ADN se atribuye el seguimiento a los GAD en año preelectoral: ¿Qué alcance tiene?

En la Asamblea Nacional, el oficialismo se empeña en la fiscalización de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Las resoluciones presentadas como cambios en el orden del día se han convertido en el principal mecanismo para que, desde ADN, se cuestione la gestión de administraciones municipales, en especial aquellas encabezadas por la oposición.

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Actualmente, existen tres procesos de investigación en comisiones presididas por el oficialismo: la compra de trolebuses por parte del Municipio de Quito, la gestión del agua en las principales ciudades del país y la administración de las entidades municipales encargadas del tránsito y la seguridad vial.

ADN no solo impulsó las mociones y consiguió los votos en el Pleno, sino que también direccionó las fiscalizaciones hacia comisiones en las que mantiene mayoría. Por ejemplo, la Comisión de Relaciones Internacionales analiza la compra de los trolebuses y la de Fiscalización, la gestión del tránsito.

A estas investigaciones podría sumarse otra relacionada con la ejecución presupuestaria en materia de seguridad ciudadana por parte del Municipio de Quito. Así lo anunció la coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno. Sin embargo, esa posibilidad aún no ha sido planteada formalmente ante el Pleno de la Asamblea.

La propia Centeno, consultada por EXPRESO, defendió la pertinencia de estos procesos. “Nos parece que es nuestra responsabilidad levantar alertas y hablar de lo que está pasando en nuestras ciudades. Hemos hablado de la ejecución presupuestaria de diferentes alcaldías. Tienen que rendir cuentas”.

Una iniciativa sin facultad real

El alcance de estas fiscalizaciones, sin embargo, genera cuestionamientos. Un aspecto a tomar en cuenta es que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) establece que los Concejos municipales son los órganos de legislación y fiscalización.

En la práctica, un proceso de fiscalización en la Asamblea puede derivar en un juicio político contra autoridades de otros poderes del Estado. Entre esas atribuciones no está la posibilidad de sancionar o, peor aún, destituir a alcaldes y prefectos.

Ese límite es reconocido incluso por algunos asambleístas. Xavier Ordóñez, quien impulsó la fiscalización por la compra de trolebuses en Quito, ha señalado que el proceso apunta “al uso concreto de mecanismos con recursos de los quiteños”. 

Desde el oficialismo, al igual que lo hizo la Contraloría, se cuestiona el modelo utilizado, ya que no se recurrió a los mecanismos internos, y el Municipio de Quito optó por firmar un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que no es una agencia bilateral de financiamiento.

Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Parlamentario, explicó que, al no poder ejercer una fiscalización en municipios y prefecturas, la Asamblea no está en la capacidad de determinar responsabilidades políticas. “Lo que puede hacer es investigar y que el informe que resulte lo remita a la Contraloría y la Fiscalía, pero no tiene ningún efecto propio de la Asamblea”, analizó Muñoz.

Asimismo, el analista político Esteban Ron señaló que debe existir una diferenciación del control político y la fiscalización. Lo primero puede ser viable en temas específicos por parte de comisiones de la Asamblea, como la de Gobiernos Autónomos. En lo segundo, el Legislativo no tiene competencia.

A esto, Ron añadió que sí es posible ver una especie de direccionamiento en los procesos anunciados por la Asamblea, ya que “ no se evalúa de la misma manera a todos los GAD”.

El correísmo pone reparos 

Para el asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, el trasfondo del tema está vinculado al calendario electoral. “La Asamblea no tiene competencia (para fiscalizar a los GAD). Entonces, corresponde a la voluntad del Gobierno Autónomo el comparecer o no, porque quien debe fiscalizarlo es al órgano legislativo de los GAD”, argumentó.

Molina analizó que “estamos en un año preelectoral, en donde se pretende deslegitimar la acción de esos niveles de gobierno, sobre todo de aquellos que están con la Revolución Ciudadana (RC)”.

El inicio del proceso electoral

Este mes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá declarar el inicio del proceso electoral rumbo a los comicios seccionales previstos para febrero de 2027, en los que se elegirá a alcaldes, prefectos y representantes de las juntas parroquiales.

A ese escenario se suma otro factor: ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, participará por primera vez en la elección de autoridades locales. Por ahora, el oficialismo no cuenta con autoridades locales propias. Mantiene, principalmente, cercanías con algunas autoridades provinciales, como es el caso de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano.

Ley urgente sobre los GAD

Pero, una competencia que sí tiene la Asamblea es la de reformar leyes en materia de la gestión de los GAD. La última iniciativa económica urgente enviada por el Ejecutivo apunta, entre otras cosas, a reglamentar el uso de los recursos de los municipios y prefecturas. 

El Gobierno quiere que el 70% se destine a inversión. Así, el 30% podría usarse para gasto corriente que es, básicamente el pago de salarios. Molina explicó que con la regla fiscal impuesta, los municipios que no cumplan verían una reducción en dicha asignación.  

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