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En Ecuador, el fuero nacional aplica a autoridades como el presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, jueces nacionales y provinciales, magistrados del Tribunal Contencioso Electoral y vocales de entidades públicas.

Este fuero es de carácter personal y determina que las investigaciones o procesos sean conocidos en instancias superiores, conforme a lo previsto en varios apartados del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador.

En materia penal, las reglas de competencia se complementan con los artículos 404 al 409 del Código Orgánico Integral Penal, que regulan la competencia territorial y material para determinar qué autoridad conoce una causa.

¿Existe indagación con fuero de por medio?

El elemento que conecta este caso con ese nivel es un documento presentado por la defensa de Elit Corporation, dirigido a una fiscal de fuero nacional. Hay que considerar que ese detalle no confirma que exista una causa en esa instancia, pero sí evidencia que el caso fue planteado ante un nivel de investigación superior.

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Todo empezó el 20 de marzo de 2026, cuando la Policía Antinarcóticos ejecutó un operativo antidrogas en el sector de La Mariscal, específicamente en un reconocido y lujoso edificio de la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo de aquella edificación se encontró una caja fuerte con dinero en efectivo.

Según la información policial preliminar, el monto fue de $992.560, descubierto mientras los agentes ejecutaban una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas, pese a que en el sitio no se encontraron drogas ni hubo detenidos.

En las primeras horas no hubo un propietario identificado, por lo que el hallazgo generó versiones cruzadas y especulación. Pero con el paso de los días se confirmó que el dinero era reclamado por Elit Corporation.

El grupo no es una compañía mercantil, sino una sociedad civil, cuya representación legal recae en Pablo Sebastián Castro Semanate. El abogado del holding, Jorge Ortega, sostuvo de forma pública que el monto real superaba el millón de dólares. Habló de    $1’048.000.

También afirmó que los fondos tienen respaldo documental y corresponden a actividades económicas del grupo. Por su parte, en declaraciones públicas, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

¿Qué es Elit Corporation y la red de empresas?

Elit Corporation articula una red de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. Entre ellas consta Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., con capital de $800.000. También figura Elitenergy Generación Eléctrica S.A., con capital de $4’500.800. A esto se suma Constructora Villacreces Andrade CVA S.A., con capital de $1’000.800. Otra empresa es PETGAS Negocios con Terceros Ecuador S. A., vinculada al sector hidrocarburífero.

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Varias de estas compañías comparten dirección en Quito, en el edificio donde ocurrió el hallazgo del millón de dólares, y usan correos con el dominio web ‘elitcorp.com’. En la estructura empresarial se repite un nombre: Roberto José Villacreses Oviedo, quien figura como gerente general, presidente o accionista en distintas empresas del grupo. En Elitebusiness aparece como gerente general; mientras que en Elitenergy, como presidente ejecutivo. También consta en la constructora mencionada.

El otro eje empresarial se vincula con Pablo Castro Semanate, quien además de representar a Elit Corporation, es administrador en otras compañías del grupo. A esto se suma Karla Semanate Ochoa, quien aparece en registros societarios vinculados.

Procesos judiciales contra Pablo Castro y Roberto Villacreses

En el ámbito judicial, Pablo Castro Semanate aparece vinculado a una denuncia por defraudación tributaria en 2023. Esa causa fue archivada por falta de elementos para formular cargos, según resolución judicial. En 2024 figura como sospechoso en otra denuncia por el mismo delito, sin registros públicos de proceso abierto.

Por su parte, Roberto Villacreses registra denuncias por estafa, uso de documento falso (también archivada) y uso de suelo. En este último caso no hay registros accesibles de una causa en curso en la Función Judicial.

Expreso solicitó información a la Fiscalía General del Estado para conocer qué se hace en este tipo de casos, qué procedimientos establece la normativa legal, si es habitual o permitido por ley tener una cantidad así de alta en una caja fuerte, en una bodega de un edificio, entre otros detalles relacionados, pero no hubo una respuesta que lo aclare.

La entidad, por medio de un correo electrónico, sostuvo que, conforme al artículo 472 numeral 3 del COIP y el artículo 180 numeral 2, la información de investigaciones previas es reservada. Además, indicó que existe obligación legal de mantener la confidencialidad. Esto impide conocer detalles sobre diligencias o posibles líneas de investigación.

El círculo empresarial relacionado a Elit Corporation

El conglomerado de Elit Corporation también aparece conectado con el entorno de Mario Godoy. Según reportes, Pablo Castro Semanate es hijo de Karla Semanate Ochoa, pareja de Roberto Villacreses, y mantendría cercanía con Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ambas, además, compartirían círculo social con María José Saavedra, esposa del asesor presidencial Fausto Jarrín.

En causas judiciales, el accionista de Elit Corporation ha sido defendido por abogados ligados a ese mismo entorno, incluyendo estudios jurídicos cercanos a Godoy. Sobre estos vínculos, el abogado Jorge Ortega dice que las relaciones no tienen incidencia en la estructura empresarial.

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La salida de Aguiñaga ocurre en medio de un contexto de inestabilidad dentro de Revolución Ciudadana, organización que la llevó a la prefectura. Este escenario se complica aún más debido al adelanto de las elecciones seccionales, que pasaron de febrero de 2027 a noviembre de 2026, lo que limita la capacidad de las estructuras políticas para reorganizarse y participar de manera formal en los próximos comicios.

Se prevé un escenario electoral más abierto

Para el abogado y catedrático Francisco Icaza, la renuncia de la prefecta tendrá un impacto directo en el comportamiento del electorado.

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“Aquí va a haber una fragmentación de votos. Eso no cabe duda, eso es lo inevitable. Aquellos que votaron por Marcela Aguiñaga y tenían pensado hacerlo, ahora tendrán otras opciones”, explicó.

Según el analista, este nuevo escenario deja sin una figura clara a un electorado que ya mostraba una tendencia definida, lo que abre la puerta a una redistribución de apoyos entre distintas fuerzas políticas.

Icaza también considera que esta decisión hará más competitivas las definiciones internas de candidaturas. “Esto va a volver más complejas o, al menos, más interesantes las primarias para la Prefectura del Guayas”, señaló.

“Esto va a potenciar la carrera por la Alcaldía. Para los partidos, lo ideal es ganar la prefectura y la alcaldía en conjunto. Es un combo político estratégico”, sostuvo.

En ese sentido, no descarta movimientos dentro de las propias filas políticas. “Algunos que hoy son precandidatos a la Alcaldía podrían empezar a sonar como opciones para la Prefectura. Ese tipo de reacomodos es totalmente posible”, añadió.

A su criterio, la salida de Aguiñaga deja un vacío electoral significativo. “Hasta hace poco era vista como una potencial favorita para la reelección. Ahora ese caudal de votos queda abierto, disponible para ser captado por otras candidaturas”, puntualizó.

