Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque

El rastro del dinero público y el patrimonio de quienes lo administran está bajo llave o inaccesible por aparentes problemas técnicos difíciles de superar. Por tercer día consecutivo, el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) mantiene suspendido el acceso a la consulta de declaraciones juramentadas de bienes.

Para la institución se trata de un mantenimiento que se desprende de un ataque informático que se registró el fin de semana pasado. Mientras que para el periodismo, los activistas y la sociedad civil es un apagón a la transparencia en un momento crítico.

"Ataques" informáticos sin rostro ni detalles

El miércoles pasado, la Contraloría esbozó una suerte de respuesta ante un pedido de EXPRESO sobre los problemas que se registran para acceder a la información pública de las declaraciones juramentadas de bienes, es decir, los datos de los activos, pasivos y patrimonio de los funcionarios públicos a través de su página web.

"La Contraloría está trabajando en ese tema. Fueron tres secciones de nuestra página web que tuvieron ataques y se intentó vulnerar la seguridad: 1. Consultas de resoluciones, 2. Informes aprobados y 3. Declaraciones Patrimoniales Juradas. En el caso de los informes aprobados, ya se encuentra completamente habilitado, en las próximas horas se habilitarán las demás secciones", señaló la Contraloría.

La respuesta carecía de detalles importantes, por ello, este Diario remitió un pliego de preguntas que la institución de control aún no ha respondido:

Hasta el cierre de esta nota, la incertidumbre es la única respuesta. El país no sabe cuándo podrá volver a fiscalizar los informes de patrimonio de sus autoridades.

Coincidencias entre los ataques y denuncias públicas

La caída del sitio de consultas de declaraciones ocurre en medio de una ola de publicaciones provenientes de la sociedad civil que denuncian supuestas contrataciones de familiares del contralor Mauricio Torres dentro de la institución que preside.

El pasado 8 de abril, la CGE ya advertía sobre supuestas "campañas de desprestigio". En aquel comunicado oficial, la entidad sostuvo que la publicación de ciertos informes había activado estrategias para "atentar contra la honra y reputación" del Contralor y su entorno familiar.

“Se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Se ha puesto en conocimiento de las autoridades la participación de personas inescrupulosas”, reza el documento del 8 de abril.

Días atrás, el Contralor se refirió al tema de la denuncia de presunto nepotismo. Aseguró que no ha contratado a sus familiares en la institución que preside.

"No tengo ningún parentesco con ninguno de los que se ha nombrado", dijo en La Defensa. Él mencionó que su esposa trabajó en la Contraloría, pero que ella renunció para que no haya problemas cuando él asumiera, y que ahora su cónyuge trabaja en el Consejo de la Judicatura; y el caso de su hermana como funcionaria de la Fiscalía.

"Tienen derecho. ¿Por ser mi familia no pueden trabajar ahí? ¿Nadie va a trabajar ahí? Deberíamos buscar un contralor que sea un empresario, que tenga mucho dinero para que la familia trabaje en sus empresas", dijo.

Lo cierto es que al final de la semana, el sistema sigue caído o como se lee en el sitio web: "Página en mantenimiento". Esto deja a la fiscalización social con las manos atadas. Actores de la sociedad civil exigen saber si se trata de una vulnerabilidad técnica real o de un muro digital para evitar el escrutinio.