Decreto 340

La entrada en vigencia del documento ocurre tras la publicación del Decreto Ejecutivo 340 en el Registro Oficial el pasado 30 de marzo. Este trámite interno culmina el proceso institucional iniciado el 23 de septiembre de 2025, cuando la Cancillería suscribió el texto original en Nueva York.

Colombia pone fecha para el diálogo por el conflicto arancelario; Ecuador lo posterga

Leer más

Con la activación de este instrumento jurídico, las entidades de seguridad nacionales adquieren la facultad de triangular datos operativos con sus pares europeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el mecanismo sitúa al país como el primero en la región en establecer esta línea de conectividad directa con la agencia del viejo continente.

El flujo de información binacional no será irrestricto. Para la ejecución de estas diligencias, el convenio impone salvaguardias legales orientadas a proteger el derecho a la intimidad de los perfiles investigados. Esto condiciona el uso de los archivos confidenciales y la protección de datos, limitándolos estrictamente al ámbito de los procesos penales y preventivos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites?

A las dudas generadas por la selección de 27 candidatos de un total de 75 —sin un informe técnico público detallado— se suman advertencias de expertos y organizaciones civiles sobre debilidades en la evaluación de méritos, la falta de acceso a información y la limitada experiencia penal de parte de los aspirantes.

El jueves 2 de abril del 2026 renunciaron Hugo Arteaga, coordinador; la subcoordinadora y siete integrantes más de la veeduría ciudadana del Concurso Hace algo más de dos semanas también se fue Julio Aguilar, el secretario.

“No puedo avalar esas decisiones, hubo una reunión y pensé que la comisión emitiría un informe, para cruzar información”, señala Arteaga. Alerta que viene el proceso más crítico: evaluación de méritos y exámenes orales y escritos, “que se hace digitalmente”.

Concurso para Fiscal General: 27 postulantes pasan el filtro y 48 quedan fuera

Leer más

Además, Arteaga lamenta la “desinstitucionalización que vive el país, una Fiscalía que obedece al poder de turno. Andrés Fantoni, presidente del Consejo, no ha posesionado a Alexandra Villacís, como presidenta de la Judicatura".

Otros sectores han mostrado inquietudes similares. Paúl Ocaña, presidente de la Federación Ecuatoriana de Abogados, coordina la veeduría cívica. Presentó una acción de acceso a la información porque requiere transparencia.

Esto dice el informe del ODJ sobre perfiles de postulantes del Concurso para Fiscal General del Estado

El jueves 2 de abril, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe, tras analizar los perfiles de los 75 postulantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.  

• Entre otros hallazgos se revela que si bien el 98% de los aspirantes cumple con el requisito legal de contar con al menos 10 años de ejercicio profesional, solo el 61% acreditado experiencia específica y verificable en materia penal. 

• Apenas 39 de los 75 postulantes (5 2%) cumplen simultáneamente con el tiempo mínimo de experiencia profesional y la especialización en Derecho Penal.

Alexandra Villacís: “Incumplen una sentencia que es clara: no tengo impedimento”

Leer más

¿Qué se encontró en declaraciones patrimoniales de quienes quieren ser Fiscal General del Estado?

En algunos casos, la revisión de las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado ha permitido identificar variaciones patrimoniales que ameritan una revisión más detallada por parte de las autoridades competentes.  

Estas inconsistencias hacen necesario que los candidatos presenten las aclaraciones pertinentes, especialmente de cara a su continuidad en el proceso.

Así, según el ODJ, tres de los 27 postulantes que pasan a la siguiente fase registran alertas de incrementos patrimoniales: José Cevallos, del 721,43 % entre 2019 y 2025 no justificada con sus ingresos ni otros activos declarados. 

Mario Fonseca, del 210 %, en ese mismo período. Y José Robalino, “por comportamiento errático y atípico, con oscilaciones masivas que van desde deudas superiores al millón de dólares hasta saldos positivos luego de dos años”. Además, el Observatorio alerta sobre posibles vínculos políticos de candidatos como José de La Gasca, exministro de Gobierno.

El retraso en la selección del Fiscal General del Estado

El CPCCS debió tener el reemplazo de Diana Salazar en abril del 2025. Se ha dicho que el concurso terminará en julio.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

Luego de la sesión ordinaria número 20 del Pleno del CNE se concluyó que Ecuador elegirá 5.742 autoridades principales. Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana están previstas para el 29 de noviembre de 2026.  

En este proceso se designarán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, junto con sus respectivos suplentes.

La actualización regirá para las elecciones de 2026 y responde a la necesidad de ajustar la distribución electoral en función del crecimiento demográfico. Con ello, los votantes de estos cantones elegirán a sus concejales en función de circunscripciones específicas, en lugar de hacerlo en una única jurisdicción cantonal.

Henry Cucalón no descarta postularse para la Alcaldía de Guayaquil: sus condiciones

Leer más

¿Cómo conocer sobre la circunscripción electoral?

El CNE señaló que la ciudadanía podrá verificar a qué circunscripción pertenece a través de la herramienta “Consulta tu lugar de votación”, disponible en su portal web institucional.

Las circunscripciones en donde elegirán mayor número de concejales

Quito elegirá 21 concejales: 14 urbanos y 7 rurales; Guayaquil, 15 concejales. 14 urbanos y 1 rural; Santo Domingo de los Tsáchilas, 15 concejales, 13 urbanos y 2 rurales; Durán, 13 urbanos. 

¿Qué hacer si está en el Registro Electoral Pasivo?

En ese listado constan 1.302.535 ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto en las cuatro últimas elecciones ni han realizado ningún trámite ante el CNE. De este registro se excluyen las personas que tienen voto facultativo.