Un criterio similar tiene Luis Bustamente, abogado y experto en temas legales y políticos, quien destaca que la salida aniticipada de Aguiñaga provoca que el viceprefecto asuma el cargo y se escoja una nueva viceprefecta de forma interna por medio del Concejo Provincial del Guayas (sin elección popular) para lo que queda del mandato. 

"Esta renuncia abre completamente el tablero electoral, se podrían reconfirgurar alianzas con los movimientos políticos", comentó Bustamante, quien asegura que el actual viceprefecto podría ir a las elecciones también

"El prefecto sucesor, Carlos Serrano, podría decidir si postularse o no para las elecciones seccionales de próximo noviembre. El anuncio genera muchas especulaciones y dudas", acotó el experto. 

Carlos Serrano asumiría la prefectura del Guayas

La renuncia no solo tiene implicaciones electorales, sino también administrativas. Conforme a la normativa vigente, el viceprefecto deberá asumir el cargo hasta completar el período.

En este caso, será Carlos Serrano quien tome las riendas de la Prefectura de manera temporal, garantizando la continuidad institucional.

Sin embargo, más allá de la transición formal, la salida de Aguiñaga ocurre en un momento clave, con proyectos en marcha y decisiones políticas pendientes que podrían verse influenciadas por el cambio de liderazgo.

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Durante esos cuatro días, la Policía ejecutó 5.023 operativos en distintos puntos del país, con énfasis en carreteras, zonas urbanas y áreas de alta concentración de visitantes. Las intervenciones no solo estuvieron enfocadas en el control del tránsito y el orden público, sino también en frenar delitos vinculados al microtráfico, portar armas y la circulación de bienes de origen ilícito.

Según el balance preliminar, 61 vehículos y 75 motocicletas reportados como robados fueron recuperados, mientras que otros 195 vehículos y 451 motocicletas quedaron retenidos para fines investigativos. Estas cifras reflejan, además del control preventivo, un aumento de procedimientos derivados de alertas ciudadanas y patrullajes focalizados.

Uno de los ejes de control estuvo en la seguridad vial.

Cerca de 1.920 policías fueron asignados exclusivamente a este ámbito, lo que permitió la detención de 42 personas, nueve de ellas con órdenes de captura vigentes. Los controles se concentraron en carreteras con alta afluencia de viajeros, donde se realizaron revisiones de documentación, pruebas de alcoholemia y verificación de antecedentes.

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En el componente investigativo, los operativos dejaron el decomiso de más de una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización —1.034,68 kilogramos—, además de 97 armas de fuego y 426 armas blancas. Parte de estos hallazgos se produjo en controles interprovinciales y allanamientos derivados de información previa sobre expendio de droga y porte ilegal de armas.

El feriado también sirvió como escenario para reforzar la vigilancia territorial en playas, centros religiosos, parques y eventos masivos, espacios que tradicionalmente concentran grandes flujos de personas y donde suelen incrementarse delitos oportunistas como robos y estafas.

Como complemento a los operativos físicos, durante el feriado se activó a nivel nacional el sistema de códigos QR de Proximidad Comunitaria, una herramienta que permitió a los ciudadanos reportar de forma directa delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y desapariciones. Este mecanismo fue utilizado como un canal adicional de alerta temprana y canalización de denuncias.

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Solicitud hecha por asambleístas 

El dictamen judicial corresponde al caso 29-26-IN, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo. La demanda impulsada por el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa cuestiona legalmente el artículo 5 de la resolución CPCCS-PLE-SG-010-E-2025-0179, la cual fue expedida por el Pleno del organismo de participación el 20 de junio de 2025.

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Aunque el tribunal, conformado por los magistrados Karla Andrade, Claudia Salgado y Alí Lozada, dio paso al escrutinio formal de la queja legislativa, enfatizó que no se hallaron elementos jurídicos suficientes para frenar la medida transitoriamente. La negativa a suspender la norma permite que las disposiciones emitidas por el Consejo sigan ejecutándose mientras la Corte resuelve el expediente de fondo.

Para avanzar en el análisis de competencias, la magistratura ordenó correr traslado de la demanda a las instituciones estatales con injerencia en el tema. El CPCCS, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría tendrán un término de quince días para defender o impugnar la constitucionalidad de los apartados señalados.

Además, el organismo evaluador deberá entregar a los jueces constitucionales el expediente íntegro y los informes técnicos que justificaron la creación de dicha resolución hace un año.

Un proceso que ha tardado y es señalado

El proceso de selección ha provocado la renuncia de la cúpula de la veeduría ciudadana. Su coordinador, Hugo Arteaga, abandonó el proceso advirtiendo deficiencias severas en el cruce de información para la evaluación de méritos. Organizaciones civiles exigen explicaciones al CPCCS sobre los filtros aplicados a los 27 postulantes que continúan en el concurso, especialmente tras revelarse incrementos patrimoniales injustificados y falta de experticia penal en varios perfiles evaluados.

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Aguiñaga había sido elegida prefecta en 2023 en representación de la Revolución Ciudadana, aunque en los meses previos a su renuncia ya había tomado distancia formal del movimiento. Su decisión de no buscar la reelección y abandonar el cargo antes de concluir el periodo sacude a una provincia considerada clave por su peso electoral y simbólico.

Una salida personal con efectos políticos

En su pronunciamiento, la prefecta sostuvo que su renuncia responde a una situación familiar compleja, asociada principalmente a problemas de salud de su entorno más cercano. La explicación fue presentada como una decisión estrictamente personal. Sin embargo, en el análisis político, el impacto trasciende ese plano.

La salida de Aguiñaga elimina del escenario inmediato a una figura que podía captar votos por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. Su perfil —correísta sin carné partidario vigente, con alto reconocimiento público y vínculos con distintos sectores sociales— la convertía en una potencial candidata disruptiva, capaz de competir tanto con el correísmo formal como con el oficialismo y otras fuerzas locales.

Así lo cree Carolina Ávila, analista política, quien le explicó a EXPRESO que la decisión detuvo posibles fragmentaciones y divisiones de votantes. "El voto correísta que pudo haberse dividido o inclinado hacia Aguiñaga —ya sea por lealtades personales o por su trayectoria de más de 18 años en la vida política— deja de fragmentarse con su ausencia. Sin Aguiñaga en la papeleta, el correísmo podría tener una campaña un poco más asegurada, no necesariamente para ganar, pero sí para ocupar un rol relevante". 

Y agrega la analista: "El problema para ese sector era justamente compartir electorado, lo que habría sido más complejo para el correísmo. Ahora bien, ella ha dicho que no buscará la reelección, pero en política siempre hay que tomar esas afirmaciones con cautela. No descartaría que, en algún momento, Marcela Aguiñaga busque participar desde otra propuesta política". 

