Afectados de Terrabienes y Urnosa enfrentan otro revés

La incertidumbre y la indignación persisten entre cientos de afectados por una estafa del proyecto Arcos del Río, promovido por Urnosa S.A. e Inmobiliaria Terrabienes S.A., en Guayaquil. Con el paso de los años, los perjudicados siguen a la espera de una reparación que no llega. A juicio de los acreedores, el liquidador de estas firmas es un “obstáculo” para ello.

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Afectados se organizan y amplían reclamos

El proyecto, presentado en 2013, incluía la construcción del Centro Comercial Oasis -que sí fue concluido y entregado- y tres urbanizaciones: Olivos del Río, Ceibos del Río y Veranda del Río. Estas últimas quedaron inconclusas, pese a que el proyecto contemplaba la edificación de 1.200 viviendas.

Los afectados, en su mayoría personas naturales, se han organizado en tres agrupaciones: Asociación Arcos del Río (a quienes presuntamente se los va a resarcir con 45 lotes), Asociación de Perjudicados de Terrabienes Urnosa (APTU, 250) y Grupo Ab. Zaruma (13). Sin embargo, existirían otros perjudicados que no forman parte de estos colectivos, según precisa Sandra Farfán, acreedora y representante de APTU.

También constan como afectados varias personas jurídicas, entre ellas el Banco General Rumiñahui, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha. A este grupo se suman proveedores y otras entidades: Municipio de Guayaquil, Servicios de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

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Un acuerdo que prometía destrabar el conflicto

El 23 de febrero de 2026, los representantes de los perjudicados suscribieron un acuerdo transaccional especial con el liquidador de Urnosa y Terrabienes (asignado desde noviembre de 2020, según datos del portal de la SuperCias), Carlos Cadena Asencio, y con Luis Fernández, supervisor del concurso preventivo. El documento fijaba un plazo de 60 días para constituir un fideicomiso que permita “tener las escrituras de los terrenos”, según explicó la representante de APTU.

En virtud de este acuerdo concursal -que tiene efecto de sentencia, según el abogado Edy Espín-, los firmantes desistieron de la demanda legal No. 09332-2020-06256. La acción judicial había sido interpuesta previamente por los afectados en busca de reparación.

Fideicomiso fallido y nuevos obstáculos

Pero el plazo feneció el mes pasado sin que los perjudicados pudieran constituir el fideicomiso, por varios obstáculos. Entre ellas, según la representante de APTU, al acudir a una fiduciaria les indicaron que no podían aceptar los terrenos como garantía, sino un patrimonio en efectivo de al menos $ 50.000, al tratarse de “una administradora de fondos”.

Sin embargo, “eso no nos explicaron en las negociaciones”, cuestiona Farfán. “(Carlos) Cadena nos dijo que nos entregaban los terrenos y que estos servirían como garantía ante la fiduciaria, pero eso era totalmente falso y él lo sabía porque fue quien lo planteó, no nosotros”.

La representante de APTU, al igual que los demás perjudicados, expresa su decepción: “nosotros sí confiamos en lo que nos proponía, porque pensábamos que actuaba de buena fe”. A su criterio, el liquidador “les vio la cara”, pues desconocían estos procedimientos.

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Cómo debía funcionar el fideicomiso

Este fideicomiso tenía como objetivo, explica Farfán, recaudar los valores diferenciales de los lotes -con un costo promedio de $ 250 por metro cuadrado, es decir, aproximadamente $ 22.500 por terreno- para que los perjudicados pudieran acceder a las escrituras. El mecanismo, menciona, buscaba cubrir la brecha económica que impedía formalizar la propiedad.

Esto se debe a que los afectados, al inicio del proyecto, pagaron al menos el 30 % del valor de las viviendas -no de lotes-cuyo precio total alcanzaba hasta los $ 65.000. Los montos abonados varían entre $ 16.000 y $ 32.000, según cada caso.

A esto se suma que, para constituir el fideicomiso, también necesitaban la nómina de las personas de las tres urbanizaciones que permanecerían en los terrenos de Olivos del Río. Ese documento, afirma la representante de APTU, fue entregado por la SuperCías recién el martes 28 de abril, cerca de las 18:00, “tras insistencias”.

Esto se debe a que las 18 hectáreas previstas para la construcción de Ceibos del Río y Veranda del Río serían divididas en macrolotes para su adjudicación, según el concordato, explica Farfán. Estos se asignarían al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, a la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha y a acreedores.

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Dudas por falta de transparencia

Sin embargo, el listado no incluye los nombres y apellidos de los beneficiarios de los 25 lotes restantes. Los perjudicados advierten que el acuerdo concursal establece que los 461 lotes deben ingresar al fideicomiso con identificación plena, lo que alimenta su inseguridad.

Esta información también fue solicitada a Carlos Cadena Asencio, pero no la proporcionó, según aseguran los perjudicados. “De ahí también viene nuestra desconfianza: no hacen pública la información, ¿por qué el hermetismo?”, critican.

Angélica Becilla, también perjudicada, recuerda que, hace 12 años, Cadena le preguntó su edad y le advirtió: “no se meta en esto; no van a ganar, por gusto se va a meter”. Ella le replicó entonces, al recordar que había invertido $ 20.145.

El temor de los acreedores es que, al haber vencido el plazo del concordato, “corremos el riesgo de que se archive el acuerdo concursal y de que perdamos todo”. Esta preocupación persiste pese a que el 10 de abril de 2026 solicitaron a la SuperCías una prórroga, sin haber recibido respuesta hasta ahora.

Cuestionamientos a la gestión del liquidador

Ante este escenario, miembros de APTU temen “volver a ser víctimas de una nueva estafa” y cuestionan la gestión de Cadena por la falta de avances. A criterio del abogado Espín, él debería agilizar la entrega de documentos, pero no lo hace.

Olga Haro, una de las acreedoras, exige que Cadena entregue toda la documentación “para terminar este calvario”. Mientras tanto, la mayoría de los perjudicados se ha posesionado en los lotes, pero aún carece de servicios básicos.

EXPRESO solicitó a Carlos Cadena Asencio su versión sobre estas acusaciones mediante correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.