El camino hacia la Asamblea Nacional

El documento remitido por el primer mandatario incluye las observaciones de la Corte Constitucional, entidad que el pasado 19 de marzo de 2026 emitió un dictamen favorable condicionado. El objetivo central es que la Asamblea Nacional recupere la potestad de elegir a los titulares de los organismos de control, desplazando la estructura actual del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Sin embargo, existe una observación jurídica relevante: la Corte dispuso que, una vez adecuada la propuesta, esta debía regresar a su revisión antes de la emisión del decreto para el referéndum.

Elecciones 2026: El factor tiempo

En los antecedentes del documento, el Ejecutivo cita resoluciones del CNE que son clave para la coyuntura política:

• La declaratoria del inicio del periodo electoral.
• La actualización del calendario que adelanta las votaciones para noviembre de 2026.

¿Qué solicita Noboa al CNE?

La petición concreta del presidente es que se proceda con la notificación a la Corte Constitucional para verificar la adecuación del proyecto. El texto corregido ahora especifica cambios en el artículo 207 de la Constitución, eliminando la frase que otorgaba al CPCCS la atribución de designar autoridades según la ley.

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En este periodo, tres playas del país presentan un nivel medio de amenaza, identificado con bandera amarilla, mientras que 38 balnearios se mantienen en nivel bajo, bajo bandera verde, según el mapa de nivel de amenaza por oleaje elaborado con base en los pronósticos de altura de ola.

Playas con nivel medio de amenaza

Las playas que registran bandera amarilla, lo que implica mayor precaución para el ingreso al mar, son:

• Quingüe, en la provincia de Esmeraldas
• Canoa, en Manabí
• Machalilla, también en Manabí

En estos balnearios, el oleaje puede generar corrientes más intensas o rompientes irregulares, especialmente en mar abierto o en sectores con cambios bruscos de pendiente, por lo que se recomienda evitar el ingreso de personas sin experiencia en el mar.

La mayoría de playas, con bandera verde

El resto del perfil costero del país mantiene bandera verde, lo que significa una amenaza baja. Entre estas se incluyen playas de:

• Esmeraldas: Las Peñas, Tonsupa, Atacames, Same, Mompiche, Las Palmas, Bocana de Lagarto, entre otras.
• Manabí: Crucita, Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Lorenzo, Puerto Cayo, Ayampe y El Matal.
• Santa Elena: Manglaralto, Montañita, San Pablo, Chanduy, Anconcito, Engabao.
• Guayas y El Oro: Playas y Jambelí.
• Galápagos: Isabela, Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal.

En total, 38 localidades costeras se encuentran habilitadas para actividades recreativas con condiciones consideradas favorables, aunque sujetas a cambios por dinámica marina.

¿Qué significan las banderas?

1. Bandera verde: amenaza baja; se puede ingresar al mar con precaución.
2. Bandera amarilla: amenaza media; se recomienda cuidado al nadar y evitar riesgos innecesarios.
3. Bandera roja: amenaza alta; el ingreso al mar no es recomendable.

Para este periodo no se han identificado playas con bandera roja, lo que indica ausencia de condiciones marítimas extremas a nivel nacional.

Recomendaciones clave

• Ingresar al mar únicamente en zonas señalizadas
• Evitar nadar solo o en horarios de baja visibilidad
• No perder de vista a niños y adultos mayores
• Respetar las indicaciones de salvavidas y autoridades locales

También se recomienda a pescadores artesanales y embarcaciones menores evaluar las condiciones antes de zarpar, ya que el oleaje moderado puede generar inestabilidad en mar abierto. El monitoreo de las condiciones marítimas se mantiene activo y las evaluaciones pueden modificarse si se registran cambios en la altura y frecuencia del oleaje durante los próximos días.

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De acuerdo con la agenda legislativa, los asambleístas sesionarán este martes 7 de abril de 2026, a las 10:00, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, para conocer tres proyectos de ley.

La agenda de la Asamblea Nacional

La agenda de la sesión 83 de la Asamblea tiene cuatro puntos:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador
2. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera
3. Conocer y resolver respecto al informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación
4. Conocer y resolver respecto al informe de Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa del Proyecto Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador

Las sesiones de la Asamblea en Quito y Machala

La última sesión plenaria de la Asamblea Nacional realizada en Quito fue el 26 de marzo de 2026 para, entre otros temas, aprobar el proyecto de Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional enviado por el Ejecutivo.

Durante las sesiones del 30 y 31 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a los asambleístas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

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En su cuenta en la red social X, Romero sostuvo que el Gobierno continúa utilizando la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto pasado de forma exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, para “amedrentar” a organizaciones no gubernamentales críticas.

Añadió que también “avanza la preocupante persecución a la Corte Constitucional”, a la que calificó como el único poder del Estado que, durante estos casi tres años de gobierno de Noboa, ha actuado como contrapeso frente a algunas decisiones del Ejecutivo.

Miembros de la ONU envían cartas al Gobierno

La relatora indicó que ella y otros expertos en derechos humanos han enviado varias cartas al Gobierno ecuatoriano para expresar su preocupación por el “deterioro del espacio cívico”, la “adopción de leyes regresivas” y los ataques dirigidos contra jueces constitucionales.

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Asimismo, señaló que se han remitido comunicaciones en las que se documenta la falta de protección y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra pueblos indígenas y comunidades rurales. “Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”, lamentó Romero.