Efectos en el correísmo

Para la Revolución Ciudadana, la renuncia tiene una doble lectura. Por un lado, implica perder a una de sus figuras con mayor arrastre electoral en Guayas, una provincia donde el movimiento ha enfrentado dificultades para consolidar liderazgos competitivos en el actual escenario político.

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Pero, al mismo tiempo, su ausencia de la papeleta podría reducir la fragmentación del voto correísta. Para en analista político, Manuel Rendón, podría beneficiar al correísmo si logra estructurar una campaña que conserve su identidad: "pese a perder la posibilidad de correr como RC5 y de contar con una campaña bien dirigida y financiada. Pero, sin duda, también le da ventaja al gobierno de Daniel Noboa", señala. 

El reordenamiento del tablero en Guayas

La renuncia también activa el mecanismo de sucesión previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). El actual viceprefecto deberá asumir la Prefectura y completar el periodo 2023-2027. 

Ese reordenamiento ocurre en un momento sensible, a pocos meses del inicio formal del calendario electoral seccional, lo que obliga a los actores políticos a recalcular estrategias y alianzas en Guayas. 

¿Un adiós definitivo?

Aunque Aguiñaga afirmó que se aleja de la política electoral, su renuncia no implica necesariamente un retiro definitivo del escenario público. En el análisis político persiste la lectura de que su capital simbólico y electoral no desaparece con la salida del cargo.

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La historia política reciente muestra que renuncias anticipadas pueden convertirse en pausas estratégicas, más que en retiros definitivos. La posibilidad de que Aguiñaga reaparezca en otro rol, bajo otra bandera o en un nuevo proyecto, no puede descartarse en un contexto donde las alianzas son volátiles y las candidaturas se redefinen rápidamente.

Para Ávila, la renuncia no descarta un eventual regreso de Aguiñaga al escenario electoral. "No me sorprendería que tras dejar el cargo, decida inscribirse por otra organización política para competir, por ejemplo, por una alcaldía. 

A su juicio, una vez fuera de la Prefectura, tendría más margen para impulsar una nueva propuesta y sostener que fue la ciudadanía la que le pidió no abandonar la vida política. Incluso, añade, podría argumentar que su situación familiar ya está resuelta y que está en condiciones de volver, ya que existen múltiples formas de retomar una carrera política.

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La salida de una de las figuras con mayor capital político en la región —motivada por una compleja y sensible situación de salud familiar— da paso a una etapa de transición bajo el mando del actual viceprefecto, Carlos Serrano. Este relevo ocurre en un momento crítico para la provincia, donde la seguridad, la inversión en infraestructura y el desarrollo agropecuario demandan una continuidad institucional que ahora deberá ser gestionada por un perfil más técnico y empresarial. Sin embargo, este movimiento no es meramente administrativo; representa un hito que obliga a las fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, a recalcular sus estrategias ante un vacío de liderazgo que pone a prueba la capacidad de transferencia de apoyo popular hacia su sucesor.

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Perspectiva experta: ¿Retiro táctico o fin de un ciclo político?

Para el politólogo José Luis Morales, esta renuncia no puede leerse como un evento aislado, sino como un movimiento estratégico en un tablero de "ajedrez político" donde "nada es casual". Morales sostiene que, aunque la funcionaria apeló a motivos personales, la decisión coincide con un periodo de alta confrontación entre los gobiernos seccionales y el Ejecutivo, sugiriendo que Aguiñaga pudo haber tomado esta ruta tras evaluar riesgos de persecución política o procesos en organismos de control. "Es bastante inteligente decir inmediatamente no voy a lanzarme... desaparezco políticamente, puedo volver", afirma el experto, quien ve en este retiro una forma de preservar su imagen frente al desgaste del conflicto directo con el Gobierno Nacional.

En este nuevo escenario, el movimiento oficialista ADN surge como el actor con mayores posibilidades de crecimiento. Morales destaca que la organización del presidente Daniel Noboa ha demostrado gran habilidad articulando con cuadros disidentes, por lo que podría capitalizar el cansancio del electorado hacia partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC). "Quien veo con más chances de entrar sería ADN", afirma el analista, subrayando que la cercanía geográfica y política con Santa Elena convierte a Guayaquil y al Guayas en un objetivo estratégico para el Gobierno.

El desafío de Carlos Serrano

Respecto a Carlos Serrano, quien asumirá el cargo el 14 de mayo, Morales considera que su éxito dependerá de su capacidad para generar alianzas inmediatas y definir quién será su segunda al mando para cumplir con la paridad de género. Para el analista, Serrano tiene la oportunidad de "lucirse" y utilizar la gestión como un bastión político propio, siempre que logre concluir con eficiencia las obras pendientes. De ser así, el retiro de Aguiñaga se confirmaría como una jugada táctica: al alejarse del foco público en un momento donde la política es un "deporte de alto riesgo", ella preserva su imagen y evita un desgaste mayor. "Sales como una persona virtuosa porque dijiste: yo tomé la decisión de irme por circunstancias personales", concluye Morales, dejando abierta la puerta para un retorno en futuros ciclos electorales.

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Por su parte, el politólogo Santiago Pérez Samaniego coincide en que la salida de Aguiñaga representa una fractura profunda en el electorado, aunque advierte que el voto no migrará "en bloque". Según Pérez, existen dos capas de votantes en conflicto: el ideológico, que probablemente retornará a la Revolución Ciudadana (RC) por su estructura y memoria electoral, y un segmento "personalista" vinculado estrictamente a la figura de la prefecta. Este último grupo, que valora el perfil individual de Aguiñaga por encima de la disciplina partidista, corre el riesgo de dispersarse hacia la abstención o hacia opciones de centro y oficialistas.

El desgaste de un ciclo y el vacío de poder

Bajo esta óptica, Pérez Samaniego sostiene que el fin de la etapa de Aguiñaga comenzó antes de su renuncia formal. Políticamente, su ruptura con la RC en diciembre de 2025 marcó el inicio de un desgaste que la dejó sin el "paraguas orgánico" necesario para una reelección sólida. "La ruptura con la RC cambió su visibilidad política y esta crisis familiar aceleró esa salida", explica el experto, subrayando que el correísmo actual carece de una figura con la misma potencia electoral individual y combinación de atributos —experiencia pública y arraigo territorial— que ostentaba la funcionaria saliente.

Serrano: De la narrativa social a la gestión técnica

En cuanto a la sucesión, Pérez Samaniego —en contraste con algunos matices de Morales— sostiene que lo más razonable para el nuevo prefecto sería adoptar una línea estrictamente técnica y mantener un bajo perfil político. El analista advierte que intentar replicar el liderazgo de Aguiñaga implicaría un alto riesgo, considerando el peso nacional de su figura. En ese escenario, anticipa un giro en las prioridades de gestión: pasar de una narrativa de alta exposición social hacia un enfoque más orientado al sector rural, la producción y la articulación empresarial, características que definirían el sello propio de Serrano.

