Fiscalización a compra de trolebuses: respuestas no convencen en la Asamblea
El asambleísta oficialista, Xavier Ordóñez, pidió que se fiscalice la compra
La Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización a la compra de 60 trolebuses eléctricos realizada por el Municipio de Quito, mediante un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por un monto aproximado de 35 millones de dólares.
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El asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Ordóñez, informó a través de su cuenta de X que recibió en Comision a un representante de la Unops, como parte de las primeras acciones de este proceso. Según explicó, la reunión se realizó por solicitud de la propia entidad internacional.
De acuerdo con el legislador, durante la reunión se escucharon las explicaciones del representante de la Unops sobre su marco institucional y experiencia internacional; sin embargo, las respuestas no resultaron plenamente satisfactorias. “No se aclararon los puntos críticos del caso específico de la compra de los trolebuses de Quito”, señaló.
Entre las principales observaciones, Ordóñez mencionó que no se justificó de manera clara y transparente el uso de mecanismos excepcionales para la contratación, ni se disiparon las dudas sobre las tarifas aplicadas, la transparencia frente al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y las advertencias previas emitidas por los organismos nacionales de control.
El asambleísta enfatizó que la fiscalización no constituye un cuestionamiento a Naciones Unidas como institución, sino que se centra en el uso concreto de estos mecanismos con recursos públicos municipales. “La fiscalización apunta al manejo de fondos de los quiteños”, recalcó.
Pedido para que Muñoz comparezca en la Asamblea
En ese contexto, Ordóñez sostuvo que, así como la Unops acudió a dar explicaciones, corresponde ahora que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los funcionarios municipales involucrados comparezcan ante la Asamblea y rindan cuentas a la ciudadanía.
Finalmente, el legislador aseguró que esta fue apenas la primera reunión y que el proceso de fiscalización continuará. “La fiscalización no se detendrá bajo ninguna circunstancia”, afirmó.
En enero de 2026, Ordóñez propuso formalmente el inicio de la fiscalización, luego de que la Contraloría General del Estado identificara presuntas irregularidades en los contratos, incluyendo glosas por millones de dólares e indicios de responsabilidad penal relacionados con la adquisición de los trolebuses eléctricos.
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