Las declaraciones de la relatora se producen después de que, el pasado miércoles 1 de abril, el presidente Noboa cuestionara a la ONU por los pronunciamientos de comités y expertos que han expresado su preocupación por denuncias de posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluidas desapariciones forzadas, en el marco del “conflicto armado interno” declarado desde 2024 para enfrentar a grupos criminales.

“Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y enfocarse en la vida, en las personas. Garantizar la vida de la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de quienes delinquen de forma permanente”, señaló el mandatario en una entrevista con un medio local.

Noboa afirmó además que invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe sobre los más de 9.000 homicidios registrados en Ecuador en 2025 y el impacto de esa violencia en las familias de las víctimas.

“Este año ya llevamos más de 1.800 homicidios. ¿Existe algún informe especial sobre eso? ¿Hay alguna preocupación por la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, asesinados en Ecuador como víctimas del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal? No los hay”, cuestionó el presidente.

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La iniciativa incluye fortalecer sistemas de información, monitorear el mercado de drogas y aplicar estrategias sanitarias y sociales. El Gobierno la presenta como un paso hacia un enfoque más estructural. Busca superar medidas aisladas y atender el consumo como un fenómeno complejo. Pero el aumento de casos genera dudas sobre su impacto real. La cooperación internacional aparece como apoyo clave, aunque con retos en su ejecución.

Con el fin de conocer más a detalle los alcances y la implementación de esta cooperación, EXPRESO solicitó una entrevista al MSP, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta; en contraste, la Embajada de la Unión Europea sí atendió el requerimiento.

¿En qué consiste el acuerdo entre el MSP y la Unión Europea?

El acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y la Unión Europea se sustenta en un enfoque integral frente al problema de las drogas, que busca ir más allá de respuestas punitivas. La embajadora destacó que la estrategia incorpora dimensiones sociales, sanitarias y preventivas, articuladas a nivel institucional. “No hablamos de una respuesta militarizada, hablamos de un enfoque integral que incluye prevención, salud pública, inclusión social y derechos humanos”, señaló.

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Consultada sobre si esta iniciativa llega de forma tardía frente a una problemática que se arrastra desde hace años, sostuvo que el momento es oportuno, en medio de un contexto de violencia creciente en la región. “Creo que ahora es el momento (…) estamos en una nueva fase del programa hasta 2029 y el problema en Ecuador es muy serio, con nuevas sustancias que afectan gravemente a nuestras sociedades”, afirmó, al defender la continuidad del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad III) en el país.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de una comisión de análisis e investigación (similar a los observatorios de drogas en Europa) que permita generar evidencia y monitorear el fenómeno. “En la Unión Europea prácticamente todos los estados miembros tienen estos observatorios (…) permiten trabajar en metodologías, alerta temprana y análisis de crisis, algo que podemos compartir”, indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre posibles apoyos adicionales al sistema de salud ecuatoriano, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas, confirmó que existen conversaciones, aunque sin mayores detalles. “Estamos completamente conscientes de la crisis que está viviendo el sistema de salud público ecuatoriano (…) estamos conversando de estos temas con el gobierno, pero no le puedo dar más detalles en este momento”, respondió.

El acuerdo de cooperación internacional en materia de drogas llega en un momento crítico para el país. Para Julieta Sagnay, psiquiatra y exdirectora del Hospital Bicentenario, la iniciativa no es oportuna, sino más bien tardía frente a una problemática desbordada. “El acuerdo llega tarde, pero es muy necesario”, señala, al advertir que “hasta ahora no hay una estrategia de prevención efectiva ni tratamiento accesible”, lo que evidencia una respuesta insuficiente del sistema de salud.

La especialista enfatiza que el problema no se resolverá únicamente con lineamientos o cooperación técnica si no existe una transformación estructural. “No existirá jamás una política de drogas eficaz sin enfoque clínico”, sostiene, y agrega que “estas estrategias no siempre llegan al paciente que consume activamente”, lo que limita su impacto real si no se traducen en acciones concretas dentro del sistema sanitario.

Como propuesta, Sagnay plantea un cambio urgente hacia un modelo integral que combine prevención y atención médica. “Se requiere una red pública con desintoxicación médica supervisada”, indica, junto con “protocolos clínicos basados en evidencia y una red de salud mental integrada”, subrayando que sin acceso real a tratamiento y Marcos Molina, médico y expresidente de la Comisión de Salud, advierte que los acuerdos y lineamientos internacionales pueden afectar la soberanía sanitaria del país, especialmente frente a decisiones de la OMS y la cooperación con la Unión Europea. “Por ejemplo, si el país no quiere vacunarse, tendríamos que hacerlo porque la OMS lo ha determinado… esa soberanía no la podemos perder”.

También enfatiza que el problema de las drogas no ha sido abordado con información ni estudios serios por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pese a decisiones tomadas en gobiernos anteriores. Afirma que, sin datos, es imposible diseñar políticas eficaces. “Nunca hicieron ningún estudio… no tienen información en el Ministerio de Salud Pública de esta situación.”

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Elecciones seccionales 2026: ¿ADN gana o pierde con el adelanto de las votaciones?

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Poco antes, la opinión pública reaccionó con preocupación ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación de Construye y Unidad Popular, una medida tomada tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) por una investigación que aún no ha concluido.