• La ciudadanía podrá revisar si forma parte del Registro Electoral Pasivo desde el miércoles 8 de abril, ingresando a www.cne.gob.ec

• Los interesados tienen plazo hasta el 17 de abril de 2026 para realizar el trámite de habilitación en la página web institucional o de manera presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Uno de los más polémicos pronunciamientos fue el del embajador de Ecuador en Suecia, Inty Grønneberg, quien expresó en la red social X su preocupación por la medida. “Entiendo la necesidad de anticipar riesgos. Pero en democracia, la previsión no puede reemplazar la institucionalidad. Principio elemental: las reglas deben ser establecidas precisamente cuando más incertidumbre hay”, escribió.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones. La abogada constitucionalista María Dolores Miño cuestionó su postura y lo calificó como parte de una “maquinaria de erosión democrática”. En la misma línea, cuentas activas en redes sociales que participaron en la campaña política reciente lo acusaron de oportunismo y de respaldar decisiones del poder.

También el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, criticó a Inty Grønneberg. A su juicio, el adelanto de elecciones respondería a cálculos políticos del Gobierno y no a criterios técnicos. “En democracia las previsiones con cálculos no existen”, afirmó.

¿Cuál es el límite de la Corte Constitucional en época electoral?

Leer más

Ironizaron con la nueva postura de Inty Grønneberg

A todas las voces se sumaron cuestionamientos que también llegaron desde el entorno de la RC. Así, el hermano del exconsejero del CPCCS, Abraham Verduga, ironizó sobre la posición del embajador al considerar contradictorio que defienda reglas institucionales mientras representa a un Gobierno que, según él, las vulnera.

"Me reconforta saber que, al menos desde la embajada, los principios elementales siguen vigentes... aunque fuera de fronteras, claro".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

¿Andrés Páez será candidato a la Alcaldía de Quito?

El escenario político de la capital empieza a agitarse con miras al 29 de noviembre de 2026. Andrés Páez, quien ya compitió por la alcaldía en 2023, confirmó a Diario EXPRESO que las propuestas para una nueva candidatura son "innumerables".

A pesar de figurar con un 4% de preferencia en la reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Páez se mantiene por debajo de figuras como el actual alcalde Pabel Muñoz y el exalcalde destituido Jorge Yunda. Sin embargo, el político asegura sentirse satisfecho por ser considerado un "sobreviviente al correísmo".

La estrategia para derrotar al correísmo en las elecciones

Para Páez, la prioridad no es el nombre en la papeleta, sino evitar la dispersión del voto. Su enfoque principal es construir una plataforma de unidad que impida que el movimiento correísta retenga el control de municipios y prefecturas.

"No me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: eliminar la presencia de autoridades correístas", señaló enfáticamente el exlegislador.

Unificación de tendencias y encuestas reales

El político propone un método claro para definir al contendiente que enfrentará a la administración actual en las elecciones seccionales:

• Crear una gran plataforma donde coincidan diversos sectores políticos.
• Realizar mediciones técnicas para identificar quién tiene los mejores números.
• Apoyo total al candidato mejor posicionado para erradicar la influencia correísta en Quito.

Páez se define como un "político profesional" y afirma que no tiene problemas en dar un paso al costado si no es el favorecido por las cifras. "Ganar o perder una elección no es precisamente la tarea del político, la tarea es estar donde se cocinan las decisiones", acotó.

Finalmente, dejó su futuro en manos de la fe, asegurando que en las próximas semanas se definirá su rol, siempre bajo "el plan de Dios".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

“El que tiene padrino se bautiza”, escribió González, en un mensaje en el que también señaló directamente a las autoridades legislativas. “Hoy queda claro: Olsen y el CAL protegen a Diana Jácome por la misma razón por la que a mí me sancionaron. Ecuatorianos, juzguen ustedes mismos”, añadió el legislador.

La reacción surge luego de que se resolviera archivar la denuncia en contra de Jácome, al considerar que sus expresiones no configuraron una infracción administrativa. Según la resolución, no se comprobó agresión verbal ni un ánimo ofensivo que excediera los límites del debate político.

Denuncia contra Diana Jácome en la Asamblea

La Fiscalía cita a Juan González. Se habla de supuesto audio en el caso Villavicencio

Leer más

El conflicto se originó semanas antes, cuando González impulsó una queja formal contra Jácome por declaraciones emitidas durante una sesión plenaria. En ese contexto, la legisladora oficialista sugirió que los integrantes del correísmo deberían buscar una “buena habitación de cárcel” y preparar su pijama.

El 23 de marzo, González presentó pruebas audiovisuales y documentales ante el CAL para sustentar su acusación. Argumentó que esas expresiones constituían una amenaza velada y una humillación pública dirigida a los legisladores de su bancada.

Además, el jefe de bloque recordó que él mismo había sido sancionado previamente con una suspensión de nueve días por expresiones consideradas ofensivas. Por ello, insistió en la necesidad de coherencia en las decisiones del órgano legislativo.

Argumentos del CAL para archivar la queja

Pese a la denuncia, el CAL concluyó que los hechos no encajaban en la infracción prevista en la normativa vigente. En particular, determinó que no existía una agresión verbal en los términos exigidos por la ley ni un destinatario específico de las declaraciones.

La resolución también señaló que las expresiones de Jácome se mantuvieron dentro de los márgenes del debate político y de la función de fiscalización. Por tanto, no se consideró procedente aplicar una sanción administrativa.

Con esta decisión, se dispuso el archivo definitivo de la queja presentada por González y se ordenó notificar a las partes involucradas en el proceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Esto marca una diferencia directa frente al escenario anterior, ya que el país venía de un toque de queda de 15 días que finalizó el 30 de marzo. En esta nueva etapa, el Gobierno opta por mantener la libre circulación, mientras refuerza los operativos de seguridad.

