi-Contugi, por ejemplo?

Torres ignora fallo de la Corte Constitucional

El mismo Marcelo Espinel puso otro ejemplo sobre la importancia del libre acceso a esa información durante la entrevista en Ecuavisa: el del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán (ahora preso), que, cuando su casa fue allanada, dejó ver que tenía lujos que no guardaban ninguna relación con lo que decía su declaración patrimonial: que su casa valía 40 mil dólares.

Pero quizá una de las cosas más escandalosas de la decisión de Torres es que, el 25 de abril de 2024, la Corte Constitucional ordenó a los organismos del Estado no poner ningún formulario para acceder a información de relevancia pública. La decisión de ese tribunal salió a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que varios organismos de la sociedad civil presentaron contra la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que daba 90 días de plazo para que las instituciones del Estado coloquen un formulario para que los interesados en información pública lo llenen.

El juez ponente de esa sentencia fue Enrique Herrería Bonnet, actual secretario jurídico de Carondelet. “Toda información debe encontrarse disponible en sus canales de información sin necesidad de un requisito previo”, decía la sentencia. 

Pues bien, el contralor Mauricio Torres se limpió con esa sentencia para proteger a sus amigos, los funcionarios a los que no les conviene que alguien indague si han sido honestos o no.