Esta transición, en definitiva, sitúa al oficialismo (ADN) como el actor mejor posicionado para crecer sobre los vacíos de poder y capitalizar una oposición atomizada. No obstante, Pérez no descarta una reanimación del Partido Social Cristiano en lo local, siempre que logre reunificar el voto anticorreísta ante la ausencia de un rostro provincial fuerte en la RC. 

Como conclusión compartida por ambos expertos, la clave para entender esta dinámica no es solo la partida de Marcela Aguiñaga, sino el contexto de su salida: una renuncia que ocurre tras romper con la organización que la llevó al poder, dejando un mapa político en Guayas que deberá dibujarse de cero.

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Villavicencio enfatizó que el Día del Trabajo no es una fecha de descanso, sino de reivindicación. El líder sindical recordó la historia de la fecha lograda por los trabajadores. “No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemoran este cerca de 140 años por las 8 horas de trabajo”. Además, insistió en que la movilización es una expresión de derechos.

El líder sindical cuestionó la decisión gubernamental de mover el feriado. Consideró que se trata de una estrategia para debilitar la protesta social. “Ni su maniobra política va a hacer que los trabajadores y los pueblos no nos movilicemos el primero de mayo”, afirmó. También ratificó la convocatoria en defensa del trabajo, la salud y la democracia.

Protestas del 1 de mayo en Ecuador: rechazo a medidas del Gobierno

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El dirigente aseguró que el cambio del feriado tiene un trasfondo político. Según explicó, el Gobierno busca reducir la presencia ciudadana en las calles. A su criterio, la movilización no solo conmemora la fecha histórica. También representa un rechazo a las políticas actuales.

Villavicencio fue más allá y criticó la gestión del Ejecutivo. “Es una maniobra mañosa por parte del gobierno”, declaró. Sostuvo que la intención es disminuir el impacto de las protestas. Además, acusó al presidente de aplicar medidas que afectan a los trabajadores.

En ese contexto, insistió en que el feriado no debía modificarse. Argumentó que el 1 de mayo caía en viernes y debía mantenerse. “No tenía que cambiarse ni adelantarse ni atrasarse”, indicó. Reiteró que las organizaciones saldrán a las calles en todo el país.

Gremios en Ecuador protestan por alza del IVA en productos básicos

Las movilizaciones también están impulsadas por reclamos económicos. La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció protestas contra medidas del Gobierno. Entre ellas, el incremento del IVA al 15% en productos básicos. Las manifestaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de mayo.

El gremio advirtió que más de 60 productos de primera necesidad están afectados. Entre ellos figuran alimentos como leche, yogurt, queso, pan y fideos. También se incluyen bebidas como jugos. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de la comida diaria de nuestras familias”, señala el comunicado.

Según la UNE, estas decisiones agravan la situación económica del país. El incremento impacta directamente en el costo de vida. Además, golpea el consumo diario de los hogares ecuatorianos. La organización sostiene que la medida profundiza la crisis.

Costo de vida en Ecuador: brecha entre salario y canasta básica

Según la organización de educadores, el alza de precios afecta la Canasta Familiar Básica Nacional. En enero de 2026, este indicador alcanzó los 821,80 dólares. Sin embargo, el salario básico en Ecuador se mantiene en 482 dólares. Esto refleja una brecha significativa entre ingresos y gastos.

La UNE advirtió que esta diferencia continúa ampliándose. Según el gremio, las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades. El incremento del IVA agrava esta situación. La presión económica se vuelve cada vez más evidente.

En este escenario, las marchas buscan visibilizar el impacto de las medidas. Los gremios coinciden en que el problema no es solo laboral. También responde a una crisis económica más amplia. Por ello, mantienen su convocatoria a nivel nacional.

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Aguiñaga relató que en diciembre pasado falleció su padre tras luchar contra el cáncer, y que otro familiar fue diagnosticado con la misma enfermedad en estado avanzado. Además, su esposo atraviesa una situación médica complicada. “La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, expresó.

La prefecta confirmó que el próximo 14 de mayo, cuando cumpla tres años en funciones, presentará formalmente su renuncia. “He tomado la decisión de no correr para la reelección de la Prefectura del Guayas”, enfatizó, destacando los proyectos ejecutados en infraestructura, apoyo al agro, juventud y sistemas de cuidado.

El sucesor de la prefectura

Con la salida anticipada de Aguiñaga, será el viceprefecto Carlos Serrano quien asuma la conducción de la provincia para completar el período 2023‑2027. Serrano, de 49 años, cuenta con experiencia en el ámbito público y privado. Fue concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009‑2019), representando al sector rural.

Desde el punto de vista administrativo, la renuncia activa el mecanismo de sucesión previsto en el COOTAD. Serrano deberá asumir la prefectura y el Consejo Provincial tendrá que designar una nueva viceprefecta, en cumplimiento del principio de paridad de género.

Un vacío de liderazgo en el esquema político

Santiago Pérez Samaniego, politólogo y director de la Carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, explicó que la renuncia de Aguiñaga no genera un vacío institucional, pero sí un vacío político. "Políticamente sí hay un vacío, porque la doctora Aguiñaga no era una prefecta más. Tenía peso político propio, visibilidad provincial y capacidad de confrontar al gobierno central en temas sensibles como el Quinto Puente”, señaló.

El politólogo subrayó que la salida de Aguiñaga reduce un liderazgo intermedio en Guayas. Ella ocupaba un espacio autónomo, sin alinearse plenamente con el correísmo ni con el oficialismo. Su ausencia achica ese espacio y favorece un escenario más polarizado: oficialismo por un lado y correísmo duro por otro, con menos matices en medio.

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“Esto fragmenta más a la oposición política. La salida de Aguiñaga debilita un contrapeso territorial importante en la provincia más decisiva electoralmente hablando en el país, y mejora la posición relativa del oficialismo frente a una oposición dividida”, concluyó Pérez Samaniego.

Un tablero nacional más polarizado

La renuncia de Aguiñaga también se interpreta en clave nacional. En un escenario donde el oficialismo acumula más espacios de poder, la salida de una figura con peso territorial como la prefecta del Guayas puede alterar el equilibrio político.

Como advierte Pérez Samaniego, “lo más prudente es no decir que esta renuncia prueba un control total del oficialismo, porque eso sería más una interpretación que un hecho comprobado. Lo que sí cambia es que el Gobierno pierde un foco de resistencia visible, prácticamente completamente”.

La salida de Aguiñaga debilita un contrapeso territorial clave en la provincia más decisiva electoralmente, lo que mejora la posición relativa del oficialismo frente a una oposición fragmentada. No significa un dominio absoluto, pero sí un tablero más favorable para el Ejecutivo en medio de una dinámica política "cada vez más polarizada entre correísmo y novoísmo".