El decreto prioriza acciones contra el crimen organizado sin limitar el tránsito ciudadano, especialmente en un contexto de alta movilidad por el feriado de Semana Santa.

¿Hay toque de queda en Ecuador con el nuevo estado de excepción?

La respuesta es clara: no hay toque de queda en esta nueva disposición. El documento no contempla restricciones horarias ni limitaciones a la movilidad de las personas en el territorio nacional. En cambio, se establece un esquema distinto de control basado en la intervención directa de fuerzas del orden en zonas específicas consideradas críticas.

Provincias donde aplica el estado de excepción en Ecuador

El decreto delimita su aplicación en nueve provincias:

• Guayas
• Manabí
• Santa Elena
• Los Ríos
• El Oro
• Pichincha
• Esmeraldas
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Sucumbíos

También se incluyen cantones específicos donde se intensificarán operativos:

• La Maná (Cotopaxi)
• Las Naves y Echeandía (Bolívar)
• La Troncal (Cañar)

Estas zonas han sido identificadas por su nivel de conflictividad y presencia de estructuras delictivas.

Qué medidas sí contempla el decreto 353

Aunque no hay toque de queda, el estado de excepción sí introduce cambios importantes en materia de seguridad:

• Duración: 60 días desde su entrada en vigencia.
• Ámbito: Aplicación focalizada, no a nivel nacional.
• Intervención: Participación activa de Fuerzas Armadas y Policía

Además, se suspenden derechos específicos para facilitar operativos:

• Inviolabilidad de domicilio:

Permite allanamientos sin orden judicial en casos de sospecha fundamentada.

• Inviolabilidad de correspondencia:

Autoriza el acceso a comunicaciones en situaciones excepcionales para prevenir delitos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

En este contexto, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción desde el jueves 2 de abril, en vísperas del feriado de Semana Santa. La medida responde a un escenario de violencia creciente y tendrá una vigencia de 60 días en territorios específicos.

La decisión llega tras el fin del toque de queda de 15 días que terminó el 30 de marzo, lo que marca un cambio en la estrategia de seguridad. Ahora, el enfoque se centra en intervenciones focalizadas sin restringir la circulación a nivel general.

Provincias donde se aplicará el estado de excepción en Ecuador

El decreto delimita su aplicación a nueve provincias consideradas prioritarias por los niveles de inseguridad:

• Guayas
• Manabí
• Santa Elena
• Los Ríos
• El Oro
• Pichincha
• Esmeraldas
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Sucumbíos

También se incluyen cantones específicos donde se ejecutarán operativos:

• La Maná (Cotopaxi)
• Las Naves y Echeandía (Bolívar)
• La Troncal (Cañar)

Estas zonas han sido identificadas como puntos estratégicos para actividades delictivas, lo que justifica la intervención estatal.

UNE anuncia movilizaciones por IVA al 15% en productos básicos: ¿cuándo serán?

Leer más

Qué cambia durante el feriado de Semana Santa en Ecuador

Durante este feriado, la principal diferencia es que no habrá toque de queda, por lo que la movilidad se mantiene sin restricciones horarias. Esto permite el normal desarrollo de actividades turísticas, comerciales y religiosas.

Sin embargo, el estado de excepción implica una mayor presencia de fuerzas de seguridad en calles, carreteras y puntos clave. Los controles serán más estrictos, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo.

El objetivo es garantizar la seguridad en un periodo de alta circulación de personas, evitando que el incremento de movilidad sea aprovechado por estructuras criminales.

Derechos suspendidos y alcance de la medida en Ecuador

El decreto establece la suspensión de dos derechos constitucionales que permiten ampliar la capacidad de acción de las autoridades:

• Inviolabilidad de domicilio:

Se autoriza el ingreso a viviendas sin orden judicial cuando existan indicios de actividades delictivas o presencia de armamento.

• Inviolabilidad de correspondencia:

Permite acceder a comunicaciones en casos excepcionales para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Estas facultades buscan facilitar operativos más ágiles y efectivos en los territorios intervenidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

La decisión se toma tras el fin del toque de queda de 15 días que concluyó el 30 de marzo, lo que marca una nueva fase en la estrategia de seguridad del Gobierno. A diferencia de la medida anterior, esta no restringe la movilidad, pero sí otorga facultades extraordinarias a las fuerzas del orden.

El decreto establece un marco legal para reforzar los operativos en zonas donde el crimen organizado ha incrementado su presencia. El objetivo es intervenir directamente en estructuras delictivas que operan en distintas regiones del país.

Provincias bajo estado de excepción en Ecuador y zonas focalizadas

El estado de excepción rige en nueve provincias identificadas como prioritarias:

• Guayas
• Manabí
• Santa Elena
• Los Ríos
• El Oro
• Pichincha
• Esmeraldas
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Sucumbíos

Además, la medida incluye cantones específicos fuera de estas provincias donde también se desplegarán controles:

• La Maná (Cotopaxi)
• Las Naves y Echeandía (Bolívar)
• La Troncal (Cañar)

Estas zonas han sido catalogadas como corredores clave del crimen organizado, con presencia de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y extorsión.

Qué cambia con el nuevo estado de excepción sin toque de queda

A diferencia del escenario anterior, el Gobierno no dispuso un nuevo toque de queda, por lo que la libertad de tránsito se mantiene vigente en todo el país. Este es uno de los cambios más relevantes frente a la medida que terminó el 30 de marzo.

Sin embargo, el decreto sí contempla la suspensión de derechos específicos, lo que amplía la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en territorio. Esto configura un modelo de intervención más focalizado, donde el control se centra en inteligencia y sin paralizar la movilidad ciudadana.

