Juicio político a Inés Manzano enfrenta posturas opuestas entre ADN y RC

El juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, avanza en la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización calificara el trámite impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana. Con esa decisión se abrió la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, mientras el proceso deberá culminar con un informe que posteriormente será conocido por el Pleno, donde una eventual censura requerirá 101 votos.

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ADN defiende el debido proceso

Desde la bancada oficialista, la legisladora Diana Jácome sostiene que la calificación del juicio político responde al procedimiento previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta afirma que tanto los interpelantes como la exfuncionaria tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en un proceso que, según dijo, debe desarrollarse con transparencia, equilibrio y justicia.

Jácome también señala que el juicio político debe avanzar en paralelo con las investigaciones sobre la denominada "ruta del dinero" en los contratos cuestionados. Asegura que el objetivo es identificar a los responsables de un eventual perjuicio económico al Estado y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, al tiempo que defendió que el Gobierno "no está escondiendo nada".

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RC insiste en las presuntas irregularidades

En la orilla opuesta, el asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, afirma que la Comisión de Fiscalización terminó calificando el juicio político porque ya no era posible sostener una posición contraria al trámite. A su criterio, el proceso permitirá investigar el presunto incumplimiento de funciones de Inés Manzano en la contratación con Austral Technical Management (ATM).

Luna sostiene que el contrato bordea los $ 90 millones y cuestiona que se hayan entregado anticipos por alrededor de $ 61 millones sin que, según dice, se hubieran cumplido las garantías y los plazos previstos. Además, asegura que los equipos entregados no corresponden a la capacidad requerida por el sistema eléctrico nacional, lo que, en su opinión, constituye uno de los principales elementos que sustentarán la interpelación.

El legislador correísta también critica la posibilidad de que los equipos sean recibidos como parte de mecanismos para recuperar recursos públicos. Manifiesta que aceptar generadores que califica como "chatarra" implicaría mayores costos de operación, un mayor consumo de combustible y menor eficiencia para el sistema eléctrico.

El asambleísta expresa que espera que el juicio político concluya con la determinación de responsabilidades políticas y que la información recopilada sirva de base para investigaciones penales. Afirma que la ciudadanía exige que se identifique a los responsables del presunto perjuicio al Estado y que se impongan las sanciones correspondientes.

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La agenda legislativa del oficialismo

Por su parte, la legisladora de ADN sostuvo que la Asamblea también debe concentrarse en el trámite de proyectos relacionados con la protección de niños, adolescentes y adultos mayores, pues, a su criterio, "esos son los temas importantes". Asimismo, subrayó que "en eso nos estamos concentrando; (pero) no dejamos de lado también las situaciones que enfrenta el país".