Administración de justicia
Julio César Cueva: “No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión”
El juristacuestiona la independencia judicial. Advierte sobre el uso político de ciertos procesos. Critica las condiciones de reclusión de Aquiles Álvarez

Para Julio César Cueva, la exposición mediática de los procesos penales y los llamados “juicios paralelos” afectan la imparcialidad de la justicia.
Lo que debes saber
- El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
- Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
- Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.
La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.
Ecuador
Uso de testimonios de procesados en Ecuador genera críticas sobre la justicia
Flor Layedra Torres
LE PODRÍA INTERESAR: El oleaje de polémicas diluye el seguimiento a decisiones claves
Hoja de vida.
- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?
- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.
- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?
- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.
- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?
- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.
No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.
LE PODRÍA INTERESAR: Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”
- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?
- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.
- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?
- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.
LE INVITAMOS A LEER: Procuraduría ratifica que los juegos de azar son ilícitos en Ecuador, incluso sin fines de lucro
- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?
- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.
- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?
- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.
- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?
- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.
Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.
LEA TAMBIÉN: Colombia, la pieza clave en la estrategia regional de Noboa
- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?
- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.
- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?
- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.
- ¿Entonces?
- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.