Derechos suspendidos y alcance de los operativos en Ecuador

El decreto establece la suspensión de dos derechos constitucionales clave:

• Inviolabilidad de domicilio:

Permite a las autoridades ingresar a viviendas sin orden judicial cuando existan indicios de presencia de grupos criminales, armas, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización.

• Inviolabilidad de correspondencia:

Autoriza el acceso, análisis y recopilación de comunicaciones sin orden judicial en casos excepcionales, cuando sea necesario para prevenir o neutralizar amenazas del crimen organizado.

Estas medidas se aplicarán de forma selectiva, bajo criterios de urgencia operativa y prevención del delito en las zonas intervenidas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

Durante su pronunciamiento, Chávez señaló directamente al juez Jairo García Mosquera, a quien acusó de haber actuado de forma indebida en este caso. “Se les derrumbó solo porque siempre fue construido sobre mentiras. Siempre fue un burdo montaje”, expresó el legislador. Además, cuestionó el rol que cumplió el magistrado en la etapa inicial del proceso.

El asambleísta también vinculó al juez con otros antecedentes polémicos dentro del sistema judicial ecuatoriano. Mencionó que García Mosquera fue allanado en el caso Fachada y sancionado por el Consejo de la Judicatura. Según Chávez, el magistrado habría favorecido a estructuras vinculadas con delincuencia organizada.

Cuestionamientos al juez en el caso Goleada

Raúl Chávez ante dictamen de prisión preventiva: "Venceremos a la infamia"

Leer más

Chávez insistió en que el juez ya había sido declarado culpable de negligencia en otro proceso. Indicó que en el caso Topo, el funcionario habría permitido la liberación de un delincuente al actuar de forma irregular. Estas referencias fueron utilizadas por el legislador para reforzar sus críticas al accionar judicial en el caso Goleada.

En su intervención, el asambleísta aseguró que García Mosquera fue quien dictó prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros involucrados. También recordó que él mismo fue afectado por una medida similar. “Ese juez de vergüenza fue el que me dictó también prisión preventiva a mí”, manifestó Chávez.

El legislador planteó interrogantes sobre posibles influencias en las decisiones judiciales. “¿A quién responde el juez Jairo García? ¿De quién siguió órdenes este juez?”, cuestionó. Estas declaraciones apuntan a una supuesta falta de independencia en el sistema de justicia.

Denuncia de persecución y advertencia política

Chávez afirmó que su incursión en la política se dio junto a Aquiles Álvarez con el objetivo de defender derechos y la democracia. En ese contexto, interpretó el caso Goleada como un intento de persecución política. Sostuvo que el uso de la justicia con estos fines representa un riesgo institucional.

El asambleísta advirtió que, pese a la liberación de los implicados en este proceso, el hostigamiento podría continuar. “Los regímenes que usan la justicia como arma de persecución no saben hacer otra cosa cuando pierden”, afirmó. Según dijo, la presión política y judicial podría intensificarse.

Finalmente, Chávez llamó a mantenerse firmes frente a lo que considera un escenario adverso. “Guayaquil tampoco se va a detener y Ecuador tampoco se va a detener. Fuerza y seguir adelante”, concluyó. Hasta el momento, también se desconoce el paradero exacto del legislador, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por este mismo caso.

Situación actual del caso y actores involucrados

En paralelo, Aquiles Álvarez permanece detenido debido a otras dos órdenes de prisión preventiva vigentes en su contra. Aunque fue beneficiado en el caso Goleada, su situación legal no ha cambiado completamente. Este escenario mantiene la atención pública sobre el desarrollo de los procesos judiciales.

La liberación de sus hermanos ha sido interpretada por su entorno como una señal de debilidad en la acusación inicial. Sin embargo, las autoridades no han emitido nuevos pronunciamientos oficiales sobre el estado del caso. El proceso sigue generando debate en el ámbito político y judicial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

El gremio cuestiona que más de 60 productos de primera necesidad ahora tengan el impuesto del 15%. Entre ellos están alimentos como leche, yogurt, queso, pan, fideos, sopas y carnes procesadas. También se incluyen bebidas como jugos, lo que amplía el impacto en el consumo diario. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de la comida diaria de nuestras familias”, señala el comunicado.

Según el boletín, el incremento afecta directamente a la Canasta Familiar Básica Nacional. En enero de 2026, este indicador alcanzó los $821,80. Mientras tanto, el salario básico en Ecuador se mantiene en $482. La UNE advierte una brecha cada vez mayor entre ingresos y costo de vida.

Impacto del IVA en productos básicos en Ecuador

Educación destina vacantes para docentes, pero ¿qué pasa con las escuelas?

Leer más

El gremio también denuncia que los sueldos en el sector ejecutivo están congelados desde hace 14 años. A esto se suma el desempleo que afecta a miles de ecuatorianos. La organización asegura que la crisis recae sobre trabajadores, docentes y familias vulnerables. “Una vez más, la crisis la seguimos pagando desde los pueblos del Ecuador”, recalcan.

En contraste, la UNE señala que grupos económicos han recibido beneficios fiscales. Según el boletín, existirían condonaciones y privilegios millonarios. Esto incluiría a sectores vinculados al poder político actual. La crítica apunta a una desigual distribución de las cargas económicas.

El Gobierno justificó inicialmente la medida como parte de la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, el gremio sostiene que los resultados no han sido efectivos. Afirman que Ecuador enfrenta una de las peores crisis de violencia de su historia. El país se ubica entre los más violentos de América Latina, según el comunicado.