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Noboa remitió al CNE el proyecto de enmienda corregido. El documento incorporó las observaciones de la Corte Constitucional. El objetivo es que la Asamblea Nacional recupere la potestad de elegir a los titulares de los organismos de control.

Hay, además, una disposición clave en la propuesta. Es la única disposición general y establece: “Se declaran desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la fecha de la publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial".

El alcance de esta medida dependerá de la fecha que se fije para la consulta popular. Si el proceso se unifica con las elecciones seccionales y la designación de vocales del CPCCS, la votación se realizaría el 29 de noviembre de 2026.

El cronograma que apruebe el CNE definirá cuándo se publicarán los resultados. A partir de ese momento se determinará qué concursos pasarían a manos de la Asamblea.

Procesos de designación en curso:

• Fiscal General 
• Consejo Nacional Electoral
• Tribunal Contencioso Electoral
• Defensor del Pueblo

Ejecutivo vs. Corte Constitucional

Aunque Noboa envió la enmienda directamente al CNE, la Corte Constitucional dispuso que, una vez ajustada la propuesta, debía volver a su revisión antes de la emisión del decreto para el referéndum. En la práctica, el Ejecutivo omitió ese paso.

La decisión se dio en medio de la redefinición del calendario electoral. El CNE aprobó una actualización que adelanta las seccionales: los ecuatorianos ya no acudirán a las urnas el 14 de febrero de 2027, sino el 29 de noviembre de 2026.

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La intervención se realizó en el sector 10 de Noviembre y estuvo dirigida contra un punto de expendio de drogas que operaba en la zona. La acción se desarrolló tras tareas de inteligencia militar que alertaron sobre presuntas actividades de microtráfico. 

Con esa información, se ejecutaron allanamientos simultáneos en varios inmuebles, lo que permitió ubicar el lugar donde se almacenaban y distribuían sustancias sujetas a fiscalización, según los datos preliminares del caso.

El sospechoso cumpliría funciones de microexpendedor

Durante el operativo, alias Frijolito fue detenido en posesión de sustancias ilícitas, además de dinero en efectivo, dispositivos móviles y equipos de vigilancia, elementos que preliminarmente serían utilizados para el control del territorio y la coordinación de la venta de droga. De acuerdo con la información recabada, el sospechoso cumpliría funciones de microexpendedor y vigilante dentro de la estructura del grupo delictivo.

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Megaoperativos: 10.533 detenidos y más de 28 toneladas de droga incautada

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Las autoridades investigan ahora el alcance de las actividades del detenido y su posible vínculo con otros integrantes de la organización que operaría en distintos sectores de Los Ríos. La evidencia incautada será analizada para determinar rutas de distribución, contactos y niveles de participación dentro de la red.

El caso fue puesto a órdenes de las instancias judiciales correspondientes, mientras continúan las operaciones focalizadas en esta provincia, donde el microtráfico y el control territorial se han convertido en factores asociados a hechos de violencia e inseguridad en zonas urbanas y rurales.

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Rodríguez afirmó que la medida responde a un reclamo directo desde los territorios fronterizos de Ecuador. Según su publicación, la política arancelaria vigente ha generado un impacto negativo en la economía local. Además, cuestionó la falta de respuestas inmediatas desde el Ejecutivo frente a la situación.

“No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, insistió en que la crisis afecta directamente a quienes dependen del comercio fronterizo. También advirtió que la situación está debilitando la integración con Colombia.

Pedidos urgentes al Gobierno de Noboa

Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

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El documento también solicita la reactivación del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia. Los asambleístas consideran fundamental retomar conversaciones para abordar temas comerciales, energéticos y de seguridad. Esto incluiría la convocatoria al Gabinete Binacional entre ambos países.

Otro de los puntos clave es la normalización de los pasos fronterizos. El texto destaca la importancia de garantizar una circulación segura y continua, especialmente en zonas como el puente sobre el río Mataje. Según el documento, esto ayudaría a reducir el contrabando y las economías ilegales.

Asimismo, se propone implementar una política integral de seguridad con enfoque binacional. Esto implicaría fortalecer la cooperación en inteligencia y control del crimen organizado. También se pide evitar medidas que afecten el comercio legal o criminalicen la economía popular.

Integración regional y presión política

La bancada plantea además la activación de mecanismos de la Comunidad Andina. El objetivo es restablecer el orden jurídico comunitario y facilitar el diálogo entre Estados. También buscan garantizar soluciones sostenibles en el marco del derecho andino.

Otro pedido incluye convocar a actores productivos y territoriales de ambos países. La intención es generar un espacio de encuentro que permita construir soluciones conjuntas. Esto apunta a mitigar los efectos de la crisis en la frontera.

“La integración binacional no es un eslogan”, señaló Rodríguez. El asambleísta insistió en que se requieren decisiones coordinadas y urgentes. También calificó como inaceptable que “decisiones de escritorio” profundicen la crisis social.

Advertencia sobre impacto social y económico

El documento advierte que la falta de una salida dialogada podría agravar la crisis económica y social. Los legisladores sostienen que esto debilitaría la integración andina y afectaría la gobernabilidad territorial. También alertan sobre el impacto en regiones históricamente vulnerables.

Finalmente, la bancada insiste en la necesidad de decisiones firmes pero coherentes con la realidad territorial. Señalan que las medidas deben alinearse con los compromisos internacionales del país. En ese contexto, reiteran el llamado a una respuesta inmediata del Ejecutivo.

El oficio concluye con una lista de firmantes que respaldan la solicitud. Entre los asambleístas que suscriben el pedido constan:

• Héctor Eduardo Rodríguez Chávez
• Silvia Patricia Núñez Ramos
• Ana Cecilia Herrera Gómez
• Héctor Guillermo Valladares González
• Blasco Remigio Luna Arévalo
• Janeth Paola Cabezas Castillo
• Liliana Elizabeth Durán Aguilar
• Sara Noemí Cabrera Chacón
• Roque Martín Ordóñez Quezada
• Mónica Estefanía Palacios Zambrano
• Lenin Daniel Barreto Zambrano
• José Luis Vallejo Ayala
• Eliana Katherine Correa González
• Ricardo Armando Patiño Aroca
• Ana María Raffo Guevara
• Annie Cristina Muñoz Aroca
• Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
• Julio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendoza
• Fernando de la Torre de la Torre
• Christian Alberto Hernández Yunda
• Franklin Omar Samaniego Maigua
• Juan Kleiner Guzmán Cruz
• Marcos Humberto Alvarado Espinel
• Gustavo Enrique Mateus Acosta
• Guido Andrés Mendoza Andrade
• Hermel Andrés Campos Tobar
• Jahiren Elizabeth Noriega Donoso
• César Gustavo Palacios Alejandro
• Mónica Rocío Alemán Mármol
• Fernanda Mabel Méndez Rojas
• Guillermo Vicente Báez Herra
• Ronal Eduardo González Valero
• Diego Enrique Salas Barriga
• Katherine Amaya Pucha Correa
• Noria Susana Butiña Martínez
• Mireya Katerine Pazmiño Arregui

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(NO TE PIERDAS: Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas)

La organización de las seccionales de 2026 avanza. Esto, después de que el CNE ajustó el calendario y adelantó la fecha de votación al 29 de noviembre de 2026. Como parte de las etapas previas, el organismo actualizó los escaños para la dignidad de concejal en 17 cantones del país.