A estos hechos de tinte electoral se suman decisiones de otras entidades estatales y de Gobierno que afectan la institucionalidad: el caso del Ministerio de Trabajo, que se niega a cumplir la sentencia de una jueza que ordenó la eliminación del supuesto impedimento que registra la vocal suplente Alexandra Villacís para permitirle asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura; la celeridad de la Fiscalía para actuar contra opositores del régimen, mientras las investigaciones sobre las presiones a jueces anticorrupción no avanzan; o la aparente discrecionalidad de la Contraloría, como se conoció antes del feriado, ya que el ente inició un control de los patrimonios de los jueces de la Corte Constitucional (CC), mientras ha mantenido silencio frente al crecimiento millonario de los bienes con los que cuenta actualmente Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Frente a los cuestionamientos por el cambio de la fecha de las elecciones y la afirmación de que esto favorecería al partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), el presidente Daniel Noboa dijo, en una entrevista en radio Gaviota, que el cambio lo realizó el CNE. Aseguró que la modificación favorece a la oposición, que es fuerte en los sectores rurales, cuyas zonas habrían sido las más afectadas por posibles inundaciones derivadas del fenómeno de El Niño. “Somos más débiles en la ruralidad de la Costa, se destruye el mito de que nosotros queríamos cambiar las elecciones porque somos más fuertes en las cabeceras cantonales y capitales de provincias de la Sierra. Se hubiesen cerrado los recintos electorales en la ruralidad (...) Estamos garantizando que todos puedan votar”, manifestó.

Noboa y sus similitudes con Venezuela y Nicaragua

Sin embargo, la modificación del día de las elecciones ha encendido las alertas y distintas voces mencionan que ese tipo de decisiones recuerdan antecedentes que ya ocurrieron en Venezuela y Nicaragua, donde se dieron hechos similares que han acabado con la democracia en esos países.

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Según el último informe Freedom in the World, difundido por Freedom House el 19 de marzo, “una de las peores señales de estabilidad democrática es el adelanto o retraso de las elecciones: el cambio de la fecha. Lo que estamos viviendo en este momento es una señal no muy positiva del sostenimiento de la institucionalidad democrática; hay que prestar atención porque nadie puede predecir el futuro en cuestiones meteorológicas para usarlo como pretexto y cambiar las elecciones. Estas señales no deben ser vistas de manera aislada y hay que tenerlas en cuenta para evitar cosas peores en el futuro”, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras citar el reporte de este año de la ONG estadounidense que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo.

“Estamos en un momento de populismo, de graves amenazas a los regímenes democráticos. Ha surgido el debate de cómo le denominamos: dictadura, autoritarismo, autocracia; hay varias formas de nombrarlo, pero más allá de eso debemos poner atención en qué estamos viviendo: una arremetida contra las reglas, contra la Constitución, las leyes vigentes, los poderes del Estado; una ansia de desplegar el poder buscando enemigos, en lugar de ver aliados para gobernar”, señala Valentina Cordero, politóloga y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El riesgo de concentrar todos los poderes en Ecuador

“Vemos la intención de concentrar todos los poderes para favorecer a un proyecto político determinado, lo cual atenta contra los principios republicanos por el hecho mismo de adelantar las elecciones sin que la sociedad lo haya debatido o que las organizaciones políticas se hayan enterado”, indica Gonzalo Muñoz, integrante del Foro de la Democracia.

El también constitucionalista explica que el CNE puede modificar el calendario electoral, pero dentro de los márgenes establecidos en la ley, como lo señala el artículo 91 del Código de la Democracia, el cual dispone que la posesión de autoridades seccionales debe darse el 14 de mayo del año de la elección. “Entonces, la elección debe ser en el mismo año de la posesión, como ha sido siempre desde la Constitución de 2008. El comentario de Diana Atamaint es lamentable; a nadie se le puede ocurrir decir que el día de las votaciones y de las elecciones son distintos. Ante la ausencia de argumentos, para consolidar este modelo de tinte autocrático, se recurre a estas ocurrencias”, añade.

El rol de la ciudadanía: exigir independencia

Si bien el escenario es complejo y se ha ido agravando, los expertos resaltan el rol que debe cumplir la ciudadanía para encaminar los procesos democráticos.

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Según Cordero, “lo primero es darnos cuenta, admitir que la democracia está en riesgo, que hay una actitud en el ejercicio del poder que no dialoga ni comparte valores democráticos; también superar el escollo del temor, aunque genera un dilema por el aparataje estatal al servicio de la persecución”.

“La ciudadanía tiene que alzar la voz, eso estamos intentando desde el Foro. No tenemos ningún tipo de posición política, pero sí nos preocupa el estado de la democracia en el país, donde cada vez se va perdiendo la independencia de funciones, se consolida un modelo autocrático y la gente tiene miedo de hablar por las posibles repercusiones del poder”, menciona Muñoz.

El experto cree que otra opción para expresar el desacuerdo es el sufragio. “Hay la posibilidad de que en las siguientes elecciones se repita el rechazo a esta forma de gobernar, como ya ocurrió en la consulta popular”. Sin embargo, considera que el cambio debe ocurrir desde el propio ciudadano. “El ecuatoriano debe cumplir con la ley. Ahora mira ese ejemplo de un Gobierno que no acata una sentencia, como el Ministerio de Trabajo, y dice: ‘si el Gobierno no cumple, tampoco yo’; pero una sociedad que no respeta la ley es una sociedad anárquica y eso los ecuatorianos tienen que cambiar”, enfatiza.

