Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

La ausencia de evaluaciones periódicas y de capacitación continua para los liquidadores es una de las principales falencias identificadas por especialistas en materia societaria. A ello, se suma que numerosos procesos de liquidación empresarial se extienden durante años sin que existan mecanismos efectivos de seguimiento.

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Designaciones bajo cuestionamiento

En algunos casos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) ha decidido remover a estos profesionales de sus funciones. Sin embargo, la entidad evita revelar cuántas compañías han registrado este patrón o la frecuencia con la que se adoptan estas medidas.

Para Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, el liquidador no es un simple administrador temporal. Al asumir la custodia, gestión y distribución de los activos de una compañía en proceso de cierre, su labor demanda elevados niveles de integridad y conocimiento técnico, requisitos que, según advierte, no siempre están presentes en quienes ejercen esta función.

Según el jurista, uno de los principales problemas del sistema radica en que muchos liquidadores son designados de oficio sin que necesariamente acrediten experiencia en áreas como contabilidad, finanzas, derecho laboral o gestión de procesos de cierre empresarial. A su criterio, estas competencias son indispensables para administrar adecuadamente los activos y pasivos de una compañía en liquidación.

El especialista sostiene que las debilidades no se limitan a la designación de estos profesionales. También cuestiona el nivel de supervisión que ejerce la autoridad societaria, al considerar que los controles suelen enfocarse en aspectos formales y no en la revisión permanente del manejo de recursos, la justificación de gastos o el cumplimiento de las obligaciones asignadas al liquidador.

Como ejemplo, menciona el caso de Galo Olmedo Díaz Gómez, exliquidador designado por la Superintendencia de Compañías, cuya actuación fue posteriormente objeto de denuncias e investigaciones. Chávez Mora señala que, pese a los cuestionamientos planteados, la autoridad societaria se limitó a retirarlo del listado de profesionales elegibles para futuras designaciones, sin asumir responsabilidad institucional sobre su gestión.

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Irregularidades

La principal irregularidad, según Chávez, se produjo cuando la SuperCías reemplazó al primer liquidador de Agrosolutions Cía. Ltda. una vez concluida la etapa de convocatoria a acreedores. Pese a ello, sostiene que Galo Olmedo Díaz Gómez abrió un nuevo proceso de convocatoria, lo que habría permitido incorporar acreencias que no formaban parte del procedimiento original.

El jurista también cuestiona que, durante menos de un año al frente de la liquidación, el funcionario se haya pagado cerca de $ 20.000 por concepto de honorarios. A su juicio, esos desembolsos resultan llamativos porque las remuneraciones de los liquidadores están reguladas por el Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras.

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Honorarios y plazos en debate

Según declaraciones de Luis Cabezas Klaere, superintendente de Compañías, en una entrevista con Carlos Vera (EXPRESO sigue esperando una entrevista con el funcionario), la remuneración de los liquidadores se determinaría en función del tamaño de la empresa, la complejidad del proceso, el balance inicial y el tiempo estimado para concluir la liquidación. Sin embargo, la normativa fija un parámetro específico para ese cálculo.

El reglamento establece tres fases de liquidación, cada una con una duración de 60 días, y fija honorarios que oscilan entre uno y siete salarios básicos unificados. Esos valores deben pagarse proporcionalmente al concluir cada etapa. El monto se determina en función del valor de los activos totales de la compañía, según una tabla que contempla empresas con patrimonios que van desde cero hasta un millón de dólares.

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Procesos que se extienden por años

Pero en la práctica, numerosos procesos de liquidación se extienden por más de un año, superando los plazos previstos en la norma. A ello se suma que algunos liquidadores administran de forma simultánea varias compañías.

Para Marco López, exsuperintendente de Compañías, que un liquidador tenga a su cargo más de una empresa no constituye, por sí mismo, una irregularidad; sin embargo, advierte que no resulta razonable que un mismo profesional administre simultáneamente varios procesos complejos, ya que la liquidación exige dedicación, conocimiento técnico y, en ciertos casos, el apoyo de equipos especializados.

Para Jeaneth Torres, experta en Economía y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el problema surge cuando no se respeta el cronograma establecido para la liquidación y los informes de avance no se presentan oportunamente. Eso, indica, prolonga los procesos que deberían resolverse en plazos definidos, lo que dificulta el control efectivo por parte de la SuperCías.

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Cuestionamientos a la supervisión

Chávez sostiene que estas demoras también evidencian falencias en la supervisión de la autoridad societaria. Como ejemplo menciona el caso de Fumioro, firma domiciliada en Machala que acumula cerca de cuatro años en proceso de liquidación y ha pasado por la administración de tres liquidadores sin que el procedimiento haya concluido.

El abogado agrega que no se trata de un hecho aislado. Cita también al almacén Comego, compañía que permanece en liquidación cerca de dos años. “Ese es el modus operandi: no respetan los reglamentos. Abren plazos adicionales para incorporar nuevos acreedores que termina favoreciendo a intereses particulares; la pregunta es qué se negocia detrás de esas decisiones que perjudican a los acreedores”.

La SuperCías guardó silencio frente al pedido de EXPRESO sobre cuántas empresas siguen en liquidación y cuánto tiempo acumulan en ese proceso.

¿Quién responde por los daños de los liquidadores, la Intendencia de Compañías?Efraín Chávez, abogado

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Déficit de recursos y control

Para López, muchas de las deficiencias atribuidas a los procesos de liquidación no pueden analizarse sin considerar las limitaciones que enfrenta la SuperCías. Sostiene que la entidad carece de personal, tecnología y programas de capacitación, pese a que, al año, recauda cientos de millones de dólares por concepto de aportes del sector societario.

Según explica, gran parte de esos recursos se transfieren al Estado, pero solo una fracción retorna a la institución, lo que restringe su capacidad operativa y dificulta fortalecer los mecanismos de supervisión. El superintendente, Cabezas-Klare, expuso que las contribuciones generan $ 250 millones, pero el Estado le ha asignado $ 20 millones.