“El Pleno del CNE aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial”, indicó el órgano electoral.

Los cambios tras la actualización

Del total de cantones en los que se revisó el número de concejales urbanos y rurales, en 10 aumentó la cantidad de ediles. En todos los casos se sumaron dos escaños para conformar los concejos cantonales.

En estos cantones aumentará el número de concejales:

• Machala: de 11 a 13 concejales
• Esmeraldas: de 9 a 11 concejales
• Daule: de 9 a 11 concejales
• Durán: de 11 a 13 concejales
• Ibarra: de 9 a 11 concejales
• Quevedo: de 9 a 11 concejales
• Portoviejo: de 11 a 13 concejales
• Rumiñahui: de 7 a 9 concejales
• La Libertad: de 7 a 9 concejales
• Santo Domingo: de 13 a 15 concejales

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En los principales cantones del país, el número de ediles se mantiene, aunque se reconfigura la distribución entre representantes urbanos y rurales. 

Por ejemplo, Quito perdió un concejal urbano y sumó uno rural. Lo mismo ocurrió en Cuenca; en Guayaquil, en cambio, se conserva la misma composición: 14 urbanos y 1 rural.

El CNE recordó: “El domingo 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales”.

A esta jornada se sumará la elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.

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Su decisión, comunicada a través de un video difundido en redes sociales, responde —según explicó— a una situación familiar compleja, principalmente relacionada con la salud de su esposo, además de pérdidas recientes en su entorno cercano.

Aguiñaga llegó a la Prefectura del Guayas en mayo de 2023, tras una larga trayectoria política vinculada a la entonces Revolución Ciudadana, movimiento del que posteriormente se desafilió. En su mensaje, remarcó que la renuncia es una de las decisiones más difíciles de su vida y que obedece a la imposibilidad de sostener, en simultáneo, las demandas del cargo público y las necesidades de su familia.

Carlos Serrano deberá completar el período 2023-2027

Desde el punto de vista administrativo y legal, la renuncia activará el mecanismo de sucesión previsto en el COOTAD. El viceprefecto Carlos Serrano deberá asumir la prefectura y completar el período 2023‑2027. Esto, a su vez, abre un proceso interno en el Consejo Provincial para la designación de una viceprefecta, en cumplimiento del principio de paridad de género.

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En el plano político, la futura salida de Aguiñaga reconfigura el tablero electoral en la provincia más poblada del país. Su decisión mueve a un sector del electorado que la identificaba como una de las figuras con mayor proyección para retener el control político del Guayas. 

Para el analista político, César Febres Cordero, Marcela Aguiñaga resultaba una figura fuerte para el correísmo y el oficialismo: "Marcela se había salido del correísmo sin traicionarlo directamente, más bien buscando que la voten. Eso le permitía apelar a varios grupos de electores al mismo tiempo, lo que la volvía una figura peligrosa para el Gobierno. Podía quitarle suficientes votos al correísmo —en parte desmovilizados por la presión del Estado— y también al propio oficialismo". 

En ese sentido, Febres Cordero cree que esta decisión también les da ventaja a ambos partidos. "En ese escenario, la situación podría beneficiar al correísmo si logra estructurar una campaña que conserve su identidad, pese a perder la posibilidad de correr como RC5 y de contar con una campaña bien dirigida y financiada. Pero, sin duda, también le da ventaja al gobierno de Daniel Noboa". 

Por su parte, la analista política Carolina Ávila, sostiene que Marcela Aguiñaga tenía un porcentaje de votos que podía haber arrastrado y hasta fragmentado tendencias: "Lo primero que ocurre en el tablero electoral es que las opciones se diversifican y se abren espacios para otros contendores en el proceso. Por otro lado, el voto correísta que pudo haberse dividido o inclinado hacia Aguiñaga —ya sea por lealtades personales o por su trayectoria de más de 18 años en la vida política— deja de fragmentarse con su ausencia". 

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"No me sorprendería en lo más mínimo que, tras presentar esta renuncia, decida inscribirse por otro partido para competir, por ejemplo, por la Alcaldía. Una vez fuera del cargo, tendría mayores posibilidades de impulsar una nueva propuesta política y, en ese contexto, argumentar que fue el propio pueblo quien le pidió que no abandone la política". agrega. 

Además, el comunicado de su futura renuncia se da en un contexto de tensiones internas en el correísmo y de reacomodos, del cual Aguiñaga fue una de las voces más visibles durante casi dos décadas. 

Aunque la funcionaria ha insistido en que su retiro no responde a cálculos políticos inmediatos, el impacto trasciende el ámbito personal y tendrá efectos directos en las estrategias partidarias y alianzas locales en Guayas

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“No era cualquier tipo de delincuencia”, afirmó Loffredo, al detallar que los llamados “gatilleros” eran parte central de los operativos. Explicó que estos actores, aunque no sean líderes, son quienes generan violencia directa en los territorios. “De eso levantamos a mucho”, señaló, al referirse a las detenciones realizadas. Sin embargo, reconoció que no cuenta con cifras sobre cuántos detenidos han sido liberados.

“No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se quede entre las rejas”, dijo el ministro. Añadió que el seguimiento judicial corresponde principalmente a la Policía y al Ministerio del Interior. Indicó que las Fuerzas Armadas no reciben retroalimentación directa sobre el destino de los capturados. Aun así, aseguró que existe compromiso institucional para vigilar el proceso.

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Loffredo detalló que inicialmente se planificaron 39 objetivos militares de impacto, pero finalmente se ejecutaron acciones sobre 60. Esto se debió a la aparición de los llamados “blancos de oportunidad”, surgidos durante los operativos. “Por información empiezas a tener nuevos objetivos y los vas atacando”, explicó. Estos datos, dijo, provienen de capturas previas y permiten ampliar el alcance de las intervenciones.

El ministro también destacó el rol de la ciudadanía durante el toque de queda.egún señaló, hubo “una madurez” que facilitó las operaciones sin mayores incidentes. Afirmó que no se registraron daños colaterales significativos durante las intervenciones. Esto permitió mantener el control territorial mientras se ejecutaban las acciones.