A Alarcón le preocupa que la ciudadanía no preste atención a las señales, pese a que ya se vio la consolidación de un modelo autoritario en el pasado. “No se trata de que nos guste o no, sino de defender las instituciones, los principios. El rol de la ciudadanía es entender que los gobiernos son nuestros representantes y debemos exigirles una buena gestión pública, no la consolidación de modelos personalistas. Debemos ser ciudadanos responsables; vivir en democracia no es solo ir a votar, se requiere hacer vigilancia de lo público y de la toma de decisiones de las autoridades”, concluye.

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El plazo definitivo para la inscripción de candidaturas

El nuevo calendario aprobado por el CNE establece el 17 de agosto de 2026 como la fecha límite improrrogable para la inscripción de candidaturas. Hasta ese día, los precandidatos elegidos en procesos de democracia interna deben formalizar su solicitud. Sin embargo, para los asambleístas y otras autoridades de elección popular, el reloj corre más rápido debido a las exigencias legales de la Ley Electoral.

Renuncia obligatoria según el Código de la Democracia

De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, cualquier autoridad que pretenda postularse para un cargo diferente al que ocupa actualmente debe renunciar obligatoriamente antes de presentar su inscripción. Esto implica que:

• Asambleístas que busquen ser alcaldes, concejales o prefectos deben dimitir.
• La renuncia debe hacerse efectiva a más tardar el 17 de agosto de 2026.
• El incumplimiento de este paso invalida automáticamente la solicitud de inscripción ante el CNE.

El complejo escenario de la Revolución Ciudadana

Organizaciones como la Revolución Ciudadana ya han perfilado a varios de sus legisladores para las seccionales del 29 de noviembre de 2026. No obstante, el correísmo enfrenta una crisis jurídica tras ser suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debido a una denuncia por presunto lavado de activos presentada por el fiscal Carlos Alarcón.

Esta situación ha provocado movimientos preventivos, como el de la asambleísta Paola Cabezas, quien optó por desafiliarse para asegurar su participación por otra plataforma política, cumpliendo así con los rigurosos requisitos del sistema electoral ecuatoriano.

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Según el legislador, la contestación oficial enviada por la cartera de Estado no aclara los hechos ni permite ejercer control político, sino que se limita a declarar como reservada la mayor parte de la información solicitada, amparándose en argumentos de seguridad del Estado. Para Córdova, esta postura constituye una evasión que impide conocer qué ocurrió realmente en territorio fronterizo.

¿Qué pidió Córdova a Defensa en el oficio?

• Legalidad del operativo
• La existencia del supuesto campamento atacado
• La posible presencia de víctimas civiles
• El uso de protocolos de derechos humanos
• La eventual participación de fuerzas extranjeras

Uno de los puntos que Córdova considera más sensibles es la confirmación, en el oficio ministerial, de una operación conjunta con Estados Unidos. Aunque el Ministerio sostiene que la soberanía nacional no fue vulnerada y que el mando operativo fue ecuatoriano, el legislador señaló que no se entregó información sobre los acuerdos o mecanismos que sustentan esa cooperación, lo que, a su criterio, deja en el aire el alcance real de la participación extranjera.

También cuestionó que la institución haya asegurado que no hubo víctimas y que la operación se ejecutó conforme a la ley, sin adjuntar informes técnicos, pericias independientes o evidencia verificable que respalde esas afirmaciones. Para el asambleísta, se trata de declaraciones que buscan cerrar el debate sin permitir un análisis exhaustivo de un hecho que involucra el uso de la fuerza militar.

Córdova sostuvo que la respuesta del Ministerio desconoce el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional y afecta el derecho ciudadano a recibir información sobre operativos militares que se desarrollan dentro del país, especialmente en zonas sensibles de la frontera norte. En su pronunciamiento, insistió en que la seguridad no puede convertirse en un argumento para el secretismo absoluto, menos aún cuando existen dudas sobre posibles afectaciones a civiles.

El legislador adelantó que continuará impulsando acciones de control y exigió que se transparenten los detalles del bombardeo en San Martín. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene su postura de reserva sobre la mayoría de aspectos del operativo, lo que ha profundizado el debate político en torno al uso de la fuerza, la cooperación internacional y los límites de la confidencialidad en materia de seguridad nacional.

La respuesta del Ministerio de Defensa

En el oficio Nro. MDN-MDN-2026-0708-OF, firmado en Quito el 2 de abril de 2026, la cartera de Estado señala que los requerimientos relacionados con operaciones militares, inteligencia, contrainteligencia, análisis estratégico, cooperación internacional y procedimientos operativos están protegidos por la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), al tratarse de información clasificada.

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Según el documento, difundir este tipo de datos podría comprometer operaciones militares en curso o futuras, así como afectar la defensa nacional y el orden público. Por ese motivo, el Ministerio indica que no puede entregar detalles sobre varios de los aspectos solicitados en el marco del control político.

Resultados del operativo

Sobre los resultados del bombardeo, el Ministerio de Defensa afirma que no se registraron víctimas civiles y que la operación se ejecutó de acuerdo con la ley, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El documento señala que el objetivo fue desarticular un Grupo Armado Organizado vinculado a disidencias colombianas, cuyos integrantes presuntamente utilizaban el sector como base logística, con actividades como suministro de alimentos y municiones. No obstante, la respuesta no incluye informes técnicos, pericias independientes ni evidencia documental verificable que respalde estas afirmaciones, más allá del pronunciamiento institucional.