Críticas a la política económica y al Gobierno

La UNE vincula estas decisiones a una política económica de corte neoliberal. Señala que responde a intereses externos y organismos internacionales. Entre ellos menciona al Fondo Monetario Internacional. Aseguran que estos ajustes afectan directamente al bienestar social.

El gremio sostiene que estas políticas imponen sacrificios a la población. Mientras tanto, consideran que favorecen a élites económicas. Esto refuerza el descontento social y la percepción de desigualdad.El discurso apunta a una crítica estructural del modelo económico vigente.

“Reafirmamos que este tipo de decisiones responden a intereses externos”, indica el boletín. Además, califican al Gobierno como autoritario, demagogo e indolente. La organización insiste en que no guardará silencio ante estas medidas. Su postura es de oposición frontal a la actual gestión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

El acuerdo fue suscrito el 6 de diciembre de 2025 en Abu Dabi y tiene como objetivo promover y proteger las inversiones recíprocas entre ambos países. Posteriormente, el presidente Daniel Noboa solicitó el control constitucional del instrumento el 31 de diciembre del mismo año. La Corte inició entonces un proceso que incluyó publicación oficial y recepción de observaciones ciudadanas. Este procedimiento responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

En su análisis, la Corte identificó que el tratado podría permitir que tribunales internacionales conozcan controversias internas. Por ello, determinó que se requiere una exclusión expresa en el artículo 20 del acuerdo. Esta cláusula debe establecer que los tribunales arbitrales no podrán resolver disputas contractuales o comerciales entre el Estado y actores privados. La medida busca garantizar coherencia con el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.

Dictamen constitucional sobre acuerdo Ecuador Emiratos

Así fue la liberación de los hermanos de Aquiles Álvarez de la cárcel del Encuentro

Leer más

El organismo constitucional explicó que esta condición es clave para evitar conflictos con la soberanía jurídica del país. Según el dictamen, la modificación permitirá diferenciar entre controversias contractuales y aquellas basadas en el tratado. Este criterio marca una diferencia con decisiones anteriores, como el dictamen 2-23-TI/23. En ese precedente no se consideró esta distinción propia del derecho internacional de inversiones.

Además, la Corte destacó que el acuerdo busca generar condiciones estables, transparentes y equitativas para las inversiones. El instrumento también reconoce la importancia de fortalecer las relaciones económicas bilaterales y promover el desarrollo. En su contenido se incluyen estándares como trato justo, protección a inversionistas y no discriminación. Estos elementos forman parte de los acuerdos internacionales de inversión reconocidos por organismos globales.

El dictamen también valida que el Estado mantenga su capacidad de regular la inversión extranjera. Se establece que las inversiones deben cumplir la legislación interna del país receptor. Asimismo, se garantiza que la inversión extranjera sea complementaria a la nacional. Este enfoque se alinea con el artículo 339 de la Constitución ecuatoriana.

Cambios clave en el tratado de inversiones

Otro punto relevante es la exclusión de ciertos ámbitos del acuerdo, como contratación pública, subsidios y medidas tributarias. La Corte determinó que estas exclusiones no contradicen la Constitución. También se reafirma el derecho del Estado a regular en temas de interés público como ambiente, seguridad y política social. Estas salvaguardas buscan equilibrar la atracción de inversión con la protección de competencias estatales.

Durante el proceso, el organismo recibió múltiples observaciones ciudadanas tras la publicación del acuerdo en el Registro Oficial. Este mecanismo permitió la participación de distintos actores en el análisis constitucional. La Corte revisó cada aporte dentro del plazo legal establecido. Finalmente, emitió su decisión tras completar el control formal y material del instrumento.

La resolución no fue unánime, ya que contó con dos votos salvados por parte de la jueza Alejandra Cárdenas Reyes y el juez Alí Lozada Prado. A pesar de ello, el dictamen establece un precedente importante en la interpretación de tratados de inversión. El fallo redefine los límites del arbitraje internacional en relación con el orden jurídico interno. Esto marca un nuevo enfoque en la política de acuerdos internacionales del país.

¿Qué sigue tras el dictamen de la Corte?

Con la condición establecida, el acuerdo deberá ser modificado antes de continuar su trámite. Una vez incorporada la exclusión exigida, el documento regresará a la Corte para una nueva verificación constitucional. Solo después de este paso podrá avanzar hacia su aprobación legislativa. Este proceso garantiza que el tratado cumpla plenamente con la normativa ecuatoriana.

La decisión reafirma el rol de la Corte Constitucional como garante de la supremacía de la Constitución. También evidencia el control riguroso sobre compromisos internacionales que puedan afectar la soberanía. El caso del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos se convierte así en un referente jurídico. Su desenlace final dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas por el organismo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

“En esta gestión, las cuentas claras y la transparencia son nuestra prioridad. Cumplimos con el país y con nuestros asegurados”, sostuvo el funcionario. Además, aseguró que se han fortalecido los mecanismos internos para evitar irregularidades en los pagos, eliminando prácticas como los llamados pagos preferentes dentro del sistema.

El titular del IESS también enfatizó que ninguna transferencia se realiza sin una revisión técnica previa. “Ni un solo dólar se desembolsa sin una auditoría rigurosa”, afirmó, al tiempo que rechazó presiones de grupos que, según dijo, buscan influir en decisiones que afectan sus intereses económicos.

Pagos del IESS a prestadores externos bajo auditoría y control

El discurso institucional sostiene que los recursos llegan de forma "ordenada y transparente" a más de 300 prestadores de salud en el país. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con denuncias que surgen desde hospitales públicos, donde pacientes reportan dificultades para acceder a servicios básicos.