Sobre la medida restrictiva, explicó que el toque de queda tenía múltiples objetivos estratégicos. Uno de ellos era evitar enfrentamientos con civiles en caso de fugas o reacciones violentas.Otro, facilitar el uso de tecnología de inteligencia en un entorno controlado. “Tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos”, indicó.

Estrategia militar y control territorial durante el toque de queda

El control del movimiento fue clave para debilitar la estructura operativa de los grupos delictivos. Loffredo explicó que estas organizaciones cuentan con sistemas de vigilancia propios. “Estos delincuentes tienen anillos de vigilancia con cámaras y campaneros”, afirmó. Por ello, una de las primeras acciones fue retirar cámaras en los territorios intervenidos.

El toque de queda permitió neutralizar a los “campaneros”, quienes alertan sobre presencia policial o militar. “Nos aseguramos que no hubieran cuando íbamos a buscar a estos objetivos”, señaló. Esto redujo significativamente la capacidad de reacción de los grupos criminales. La combinación de tecnología y control de movilidad fue determinante.

Sin embargo, surgió cuestionamiento sobre el anuncio previo de los operativos. Se planteó que advertir con 15 días de anticipación pudo facilitar la fuga de objetivos. Ante esto, Loffredo defendió la estrategia utilizada en operaciones militares. Indicó que lo visible no siempre refleja la totalidad del plan ejecutado.

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El ministro relató un caso en Buenos Aires para explicar la lógica operativa. “Les avisamos que íbamos a entrar a bombardear”, dijo sobre una intervención anterior. A pesar del aviso, se estableció un cerco estratégico para capturar a los implicados. “Cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos”, detalló.

En ese enfrentamiento, reconoció que hubo intercambio de disparos. “Ellos respondieron con fuego… pero más nosotros a ellos”, afirmó. Con este ejemplo, buscó demostrar que la anticipación puede formar parte de una táctica. No necesariamente implica pérdida de efectividad en la operación.

Finalmente, Loffredo subrayó que la desinformación también es parte de la guerra. “No siempre lo que se ve es solo la superficie”, sostuvo. Explicó que existen estrategias paralelas que no se hacen públicas. Estas buscan sorprender y reducir la capacidad de respuesta del enemigo.

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La medida busca evitar que aulas permanezcan sin docentes titulares, una situación recurrente tras jubilaciones, renuncias u otros movimientos administrativos que se producen a mitad o inicio de cada año lectivo. Las plazas disponibles serán cubiertas bajo modalidades de contrato ocasional y nombramiento provisional, mecanismos utilizados para responder de forma inmediata a las necesidades del sistema.

Las postulaciones estarán abiertas del 6 al 8 de abril de 2026 y deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Ministerio de Educación. Una vez concluida la etapa de evaluación y selección, la incorporación de los docentes está prevista para el 16 de abril, lo que permitiría una respuesta rápida frente a los vacíos detectados en las instituciones educativas.

¿Quiénes pueden postular?

El proceso está dirigido a profesionales que cuenten con título de tercer nivel en áreas educativas, debidamente registrado, y que no mantengan una relación laboral vigente con el MINEDEC bajo los regímenes LOEI o LOSEP.

Requisitos generales

• Cédula de identidad vigente
• Código Único Eléctrico Nacional (CUEN)
• Cumplir con el perfil profesional requerido para la vacante

En ciertos casos, se solicitan requisitos específicos. Para la especialidad de Inglés, los aspirantes deben presentar una certificación B2 del Marco Común Europeo de Referencia. En el caso de instituciones interculturales bilingües, se exige un certificado de suficiencia en lengua ancestral, registrado en el sistema CESLI.

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La experiencia laboral también es considerada dentro del proceso y deberá respaldarse mediante el mecanizado del IESS. Si la experiencia no consta en el sistema, se aceptarán certificados laborales.

Educa Empleo se ha convertido en una de las principales herramientas para contener la falta de docentes, especialmente en zonas rurales y planteles con alta rotación de personal. Sin embargo, no sustituye a los concursos de méritos y oposición, que constituyen el mecanismo regular para el ingreso definitivo a la carrera docente.

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El ministro explicó que una de las principales limitaciones es la dinámica de la guerra simétrica. “Estos grupos armados organizados se mimetizan con la población”, señaló, al detallar los desafíos para identificar objetivos en zonas habitadas. Añadió que no es una estrategia nueva ocultar actividades bajo estructuras civiles. Esto, dijo, complica el accionar militar en la frontera norte.

También indicó que el uso de testaferros es una práctica recurrente en estos grupos. Loffredo mencionó a alias “Mono Tole” como uno de los objetivos priorizados desde 2023. Según afirmó, su estructura estaría vinculada a la emboscada en Alto Punino donde murieron 11 militares. Además, lo relacionó con ataques a unidades de inteligencia en Barranca Bermeja.

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El ministro sostuvo que “Mono Tole” es un objetivo militar tanto para Ecuador como para Colombia. Explicó que desde 2025 se tenía identificado un sitio utilizado como lugar de descanso del grupo. En ese espacio, aseguró, existían instalaciones de entrenamiento. “Había un polígono de arma corta, uno de arma larga, una zona de descanso”, detalló.

Según indicó, ese campamento fue destruido en una primera incursión en 2025. Posteriormente, en 2026, se ejecutó otra operación en la que se atacó la vivienda del presunto líder. Loffredo afirmó que en el lugar se encontraron evidencias visuales. “Está el video donde entra el equipo de Recon de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Añadió que en ese registro se observan fotografías del objetivo con su familia. Esto confirmaría el uso del inmueble como refugio. Las operaciones, según dijo, buscan eliminar tanto infraestructura como espacios de resguardo. Todo forma parte de una estrategia integral en la zona fronteriza.

Estrategia militar y destrucción de campamentos

Durante la entrevista, el entrevistador cuestionó la utilidad de bombardear un sitio aparentemente vacío. Frente a ello, Loffredo explicó que estas acciones buscan impedir que los lugares sean reutilizados. Señaló que eliminar estos espacios reduce las opciones de escondite. Además, forma parte de una presión sostenida.

“Sitio que acomoden, sitio que les vamos a destruir hasta quedemos con ustedes”, expresó. Según dijo, este tipo de medidas también impacta en la moral de los grupos armados. La estrategia apunta a debilitar su capacidad de operación. Recalcó que se trata de un enfoque global.

El ministro defendió además el análisis detrás de estas decisiones. “Las estrategias operacionales… están concebidas por personas que tienen mucha más capacidad de análisis”, afirmó. De esta manera respondió a cuestionamientos sobre la lógica de los bombardeos. Insistió en que las decisiones responden a criterios técnicos.