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El juez Patricio Maldonado tramitará la queja del PSC

El magistrado Patricio Maldonado será el encargado de sustanciar el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC). La admisión se dio este 31 de marzo de 2026, luego de que la organización política completara los requisitos legales exigidos en la primera fase del proceso.

Pese a la admisión de la causa, el juez Maldonado negó la solicitud de auxilio contencioso electoral por considerar que no se encontraba debidamente justificada en el expediente. Este recurso busca dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que modificó las fechas de los comicios originalmente previstos para inicios de 2027.

¿Por qué se cambió la fecha de las elecciones seccionales?

La controversia inició el pasado 27 de marzo de 2026, cuando el Pleno del CNE resolvió actualizar el calendario electoral basándose en informes técnicos de riesgo.

• Alerta climática: La Secretaría de Riesgos advirtió un probable Fenómeno de El Niño para el inicio de 2027.
• Nueva fecha: Las votaciones se fijaron para el 29 de noviembre de 2026.
• Impugnaciones: Diversos actores políticos consideran que el cambio carece de sustento constitucional.

Además de la vía electoral, el PSC ha escalado el conflicto a la Corte Constitucional. El juez Richard Ortiz tiene en sus manos una acción pública de inconstitucionalidad con la que se busca frenar definitivamente el cambio de fecha mediante medidas cautelares.

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La sustancia ilícita fue localizada dentro de un contenedor que se encontraba en el interior del puerto. De acuerdo con la información proporcionada por el ministro del Interior, John Reimberg, seis sospechosos fueron capturados en flagrancia dentro de las instalaciones portuarias, mientras que un séptimo fue detenido en los exteriores del recinto, en el marco del mismo operativo.

¿Cómo estaba distribuida la cocaína?

El cargamento estaba distribuido en 18 bultos, cuyo peso total alcanza aproximadamente 1.500 kilogramos. Las autoridades no han precisado aún el tipo de droga ni el destino final del contenedor, datos que permanecen bajo investigación.

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Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del proceso penal correspondiente, mientras las unidades especializadas continúan con las indagaciones para determinar el grado de participación de cada uno y establecer si existen más personas involucradas.

Este hallazgo se suma a una serie de decomisos realizados en los puertos de Guayaquil, considerados puntos estratégicos para el envío de droga hacia mercados internacionales, y refleja la persistencia de las redes criminales que operan en los recintos portuarios del país.

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El operativo se ejecutó el pasado miércoles 1 de abril, a aproximadamente 127 kilómetros de las costas de Manta, ciudad considerada estratégica en las rutas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Durante la inspección de la lancha, que había sido catalogada como sospechosa, personal militar halló 44 sacos de yute que contenían 1.760 paquetes envueltos en cinta adhesiva y plástico, los cuales, según el reporte fiscal, albergaban una sustancia blanca con características similares a la cocaína.

Posteriormente, las pruebas confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2.042 kilogramos.

El modus operandi de la operación

Tras la interceptación, los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Manta, donde quedaron a disposición de la Policía, y posteriormente fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

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En la operación también se incautaron teléfonos satelitales, equipos de geoposicionamiento y dinero en efectivo. Ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos sobre sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha consolidado en los últimos años como un punto clave para el tránsito de droga, principalmente con destino a Europa y Norteamérica.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, una cifra 67 toneladas menor a la registrada en 2024, cuando se alcanzó un récord de 294,61 toneladas.

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La resolución fue adoptada el 2 de abril de 2026 por una Sala de la Corte Provincial de Pichincha, que aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa de Álvarez y dejó sin efecto la prisión preventiva ordenada previamente en el caso Goleada, donde se lo investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La decisión judicial: una revocatoria parcial

Durante la audiencia, los jueces concluyeron que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no eran suficientes para justificar la prisión preventiva. Según el fallo, no se acreditó de manera sólida la existencia de una estructura de delincuencia organizada ni la participación directa del alcalde en los delitos imputados dentro de este expediente.

En consecuencia, la Sala dispuso medidas sustitutivas, entre ellas presentaciones periódicas y prohibición de salida del país, aplicables exclusivamente al caso Goleada. Sin embargo, la resolución no tuvo efectos sobre otras causas penales abiertas contra el alcalde de Guayaquil.

El otro proceso que lo mantiene detenido: el caso Triple A

La razón principal por la que Aquiles Álvarez no recuperó su libertad es la vigencia de una orden de prisión preventiva en el denominado caso Triple A, una investigación anterior que también lleva adelante la Fiscalía.

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En ese proceso, el alcalde es investigado por presuntas irregularidades en la comercialización y desvío de combustibles, causa que sirvió como punto de partida para las indagaciones que luego derivaron en el caso Goleada. 

En el expediente Triple A, un juez mantiene vigente una medida de privación de libertad, lo que legalmente impide que Álvarez abandone el centro de reclusión, aun cuando una prisión preventiva haya sido revocada en otra causa 

Desde el punto de vista procesal, cada causa es autónoma. Esto significa que una decisión favorable en un expediente no anula ni suspende automáticamente las medidas dictadas en otro, incluso si guardan relación temática o probatoria. 

Una situación jurídica aún abierta

El escenario legal de Álvarez sigue siendo complejo. Aunque la revocatoria en el caso Goleada fue interpretada por su defensa como una “victoria parcial”, el alcalde continúa recluido mientras se desarrollan las etapas procesales del caso Triple A, donde la Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.