Teodoro Maldonado: interventor rendirá informes quincenales tras reunión con MSP

Leer más

“Protegemos cada centavo de los aportes de nuestros afiliados para asegurar que reciban la atención que merecen”, agregó Córdova. La postura oficial apunta a que las decisiones adoptadas buscan priorizar el bienestar de los asegurados frente a intereses particulares dentro del sistema sanitario.

A pesar de este enfoque, la realidad en algunos centros médicos refleja un panorama complejo. La falta de insumos y equipos en hospitales del IESS evidencia tensiones entre la gestión administrativa y la atención directa a los pacientes.

Pacientes oncológicos enfrentan escasez de insumos en hospital del IESS

Desde finales de 2025, el Hospital Carlos Andrade Marín reporta una creciente escasez de insumos médicos, especialmente en áreas críticas como oncología. Uno de los problemas más recurrentes es la falta de reactivos de contraste, necesarios para realizar estudios como tomografías.

Pacientes derivados desde otras instituciones relatan que, pese a tener órdenes médicas urgentes, deben adquirir por cuenta propia los insumos requeridos. En algunos casos, reciben indicaciones informales escritas en hojas sin validez oficial, donde se detalla el tipo de producto y lugares cercanos para comprarlo.

La situación se agrava con equipos dañados dentro del hospital, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas externas. Exámenes como mamografías o ecografías no pueden realizarse en el centro médico, generando retrasos en diagnósticos y tratamientos.

Falta de reactivos y equipos obliga a pacientes a pagar de su bolsillo

En otros casos, pacientes con enfermedades complejas enfrentan gastos adicionales constantes. Para acceder a estudios como tomografías de abdomen y pelvis, deben comprar soluciones específicas, como contrastes yodados, cuyo costo ronda los 50 dólares.

Las recomendaciones suelen darse de forma verbal, sugiriendo farmacias cercanas al hospital. Esto genera incertidumbre sobre la disponibilidad de los insumos y pone presión económica sobre personas que ya enfrentan tratamientos costosos.

Ante este escenario, muchos pacientes asumen como rutina cubrir estos gastos de su propio bolsillo. La compra de medicamentos especializados, productos dermatológicos o insumos médicos se vuelve parte del tratamiento, pese a estar afiliados al sistema de seguridad social.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Junto a ellos también recuperaron la libertad Fernando Peñaherrera y César Bravo, quienes permanecían recluidos en el mismo centro penitenciario. La decisión judicial fue confirmada por el abogado de los procesados, Ramiro García, en una entrevista radial. El jurista explicó que la resolución favoreció a cinco personas en total.

Según detalló la defensa, la orden de prisión preventiva también fue levantada para Aquiles Álvarez. Sin embargo, el alcalde de Guayaquil continuará detenido debido a que enfrenta otras dos medidas similares en su contra. Esta situación lo mantiene aún privado de libertad pese a la reciente resolución.

Fallo judicial y argumentos del tribunal

Contraloría confirma que jueces de la Corte tienen indicios de responsabilidad penal

Leer más

El abogado Ramiro García enfatizó que el fallo no solo implica la salida de los procesados, sino también un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal. Según explicó, la decisión se basa en la falta de elementos suficientes para sostener la causa. Esto marca un precedente dentro del caso.

“Se señala que la prisión preventiva es improcedente porque no se ha demostrado la existencia del delito ni indicios de responsabilidad de los procesados. Es decir, que no hay caso (...)”, afirmó García durante la entrevista en horas de la mañana. 

La resolución se da en medio de un proceso que ha generado atención pública por los nombres involucrados. La Fiscalía General del Estado investiga este caso como una presunta red de delincuencia organizada. Entre los delitos señalados están el lavado de activos y la defraudación tributaria.

Traslados y contexto del caso Goleada

Los hermanos Álvarez y los otros procesados fueron trasladados a la cárcel El Encuentro el pasado 9 de marzo de 2026. Este centro penitenciario está ubicado en Santa Elena y ha sido uno de los puntos clave dentro del sistema carcelario del país. Desde allí se ejecutaron las recientes liberaciones.

En el caso de Aquiles Álvarez, su traslado se realizó desde la cárcel de Latacunga. Mientras tanto, Antonio y Xavier Álvarez fueron movilizados desde el centro penitenciario de Turi, en Cuenca. Estos movimientos se dieron en el marco de las investigaciones del caso Goleada.

Tras su salida, se prevé que Antonio Álvarez retome sus funciones como presidente del club Barcelona SC. Su liberación abre un nuevo escenario tanto en el ámbito judicial como en el deportivo. El proceso, sin embargo, continúa para otros implicados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

De acuerdo con el calendario oficial, la postulación se realizará entre el 3 y el 7 de abril. Durante este periodo, los estudiantes deberán ingresar a la plataforma oficial para registrar sus opciones de carrera. Este paso es obligatorio para quienes buscan un cupo en la educación superior pública técnica y tecnológica.

El procedimiento permite seleccionar una o varias carreras, en función de la oferta disponible y del puntaje obtenido. El sistema prioriza principios como el mérito, la igualdad de oportunidades y la libre elección. Esto garantiza un proceso "transparente y competitivo".

Cómo postular a institutos públicos en Ecuador

La postulación se realiza en línea a través de la plataforma oficial del sistema nacional. Los aspirantes deben ingresar con su usuario y clave para completar el proceso. El enlace directo para postular es el siguiente: https://www.registrounicoedusup.gob.ec/

Una vez dentro, los estudiantes podrán revisar la oferta académica disponible en institutos y conservatorios. La asignación de cupos dependerá del puntaje alcanzado y la demanda de cada carrera. Además, existen políticas de acción afirmativa para grupos prioritarios.

Requisitos para postular a la educación superior

Para participar en esta etapa, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la normativa vigente. Estos criterios garantizan el acceso equitativo al sistema de educación superior pública.