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En ese sentido, ya que el CNE, presidido por Diana Atamaint, adelantó la fecha de las elecciones, pasándola de febrero 2027 al 29 de noviembre del 2026, se extinguió el plazo para que puedan cancelar a Unidad Popular, así como a Construye. La convocatoria a elecciones seccionales está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el CNE tenía solo hasta el viernes 3 de abril, para actuar.

Además, Atarihuana reitera que el CNE no tiene base legal para eliminarlos del registro electoral. No han evidenciado tales desafiliaciones. El domingo 5 de abril, Unidad Popular presentó los descargos dentro del plazo de 10 días que tenía. El dirigente señala que el organismo electoral no puede desconocer la base de afiliados heredada del extinto Movimiento Popular Democrático, que se integró en 2020 a través de una fusión con el Movimiento Unidad Popular.  

Esa unión fue aprobada con los votos de Diana Atamaint, Estela Acero y José Cabrera, mediante resolución Nro. PLE-CNE-9-19-6-2020 de 19 de junio de 2020. Así aplicaron el artículo 326 del Código de la Democracia, que establece que los afiliados de las organizaciones fusionadas pasan automáticamente a formar parte del nuevo partido, indica Atarihuana.

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Así se fusionaron Unidad Popular y MPD

El artículo 526 del Código de la Democracia establece que: “Las afiliadas y los afiliados de los partidos fusionados pasarán a integrar el nuevo partido. Si un movimiento participa de la fusión para crear un partido político, junto con uno o varios partidos, los adherentes permanentes adquirirán la calidad de afiliados del nuevo partido”.

Geovanni Atarihuana resalta que como resultado de la fusión y conforme se desprende de la información contenida en las resoluciones No. PLE-CNE-42-9-10-2012 del 9 de octubre de 2012 (aprobación del MPD) y No. PLE-CNE-1-5-10-2015 de 5 de octubre de 2015, (aprobación del Movimiento Unidad Popular), Unidad Popular, Lista 2, cuenta con 206.771 afiliados.

¿Qué pasó con la extinción del MPD?

Atarihuana recuerda que con la resolución PLE-CPCCS-T-O-064-17-07- 2018, de 17 de julio de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana Control Social Transitorio estableció expresamente que la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Popular Democrático, Lista 15, constituyó una vulneración a los derechos de participación de sus afiliados .

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De acuerdo con la información recabada en el sitio y confirmada por organismos de primera respuesta, el accidente dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos 18 pasajeros heridos. Los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a diferentes casas de salud para su evaluación médica.

Las labores de rescate se extendieron durante la noche debido a la complejidad del terreno, mientras los heridos eran evacuados a distintas casas de salud para valoración y atención médica.

No se conocen las causas del siniestro

Tras la alerta, el Ecu 911 se coordinó el desplazamiento de ambulancias del Ministerio de Salud Pública, patrullas de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos, que ejecutaron labores de rescate en la zona.

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Las causas del siniestro no han sido detalladas hasta el momento. El vehículo, por razones aún bajo investigación, habría salido de la vía y caído a un abismo, lo que complicó las tareas de auxilio debido a las condiciones del terreno.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras se mantiene el seguimiento a la condición de los heridos. El hecho vuelve a poner en debate la seguridad vial en tramos de la red interprovincial de la Sierra central.

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Raúl Iván González, presidente de Construye, dialogó con EXPRESO sobre la participación del movimiento en las próximas elecciones y la cancelación de la tienda política.

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- ¿Cómo recibe el argumento del Consejo Nacional Electoral para cancelar al movimiento Construye?

- Lo tomamos como un acto en el cual, la administración pareciera desconocer el proceso histórico que ha tenido el movimiento. Según el informe técnico, hecho por la Dirección de Organizaciones Políticas, dice que nuestra organización política tiene cero adherentes permanentes; esto significaría que ni los miembros directivos de la organización están adheridos a ella.

- ¿Ustedes recibieron correos donde les indicaban quiénes se desafiliaban?

- Nosotros, desde 2018, cuando retomamos nuestra personería jurídica, jamás hemos sido notificados de una sola desafiliación. El CNE no nos ha informado.

- ¿Han consultado al CNE por qué no le han notificado las desafiliaciones?

- Sí, hemos hecho un pedido de información, el 23 de marzo de este año, solicitándoles que nos envíe las notificaciones o, al menos, las copias certificadas de todas las solicitudes de desafiliación del movimiento.

- ¿Han recibido respuesta?

- No, no hemos recibido ninguna respuesta.

- Desde su perspectiva, ¿este proceso responde a criterios técnicos o políticos?

- Para nosotros, esto es un problema político porque se vio la insistencia de la presidente del Consejo en tomar esta resolución. (Pero) Si es un tema político, la defensa se vuelve compleja; si es un tema jurídico, nosotros en derecho nos podremos defender.

- ¿Ustedes creen que les devolverán la personería jurídica, como en 2018, luego de las seccionales?

- Nosotros agotaremos todos los recursos como lo hicimos anteriormente.

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- ¿Cómo evalúa el cambio del calendario electoral?

- Es para favorecer a un jugador.

- ¿Esa decisión a ustedes lo perjudica o no?

- Siempre vamos a plantear alternativas; siempre vamos a discutir posibilidades de alianzas, como lo hemos hecho siempre en la participación política. A veces tenemos un resultado bueno y a veces no.

- En el caso de que no tengan la personería jurídica, ¿ustedes piensan participarán en alianza con alguna organización política?

- Cuando decidimos formar una organización política, decidimos formarla porque no coincidíamos del todo con las otras organizaciones políticas. A nuestros compañeros, quienes aspiran y esperan ser candidatos en distintas localidades del país, están liberados; eso es lo que les digo, a diferencia de los señores de otros movimientos que están llamando a desafiliarse, a nosotros nos han dado desafiliando a todos.

- Es decir, ¿todos los cuadros de Construye podrán participar con otras tiendas políticas?

- Claro, porque no han estado afiliados nunca, según el CNE. Ellos no estarían impedidos de participar por ninguna organización política, si así lo quisieran hacer. Pero en sí, el movimiento no estaría buscando alianzas para participar con el nombre de Construye; pero si se mantiene en la papeleta, lo hará e impulsará los procesos de alianza que correspondan con la mayor cantidad de organizaciones políticas en los que podamos confluir en una tendencia para confrontar el autoritarismo.

- ¿Por qué?

- Porque lo que está en juego en el país es la democracia, cuando se cooptan instituciones, cuando se busca controlar todos los poderes del Estado, se pone en riesgo la democracia; eso es algo en lo que nosotros creemos y lo defenderemos si es que así llega a pasar. Si se actúa en derecho eso debería ocurrir, pero lamentablemente estamos en un momento político en el que el derecho no es la herramienta fundamental con la que se está actuando.

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Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.

El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?

Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.

Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.

Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad

Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.

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“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.

Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente

No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.

En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.

El poder ciudadano como última frontera

Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.

“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.

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