La defensa ha anunciado que continuará apelando las medidas en ese proceso, mientras que la Fiscalía evalúa sus opciones frente al fallo adverso en Goleada, incluida la posibilidad de fortalecer su acusación con nuevos elementos o avanzar hacia otras figuras penales.

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Las provincias y cantones bajo la medida

La disposición presidencial no abarca todo el territorio nacional, sino que se concentra en nueve provincias y cuatro cantones específicos donde se ha identificado una mayor actividad de estructuras de delincuencia organizada.

Provincias afectadas:

• Guayas, Manabí y Santa Elena.
• Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
• Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos.

Cantones adicionales:

• La Maná (Cotopaxi).
• Las Naves y Echeandía (Bolívar).
• La Troncal (Cañar).

Derechos suspendidos: Inviolabilidad de domicilio y correspondencia

El decreto establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que faculta a la fuerza pública a realizar allanamientos inmediatos sin orden judicial previa, siempre que existan indicios de que en el inmueble se ocultan miembros de grupos armados o se almacenen armas y drogas.

Asimismo, se suspende la inviolabilidad de correspondencia. Esto permite la identificación y análisis de información pertinente para neutralizar amenazas, bajo un informe motivado que justifique la excepcionalidad de la medida.

Requisición de bienes y antecedentes

Aunque no se ha decretado un toque de queda general en este documento, el Gobierno mantiene la potestad de requisar bienes y servicios de origen ilícito que sean necesarios para la continuidad de las operaciones de seguridad.

Esta decisión se suma a las intervenciones realizadas en la segunda quincena de marzo de 2026, donde provincias como Guayas y Los Ríos ya experimentaron restricciones de movilidad para golpear la economía criminal.

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En paralelo, desde la Asamblea Nacional, iniciativas como la reforma al Cootad, más la Ley Lootugs, entre otras, apuntan a un rediseño del alcance de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Eso ha reavivado el debate sobre los límites de la autonomía local frente al poder central.

En esa línea, Juan José Illingworth, defensor de la descentralización, dice que le parece preocupante, “una orientación hacia acumular más poder y a debilitar el poder local”. Lo leo —apunta— a través de distintas iniciativas. En la que se aprobó (Lootugs, de Ordenamiento Territorial) se interviene en la potestad municipal de decidir sobre el uso del suelo”.

A su criterio eso afecta la autonomía de los municipios. También en la reforma al Cootad, que habla de eficiencia en el uso de recursos. “La veo como un intento de debilitar las finanzas de los GAD para cubrir falencias financieras del Gobierno central”.

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Lo que viene con el Cootad

De lo contrario, precisa, “no se habría colocado una penalidad, para quitarle la plata, 35 % de asignaciones, sino en premiar a los que cumplen. En los considerandos se reconoce que los GAD en su conjunto destinan 40 % de todo su presupuesto a inversión y el Gobierno central, solo 4 %”.

¿Qué acciones ha hecho el Ejecutivo sobre GAD?

Illingorwth identifica acciones que van en detrimento de la autonomía de los GAD. Menciona las intervenciones a Segura EP de Guayaquil, a la Empresa de Tránsito de Samborondón, el intento de tomar el control de la Autoridad Portuaria, con una reorganización del directorio.

Sobre la aprobación de leyes como la Lootugs

En contraste, el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, anota que hay un “total abandono de las responsabilidades del Estado en salud y educación”. Por lo que no le parece que el Ejecutivo “se inmiscuya en competencias que no son suyas, zapatero a tus zapatos”. 

Eso en relación a la aprobación de leyes como la Lootugs y otra que está en trámite para supuestamente incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

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“Debe haber coordinación en políticas macro, existían instituciones como el Ministerio de Vivienda (se integró al de Transporte y Obras Públicas)”.

En una de sus columnas en EXPRESO, el analista Xavier Flores advirtió que al aprobar la Ley Lootugs se vulneraron competencias exclusivas de los municipios, para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo.  

“Uno de los objetivos es evadir el control de los municipios y facilitar la expansión de las zonas urbanas, con un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia”.

Sobre descentralización y corrupción

La analista Gabriela Calderón ha subrayado que defender la autonomía y la descentralización no es defender la corrupción y el despilfarro. Así tampoco defender el centralismo es defender la austeridad y la buena administración pública. 

“El gobierno central concentra la mayor parte de recursos y competencias y protagoniza mayores escándalos de corrupción y despilfarro”, dijo.

La disputa por el poder político: Wladimir Sierra

Para el analista Wladimir Sierra, todo se enmarca en una disputa por el poder político. Cada grupo busca absorber la capacidad de acción en la mayor parte del territorio nacional. Al presidente Daniel Noboa, dice, le restan tres años en el cargo; busca apropiarse de esas capacidades locales.

Pese a eso, Sierra asegura que hay que reconocer que algunas alcaldías llevan adelante estrategias de bloqueo a políticas del Ejecutivo. Pero sostiene que al movimiento oficialista ADN le mueven los intereses de grupos económicos.

En torno a las preocupaciones por el debilitamiento de la autonomía, Wladimir Sierra opina que el nivel de descentralización es un indicador de democracias maduras, lo que se está minando en el país.

El sociólogo Sierra plantea que hay algunos gobiernos locales que no usan correctamente esta autonomía e incluso se han involucrado en actos de corrupción, al estar por fuera de control estatal. Sin embargo considera no solo un retroceso sino un acto antidemocrático, que se debilite la autonomía de los GAD.  