• Tener título de bachiller o su equivalente
• Haber completado el registro en el sistema nacional
• Haber rendido la evaluación correspondiente
• Contar con usuario y clave activos en la plataforma
• Elegir carreras dentro de la oferta disponible

Claves del proceso de asignación de cupos

Educación semipresencial en Ecuador: ¿quiénes pueden matricularse y cómo acceder?

Leer más

El sistema asigna los cupos en función del puntaje obtenido por cada postulante y la disponibilidad de plazas. Quienes obtengan mejores resultados tendrán mayores probabilidades de acceder a su primera opción. Este mecanismo se basa en criterios de mérito académico.

Además, el proceso contempla acciones afirmativas para garantizar igualdad de oportunidades. Esto incluye considerar factores sociales y económicos en la asignación. De esta forma, se busca reducir brechas en el acceso a la educación superior.

Oportunidades en institutos y conservatorios públicos

La oferta académica incluye carreras técnicas, tecnológicas y artísticas, lo que amplía las opciones de formación. Estos programas están diseñados para responder a las necesidades del mercado laboral actual. También permiten una inserción más rápida en el ámbito profesional.

En el caso de los conservatorios, los aspirantes deberán cumplir requisitos adicionales como audiciones o pruebas de suficiencia. Esto dependerá de la carrera elegida dentro del campo artístico.

El acceso a estas instituciones es gratuito hasta el tercer nivel, siempre que se cumplan las condiciones académicas. Este beneficio forma parte de las políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la educación superior en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Plazos y requisitos para las impugnaciones ciudadanas

La convocatoria oficial establece que los ciudadanos podrán presentar objeciones contra los postulantes desde el 6 hasta el 10 de abril de 2026. El horario de recepción será de 08:30 a 17:00 tanto en la sede matriz del Consejo como en sus delegaciones provinciales.

De acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona puede impugnar a los candidatos bajo los siguientes criterios:

• Falta de probidad o idoneidad para el cargo.
• Incumplimiento de los requisitos legales obligatorios.
• Existencia de inhabilidades no declaradas.
• Alteración de información relevante en sus hojas de vida.

Los rostros de la terna para la Judicatura

La Corte Nacional de Justicia, como ente nominador, ha presentado tres nombres para ocupar la vocalía principal y su suplencia:

1. Mercedes Caicedo
2. Ramón Echaiz Lavayen
3. Paquita Chiluiza Jácome

Este proceso busca llenar la vacante dejada tras la renuncia de Mario Godoy, en un contexto de alta presión política y judicial.

Pugna en el CPCCS por el caso de Alexandra Villacís

En el debate, las consejeras Piedad Cuarán y Nicole Bonifaz cuestionaron que se avance con el proceso, pese al fallo judicial a favor de Alexandra Villacís.

Recientemente, una jueza determinó que Villacís no tenía impedimento legal para asumir la presidencia de la Judicatura. La sentencia ordenó al Ministerio del Trabajo corregir sus registros en un plazo de 24 horas y exigió al CPCCS abstenerse de cualquier acción que vulnere sus derechos. No obstante, el Pleno ha decidido continuar con el cronograma de la nueva terna, ignorando momentáneamente la disposición de no innovar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

La acción fue presentada junto a varios legisladores, entre ellos Jahiren Noriega, Paola Cabezas y Mónica Alemán, quienes cuestionan el impacto del acuerdo en los derechos laborales. Según el pronunciamiento, la medida busca frenar posibles afectaciones mientras se analiza el fondo del caso.

En su publicación en X, Molina fue enfático al señalar: “Fue admitida la medida cautelar constitucional que presentamos…”. Además, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo “atropella y precariza los derechos de los trabajadores”, marcando una postura frontal frente a la reforma.

Suspensión temporal de la reforma laboral en Ecuador

El documento judicial establece que la medida cautelar se mantiene vigente hasta la realización de la audiencia pública. Esta diligencia fue convocada para el lunes 6 de abril de 2026 a las 11:30 en el Complejo Judicial Norte de Quito. La resolución busca garantizar el debido proceso mientras se evalúan los argumentos.

La providencia fue emitida por el juez Luis Eliécer Jácome Jerez, quien calificó la acción constitucional y dispuso la convocatoria a las partes involucradas. El expediente detalla que existió un error en la fecha inicial de audiencia, el cual fue corregido en este nuevo auto judicial.

Asamblea y reacción política frente al acuerdo ministerial

RC exige respuestas a la Contraloría por presunta investigación a jueces de la Corte

Leer más

En su mensaje, Molina también lanzó una advertencia política: “Aquí no hay espacio para maquillajes: quieren convertir el trabajo digno en trabajo barato y sin garantías”. La declaración refuerza el discurso de oposición frente a la reforma laboral planteada por el Ministerio de Trabajo.

El legislador añadió: “No lo vamos a permitir. La audiencia será el 6 de abril. ¡Ni un paso atrás! Los derechos laborales se respetan”. Estas palabras reflejan el tono confrontativo que ha tomado el debate en torno a la flexibilización de jornadas laborales.

La acción constitucional fue respaldada por un grupo de asambleístas que consideran que la normativa vulnera principios establecidos en la Constitución. El proceso judicial será clave para determinar si la medida se mantiene o se revierte de forma definitiva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

La diligencia, que tenía como objetivo evaluar el estado de salud del exfuncionario tras cinco meses en prisión, no concluyó y el juez a cargo dispuso su suspensión para continuar con el análisis de los informes técnicos remitidos por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

¿Cuál es la próxima fecha de la audiencia?

