Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

Desde el lunes 20 de abril, activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas experimentaron las modificaciones al acceso a las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos que implementó la Contraloría en su portal web. Esto ha generado preocupación en entidades que vigilan la transparencia pública.

Alerta en la libertad de prensa

Germán Rodas Chaves, de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que “todo esto deja una seria preocupación, porque es una manera de no transparentar información e impedir la contraloría social”.

Rodas Chaves señala que los cambios afectan a activistas y periodistas de investigación, por ejemplo.

En la misma línea, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que los cambios podrían contradecir compromisos internacionales. “Dentro de la carta de intención del año 2020 del Fondo Monetario Internacional se pidió al Estado ecuatoriano que se garantice un acceso fácil, libre, inmediato a las declaraciones patrimoniales juradas”, señaló.

En un comunicado reciente de la entidad se enfatiza que los cambios afectan al derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Fundamedios también se pronunció al respecto: Se alerta que esta medida plantea preocupaciones sobre posibles restricciones al acceso a la información, especialmente en un contexto preelectoral donde la transparencia es clave para el control ciudadano.

El portal de consulta de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible el 20 de abril, luego de permanecer varios días fuera de servicio. La entidad atribuyó la caída a un supuesto “ataque” informático y a trabajos de mantenimiento.

Durante ese periodo, no fue posible acceder a la información patrimonial de los funcionarios públicos, una herramienta clave para el control social.

Con la reactivación del sistema, el acceso se restableció, pero bajo nuevas condiciones y con cambios en la información disponible.

Nuevas condiciones para consultar

Uno de los principales cambios es que ahora los ciudadanos deben ingresar información personal para poder revisar los datos de funcionarios. Antes, la consulta era directa y sin requisitos previos.

Esta nueva exigencia marca una diferencia en el acceso a información pública que, por su naturaleza, está destinada a la fiscalización ciudadana.

Menos detalle en las declaraciones

El contenido de las declaraciones también fue modificado. Los documentos ya no incluyen datos como el año de la declaración, ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios en instituciones públicas.

Además, desapareció el desglose detallado de bienes. Anteriormente, el sistema permitía identificar con precisión cuántos inmuebles poseía un funcionario —casas, terrenos o parqueaderos— y los años en que fueron adquiridos. Ahora, esa información se presenta de forma general.

Un ejemplo es la declaración del ministro de Salud, Jaime Bernabé, en la que se reporta un patrimonio de 1,7 millones de dólares. Dentro de ese monto, se indica que 1,3 millones corresponden a bienes inmuebles, pero no se especifica el número ni el tipo de propiedades.

Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del CGE para conocer los criterios de estos cambios. Siguen pendientes una respuesta de la institución, así como un pedido de información para conocer detalles de los supuestos ataques informáticos, ya que la entidad no ha indicado el tipo de incidente, los correctivos, si denunció el hecho ante la Fiscalía, etc.