“Mientras más se desconcentra la toma de decisiones y la ejecución de obras, más fortalecida estará la democracia”, reitera.

Acciones frente a la reforma al Cootad

La UNE, alcaldías como la de Quito y prefecturas como la de Pichincha y partidos como el Socialista han demandado la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

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Decreto 340

La entrada en vigencia del documento ocurre tras la publicación del Decreto Ejecutivo 340 en el Registro Oficial el pasado 30 de marzo. Este trámite interno culmina el proceso institucional iniciado el 23 de septiembre de 2025, cuando la Cancillería suscribió el texto original en Nueva York.

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Con la activación de este instrumento jurídico, las entidades de seguridad nacionales adquieren la facultad de triangular datos operativos con sus pares europeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el mecanismo sitúa al país como el primero en la región en establecer esta línea de conectividad directa con la agencia del viejo continente.

El flujo de información binacional no será irrestricto. Para la ejecución de estas diligencias, el convenio impone salvaguardias legales orientadas a proteger el derecho a la intimidad de los perfiles investigados. Esto condiciona el uso de los archivos confidenciales y la protección de datos, limitándolos estrictamente al ámbito de los procesos penales y preventivos.

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A las dudas generadas por la selección de 27 candidatos de un total de 75 —sin un informe técnico público detallado— se suman advertencias de expertos y organizaciones civiles sobre debilidades en la evaluación de méritos, la falta de acceso a información y la limitada experiencia penal de parte de los aspirantes.

El jueves 2 de abril del 2026 renunciaron Hugo Arteaga, coordinador; la subcoordinadora y siete integrantes más de la veeduría ciudadana del Concurso Hace algo más de dos semanas también se fue Julio Aguilar, el secretario.

“No puedo avalar esas decisiones, hubo una reunión y pensé que la comisión emitiría un informe, para cruzar información”, señala Arteaga. Alerta que viene el proceso más crítico: evaluación de méritos y exámenes orales y escritos, “que se hace digitalmente”.

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Además, Arteaga lamenta la “desinstitucionalización que vive el país, una Fiscalía que obedece al poder de turno. Andrés Fantoni, presidente del Consejo, no ha posesionado a Alexandra Villacís, como presidenta de la Judicatura".

Otros sectores han mostrado inquietudes similares. Paúl Ocaña, presidente de la Federación Ecuatoriana de Abogados, coordina la veeduría cívica. Presentó una acción de acceso a la información porque requiere transparencia.

Esto dice el informe del ODJ sobre perfiles de postulantes del Concurso para Fiscal General del Estado

El jueves 2 de abril, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe, tras analizar los perfiles de los 75 postulantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.  

• Entre otros hallazgos se revela que si bien el 98% de los aspirantes cumple con el requisito legal de contar con al menos 10 años de ejercicio profesional, solo el 61% acreditado experiencia específica y verificable en materia penal. 

• Apenas 39 de los 75 postulantes (5 2%) cumplen simultáneamente con el tiempo mínimo de experiencia profesional y la especialización en Derecho Penal.

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¿Qué se encontró en declaraciones patrimoniales de quienes quieren ser Fiscal General del Estado?

En algunos casos, la revisión de las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado ha permitido identificar variaciones patrimoniales que ameritan una revisión más detallada por parte de las autoridades competentes.  

Estas inconsistencias hacen necesario que los candidatos presenten las aclaraciones pertinentes, especialmente de cara a su continuidad en el proceso.

Así, según el ODJ, tres de los 27 postulantes que pasan a la siguiente fase registran alertas de incrementos patrimoniales: José Cevallos, del 721,43 % entre 2019 y 2025 no justificada con sus ingresos ni otros activos declarados. 

Mario Fonseca, del 210 %, en ese mismo período. Y José Robalino, “por comportamiento errático y atípico, con oscilaciones masivas que van desde deudas superiores al millón de dólares hasta saldos positivos luego de dos años”. Además, el Observatorio alerta sobre posibles vínculos políticos de candidatos como José de La Gasca, exministro de Gobierno.

El retraso en la selección del Fiscal General del Estado

El CPCCS debió tener el reemplazo de Diana Salazar en abril del 2025. Se ha dicho que el concurso terminará en julio.

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Luego de la sesión ordinaria número 20 del Pleno del CNE se concluyó que Ecuador elegirá 5.742 autoridades principales. Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana están previstas para el 29 de noviembre de 2026.  

En este proceso se designarán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, junto con sus respectivos suplentes.

La actualización regirá para las elecciones de 2026 y responde a la necesidad de ajustar la distribución electoral en función del crecimiento demográfico. Con ello, los votantes de estos cantones elegirán a sus concejales en función de circunscripciones específicas, en lugar de hacerlo en una única jurisdicción cantonal.

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¿Cómo conocer sobre la circunscripción electoral?

El CNE señaló que la ciudadanía podrá verificar a qué circunscripción pertenece a través de la herramienta “Consulta tu lugar de votación”, disponible en su portal web institucional.

Las circunscripciones en donde elegirán mayor número de concejales

Quito elegirá 21 concejales: 14 urbanos y 7 rurales; Guayaquil, 15 concejales. 14 urbanos y 1 rural; Santo Domingo de los Tsáchilas, 15 concejales, 13 urbanos y 2 rurales; Durán, 13 urbanos. 

¿Qué hacer si está en el Registro Electoral Pasivo?

En ese listado constan 1.302.535 ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto en las cuatro últimas elecciones ni han realizado ningún trámite ante el CNE. De este registro se excluyen las personas que tienen voto facultativo.