Según lo resuelto en la audiencia, la diligencia será reinstalada el próximo 4 de abril, fecha en la que se prevé que el magistrado retome la revisión de los elementos presentados tanto por la defensa como por las autoridades penitenciarias.

¿Qué opciones le quedan a Jorge Glas tras la decisión sobre habeas corpus?

Leer más

Defensa de Jorge Glas denuncia impedimento de intervención

Tras la suspensión, la defensa del exvicepresidente cuestionó lo ocurrido. “Hoy se impidió la defensa en el habeas corpus a favor de Jorge Glas. El abogado del proponente estaba conectado. El juez afirmó que no estaba presente. Suspendió la audiencia, impuso multa y negó la intervención”, denunció la abogada del exmandatario, Sonia Vera, a través de su cuenta en X.

Horas antes, en una entrevista radial, Vera también alertó sobre una nueva acción en contra del equipo legal. Según indicó en Radio Pichincha, la Fiscalía habría abierto una investigación previa contra los abogados de la defensa técnica internacional de Glas por una supuesta falsificación de documentos públicos. “Esto es totalmente falso”, enfatizó.

Este proceso busca determinar si existen vulneraciones a los derechos de Glas relacionadas con su condición de salud y si corresponde o no la aplicación del recurso constitucional solicitado. En noviembre de 2025, la Corte IDH ya dictó medidas cautelares como acceso a visitas de familiares, de médicos y de confianza. 

¿Por qué está preso Jorge Glas?

Actualmente permanece privado de libertad debido a las medidas de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí. 

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

Goleada: Abogado de Álvarez tilda de "reivindicación" el fallo que revoca la prisión

Leer más

Falsificación de documentos, la razón del allanamiento

El concejal Fabián Espín, del movimiento Revolución Ciudadana, confirmó a EXPRESO que el procedimiento responde a una denuncia por una supuesta falsificación de documentos dentro de la institución municipal.

No obstante, el edil expresó que, a su criterio, la intervención tendría un trasfondo político. “Es una persecución más; ahora, con un cuento falso de una falsificación de documentos públicos, han venido a allanar las oficinas”, señaló, al referirse al contexto en el que se produce el allanamiento.

Por su parte, la concejala Emily Rivera indicó que, hasta el momento, no existe ningún proceso formal orientado a la remoción del alcalde Aquiles Álvarez. Además, recalcó que la administración municipal continúa bajo la figura de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien se mantiene al frente de la gestión.

La postura de la Fiscalía General

El allanamiento se enmarca en una indagación previa iniciada en marzo de 2026. Según información preliminar, el Ministerio Público investiga posibles indicios del presunto delito de falsificación y uso de documento falso dentro de la estructura municipal.

A través de sus canales oficiales, la institución confirmó que el procedimiento forma parte de estas diligencias investigativas y que se ejecutó en dependencias del Municipio de Guayaquil.

Durante la intervención, agentes fiscales y personal de Criminalística recopilaron diversos indicios, principalmente documentación física y digital relacionada con el caso. El operativo se extendió a varias áreas estratégicas, como el Despacho, la Dirección de Talento Humano y la Secretaría Municipal, con el objetivo de determinar el origen y la posible utilización de los documentos bajo sospecha.

Tensión en el Municipio de Guayaquil

El operativo se lleva a cabo en un ambiente de tensión. Decenas de uniformados ingresaron al edificio municipal, ubicado en el centro de la ciudad, y recorrieron distintas áreas administrativas.

La presencia policial tomó por sorpresa a trabajadores y usuarios, quienes siguieron de cerca el desarrollo de las diligencias sin contar con información oficial sobre sus alcances.

En los exteriores del cabildo también se registra movimiento. Un grupo de ciudadanos se congregó para expresar su respaldo tanto a Aquiles Álvarez como a Tatiana Coronel, mientras en el interior continúan las diligencias.

Por su parte, Fiscalía confirmó a través de redes sociales la existencia de la denuncia, y añadió que esta forma parte de una investigación iniciada en marzo de 2026 por presunta falsificación de documentos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

Irregularidades en el CPCCS detonaron las renuncias

La salida de Hugo Arteaga y la subcoordinadora Rocío Espinosa responde a lo que califican como una nula apertura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para permitir una vigilancia real. Según Arteaga, en una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, el detonante fue la exclusión de la veeduría en la fase crítica donde se decidió qué candidatos seguían en pie.

"Suponíamos que nos iban a entregar el resultado de cuántos postulantes pasaban y eso no sucedió. Se hizo público sin que tuviéramos la oportunidad de cruzar la información", afirmó el excoordinador, quien también cuestionó que el organismo esté desacatando órdenes judiciales, como ocurrió en el caso de la Judicatura con Alexandra Villacís.

Falta de garantías en la selección del Fiscal General

Los veedores salientes sostienen que el proceso actual no ofrece garantías de transparencia. Entre las principales quejas presentadas en su renuncia destacan:

• Bloqueo de información: Los informes de revisión de carpetas de los postulantes no fueron compartidos con la coordinación de la veeduría.
• Falta de independencia: Temen que el concurso esté influenciado por intereses externos, similar a las recientes crisis en el Consejo de la Judicatura.
• Obstáculos operativos: Tuvieron que protestar para que se les permitiera estar presentes junto a los comisionados en etapas previas.

Estado actual del concurso para Fiscal General

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de admisibilidad y reconsideración. Tras un primer filtro, la Comisión Ciudadana de Selección determinó que solo 27 de los 75 postulantes cumplen con los requisitos legales.

Los aspirantes no admitidos tuvieron hasta el 1 de abril para presentar sus reclamos. Una vez resueltas estas solicitudes, el concurso avanzará a la calificación de méritos, etapa que ahora carece de la vigilancia de este grupo de ciudadanos críticos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!