• La ciudadanía podrá revisar si forma parte del Registro Electoral Pasivo desde el miércoles 8 de abril, ingresando a www.cne.gob.ec

• Los interesados tienen plazo hasta el 17 de abril de 2026 para realizar el trámite de habilitación en la página web institucional o de manera presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

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Uno de los más polémicos pronunciamientos fue el del embajador de Ecuador en Suecia, Inty Grønneberg, quien expresó en la red social X su preocupación por la medida. “Entiendo la necesidad de anticipar riesgos. Pero en democracia, la previsión no puede reemplazar la institucionalidad. Principio elemental: las reglas deben ser establecidas precisamente cuando más incertidumbre hay”, escribió.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones. La abogada constitucionalista María Dolores Miño cuestionó su postura y lo calificó como parte de una “maquinaria de erosión democrática”. En la misma línea, cuentas activas en redes sociales que participaron en la campaña política reciente lo acusaron de oportunismo y de respaldar decisiones del poder.

También el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, criticó a Inty Grønneberg. A su juicio, el adelanto de elecciones respondería a cálculos políticos del Gobierno y no a criterios técnicos. “En democracia las previsiones con cálculos no existen”, afirmó.

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Ironizaron con la nueva postura de Inty Grønneberg

A todas las voces se sumaron cuestionamientos que también llegaron desde el entorno de la RC. Así, el hermano del exconsejero del CPCCS, Abraham Verduga, ironizó sobre la posición del embajador al considerar contradictorio que defienda reglas institucionales mientras representa a un Gobierno que, según él, las vulnera.

"Me reconforta saber que, al menos desde la embajada, los principios elementales siguen vigentes... aunque fuera de fronteras, claro".

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¿Andrés Páez será candidato a la Alcaldía de Quito?

El escenario político de la capital empieza a agitarse con miras al 29 de noviembre de 2026. Andrés Páez, quien ya compitió por la alcaldía en 2023, confirmó a Diario EXPRESO que las propuestas para una nueva candidatura son "innumerables".

A pesar de figurar con un 4% de preferencia en la reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Páez se mantiene por debajo de figuras como el actual alcalde Pabel Muñoz y el exalcalde destituido Jorge Yunda. Sin embargo, el político asegura sentirse satisfecho por ser considerado un "sobreviviente al correísmo".

La estrategia para derrotar al correísmo en las elecciones

Para Páez, la prioridad no es el nombre en la papeleta, sino evitar la dispersión del voto. Su enfoque principal es construir una plataforma de unidad que impida que el movimiento correísta retenga el control de municipios y prefecturas.

"No me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: eliminar la presencia de autoridades correístas", señaló enfáticamente el exlegislador.

Unificación de tendencias y encuestas reales

El político propone un método claro para definir al contendiente que enfrentará a la administración actual en las elecciones seccionales:

• Crear una gran plataforma donde coincidan diversos sectores políticos.
• Realizar mediciones técnicas para identificar quién tiene los mejores números.
• Apoyo total al candidato mejor posicionado para erradicar la influencia correísta en Quito.

Páez se define como un "político profesional" y afirma que no tiene problemas en dar un paso al costado si no es el favorecido por las cifras. "Ganar o perder una elección no es precisamente la tarea del político, la tarea es estar donde se cocinan las decisiones", acotó.

Finalmente, dejó su futuro en manos de la fe, asegurando que en las próximas semanas se definirá su rol, siempre bajo "el plan de Dios".

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“El que tiene padrino se bautiza”, escribió González, en un mensaje en el que también señaló directamente a las autoridades legislativas. “Hoy queda claro: Olsen y el CAL protegen a Diana Jácome por la misma razón por la que a mí me sancionaron. Ecuatorianos, juzguen ustedes mismos”, añadió el legislador.

La reacción surge luego de que se resolviera archivar la denuncia en contra de Jácome, al considerar que sus expresiones no configuraron una infracción administrativa. Según la resolución, no se comprobó agresión verbal ni un ánimo ofensivo que excediera los límites del debate político.

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El conflicto se originó semanas antes, cuando González impulsó una queja formal contra Jácome por declaraciones emitidas durante una sesión plenaria. En ese contexto, la legisladora oficialista sugirió que los integrantes del correísmo deberían buscar una “buena habitación de cárcel” y preparar su pijama.

El 23 de marzo, González presentó pruebas audiovisuales y documentales ante el CAL para sustentar su acusación. Argumentó que esas expresiones constituían una amenaza velada y una humillación pública dirigida a los legisladores de su bancada.

Además, el jefe de bloque recordó que él mismo había sido sancionado previamente con una suspensión de nueve días por expresiones consideradas ofensivas. Por ello, insistió en la necesidad de coherencia en las decisiones del órgano legislativo.

Argumentos del CAL para archivar la queja

Pese a la denuncia, el CAL concluyó que los hechos no encajaban en la infracción prevista en la normativa vigente. En particular, determinó que no existía una agresión verbal en los términos exigidos por la ley ni un destinatario específico de las declaraciones.

La resolución también señaló que las expresiones de Jácome se mantuvieron dentro de los márgenes del debate político y de la función de fiscalización. Por tanto, no se consideró procedente aplicar una sanción administrativa.

Con esta decisión, se dispuso el archivo definitivo de la queja presentada por González y se ordenó notificar a las partes involucradas en el proceso.

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